DOMINGO 13 DE AGOSTO DE 2000
Ť Rolando Cordera Campos Ť
El poder y la justicia
LA REUNION DE LAS DIRIGENTES nacionales de PRI y PRD es alentadora. A pesar de que los dos partidos viven una intensa crisis de imagen y estructura, es promisorio que conversen sobre algo más que sus angustias respectivas.
El encuentro PRD-PRI está en la vertiente abierta por el presidente electo, Vicente Fox, de buscar gobernar por consenso, pero al mismo tiempo nos recuerda puntualmente las enormes dificultades que este propósito encara. Más allá de las conveniencias que los partidos puedan encontrar para repartirse posiciones en el Congreso, por ejemplo, los temas de fondo que los llevarán a verdaderas tomas de partido no han recibido la atención requerida, ni por parte de ellos ni de la opinión pública.
La gobernabilidad, tan de moda, no se alcanzará mediante la repartición de presidencias o secretarías congresales, aunque el que esto se haga sensatamente sin duda ayuda. Lo que falta es que los partidos se decidan a serlo y se vuelvan fábricas de crítica y formulación de políticas, lo que sólo han sido de modo ocasional en estos tiempos de mutación política. Es este el déficit mayor que sus respectivas dirigencias deberían abocarse a llenar cuanto antes.
Antes de que esto pueda siquiera plantearse, sin embargo, los partidos que constituyen la oposición legal deben abocarse a reflexionar sobre sus respectivas experiencias, lo que tiene que arrancar de las campañas electorales, pero que no puede quedarse ahí, so pena de caer en un inmediatismo que sólo puede llevarlos a la frustración y a hacer de la cacería de brujas su única y co-rrosiva válvula de escape.
La concertación que se busca puede volverse pronto una nueva fuga hacia adelante, si los partidos no se plantean en serio la gravedad de su situación interna, además de la debilidad manifiesta que guardan sus vínculos con el resto de la sociedad. En pos de salidas falsas, como la cacería inicua desatada por el PRD contra Oscar Espinosa, o los curiosos giros hechos en estos días por el PRI en torno al tristemente célebre Renave, los partidos de oposición no hacen otra cosa que desgastarse todavía más, sin que los chivos expiatorios les rindan beneficio real.
La democracia supone y exige un gobierno de leyes. Sin esto, la consistencia del sistema político se debilita y sus actores fundamentales pierden credibilidad como tales. Una vez entrada la sociedad en un tobogán de esta naturaleza, lo que empieza a brillar es el oro falso de las salidas rápidas y ocurrentes, donde se nutren los salvadores instantáneos y las peores ambiciones autoritarias.
Un cuadro político como el actual, en el que la iniciativa de la fuerza principal no encuentra interlocutores que se crean a ellos mismos y sean creíbles por la ciudadanía, no es el mejor para poner a prueba la reciedumbre de la democracia en estreno. El abuso de poder, so pretexto de llevar adelante una procuración de justicia que por su propio desempeño se ha puesto en entredicho una y otra vez, no hará ningún favor a un gobierno que necesita aplicar la ley sin que esto lleve a pensar que se está en una nueva ronda de ajuste de cuentas políticas, que usa la justicia sin pudor para causas que no resisten la mínima prueba del razonamiento jurídico.
Es esta la ruta elegida en estos años de iniciación democrática. Litigar en los medios de modo espasmódico, y hasta epiléptico, ha sido no la excepción, sino la media de la procuración y hasta de la aplicación de una justicia que en poco ha ayudado a la política democrática a implantarse, entre otras cosas, porque los políticos del poder, que desde hace unos años se comparte entre partidos y grupos dirigentes, optaron por usar sin medida el derecho, hasta ponerlo a los pies de los peores talantes autoproclamados portadores de una moralidad contraria a la razón jurídica y política.
Poner un hasta aquí a esta guillotina virtual, pero nociva, debería ser el acuerdo primordial del nuevo ré-gimen. Sustentar la renovación política en el juicio fulminante es la mejor manera de dar al traste con una convivencia pública que apenas empieza a alejarse de la desconfianza profunda en el orden y el ejercicio del poder en que la sumió el autoritarismo.
La justicia, como costumbre social y ciudadana, requiere de la política, porque por sí sola no puede supe-rar las trampas de una tradición nefasta de descrédito de la ley y de fe cínica en el poderoso. Pero la política no cumplirá esta misión fundadora si no pone un hasta aquí a la vieja y atractiva práctica de hacer del ejercicio del derecho una veleidad del que está en el gobierno.
Poco y lento se caminará si los partidos renuncian a esta elemental función y dejan sin control racional un aparato de justicia sofocado por un falso ánimo justiciero, que para tener éxito exige que lo dejen solo, con el derecho como rehén de la causa.