DOMINGO 13 DE AGOSTO DE 2000
Ť Exige para el campo 12% del presupuesto anual de la Federación
Más impulso para el campo, pide la COCP
Ť Beneficio para todos los productores y no sólo para los grandes monopolios agroindustriales
Carolina Gómez Mena Ť La próxima administración debe destinar al campo 12 por ciento del presupuesto anual de la Federación, establecer nuevos mecanismos de abasto, acopio y comercialización, así como instaurar un sistema de precios de cobertura igualitario para todos los productores, no sólo para los grandes monopolios agroindustriales.
Los puntos anteriores corresponden a algunas de las principales propuestas emanadas de los trabajos del segundo Consejo Nacional de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCP), agrupación que este lunes solicitará una entrevista con Vicente Fox o con sus encargados de la transición en el sector agropecuario, Alberto Núñez y Javier Usabiaga.
Al respecto, José Socorro Jacobo Femat, líder de la COCP, señaló que para que el campo se reactive el gobierno debe destinar 12 por ciento del presupuesto anual al sector por lo menos durante una década, cantidad que es "factible, necesaria y justificable", ya que en el campo vive casi 30 por ciento de la población de México.
Opinó que las próximas administraciones deben dejar de guiarse por las apreciaciones de los monopolios y la idea neoliberal de que puesto que el campo no aporta gran cantidad al PIB, no se le debe destinar más recursos, ya que este pensamiento es uno de los responsables de que la miseria se haya acentuado en el agro.
El dirigente sostuvo que con este incremento en el esquema de inversiones públicas habría incentivos para la planta productiva, crecería la productividad por hectárea y se estimularía la investigación y la incorporación de nuevas tecnologías, lo que redundaría en el incremento de la competitividad del campo nacional respecto de las grandes potencias agropecuarias.
Subrayó que el principal beneficio sería la generación de alrededor de 6 millones de empleos rurales, lo que garantizaría la permanencia de los campesinos en sus lugares de origen y evitaría el incremento de la criminalidad, la violencia y la miseria en las ciudades, lastres derivados de la falta de inversión en el campo.
Asimismo, expresó que el deslinde gradual de la participación del Estado en las tareas de acopio, distribución y abasto de productos agropecuarios (motivado por las reformas constitucionales) ha dejado indefensos a los pequeños y medianos productores ante monopolios productivos nacionales e internacionales, tales como Gamesa, Continental, Agroinsa, Maseca y Dreyfuss.
Estos -especificó- han acaparado las tareas que el gobierno dejó de ejercer tras el desmantelamiento de Conasupo, Pronase (Productora Nacional de Semillas) y ANDSA (Almacenes Nacionales de Depósito), entre otros.
Indicó que a ello se suma la negativa del gobierno de fijar precios de garantía y la inexistencia de una ley que regule el mercado y controle "las manos de los especuladores, los cuales asociados con los monopolios compran a los productores sus cosechas al precio que se les antoja, teniendo ellos un margen de utilidades de entre 500 y 600 por ciento, mientras los campesinos ni siquiera recuperan lo invertido en la producción".
En cuanto a los precios de cobertura, Jacobo Femat consideró que el gobierno debe establecerlos a fin de que el productor asegure un precio mínimo por sus cosechas. Dijo que esto sería una especie de seguro para el campesino, ya que le permitiría reinvertir y sostener sus gastos familiares.
Jacobo Femat refirió que esto debería haberlo realizado Aserca (Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria), pero que tal política sólo beneficia a los grandes acaparadores de maíz, trigo y sorgo. De tal manera, establecer un sistema de cobertura para todos los productores les permitiría resarcir sus costos de producción y mantener un ingreso mínimo familiar.
Al concluir indicó que estos precios deben fijarse de acuerdo con los gastos de inversión y las necesidades de ingreso de las familias y que deberían garantizar al menos dos salarios mínimos para cada productor.