SABADO 12 DE AGOSTO DE 2000
Ť Están mal integrados los expedientes de 1995 y 96: Miguel Angel Peláez
La ALDF carece de información para fincar responsabilidades a la gestión de Espinosa
Ť Hay más de 800 casos de malos manejos, dice el vicepresidente de la Contaduría Mayor de Hacienda
Laura Gómez Flores Ť La Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa no cuenta con los elementos para fincar responsabilidades en contra de los funcionarios que incurrieron en irregularidades en 1995 y 96, durante la gestión de Oscar Espinosa Villarreal, pues la mala integración de los expedientes y lo tardío del proceso provocaron que no se ejerciera acción penal en 300 casos.
En los próximos días se espera contar con información adicional para determinar si funcionarios de la contraloría o de la contaduría elaboraron mal los documentos para que los delitos prescribieran antes de concluir su análisis, señaló el vicepresidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, Miguel Angel Peláez, quien consideró que existen 800 casos en los que se podría actuar administrativa o penalmente.
A la fecha, la mayoría de las secretarías y órganos autónomos descentralizados ya entregaron el cuestionario que se les hizo llegar ante las irregularidades detectadas en el ejercicio de su gasto y la contratación de empresas para el otorgamiento de servicios sin licitación, explicó a su vez Luis Humberto Sanguino, presidente del órgano superior de dirección de la contaduría de la ALDF.
Al término de la sesión en que la contralora interna, Yolanda Andrade, rindió su informe sobre la investigación respecto de la prescripción de algunas promociones de acción contra funcionarios, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la contaduría, José Narro Céspedes, habló sobre la necesidad de firmar un convenio entre la contaduría y la contraloría para agilizar las recomendaciones y promociones de acción.
La falta de esta medida ha provocado que muchas anomalías queden sin castigo, dado que la integración de un expediente y su auditoría lleva más de dos años después de ejecutarse el presupuesto, y de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades en ese tiempo ya prescribieron las promociones de acción contra funcionarios, situación que ha impedido que se cuente con resultados fructíferos, explicó.
De ahí que se gestione la firma de dicho acuerdo para que la siguiente legislatura no se enfrente a los mismos problemas, por lo que en la reunión de la siguiente semana se abordará el tema y se planteará, con base en la información obtenida, deslindar responsabilidades y actuar en consecuencia.
En 1995, el papeleo para la integración de los expedientes, y las omisiones en auditorías realizadas provocaron que en 234 casos no se aplicara ninguna sanción penal o administrativa contra funcionarios por incurrir en irregularidades, mientras que un año después el número de asuntos se redujo a 66, aunque el problema de tiempo y la falta de normatividad continuaron, siendo las principales causas de que no se abordaran.
Miguel Angel Peláez mencionó sin embargo que son cerca de 800 casos en los que se podrían fincar responsabilidades, pero debe complementarse la información, sobre todo cuando hay implicaciones de tipo penal; una vez hecho eso, se actuará en consecuencia, dado que se carece en este momento de elementos para acusar a alguien en específico.