SABADO 12 DE AGOSTO DE 2000
* Claudia Sheinbaum Pardo *
Reflexiones sobre el sector eléctrico
A partir de que el equipo económico de Vicente Fox planteó su posición respecto a la apertura del sector eléctrico se ha reeditado una parte de la discusión que se dio el año pasado, cuando fue rechazada la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica, del presidente Zedillo.
Desafortunadamente, parece que ni Felipe Calderón, futuro coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, ni algunos de los miembros del equipo foxista siguieron con cuidado el debate, o de plano, como a Luis Téllez, les gana la ideología y obvian información y reflexiones que se dieron con gran intensidad por más de 14 meses en nuestro país. Por esta razón, planteo algunos de los elementos que considero centrales en la reflexión de la industria eléctrica nacional.
El sistema eléctrico nacional ha venido creciendo en la última década, principalmente con mecanismos de inversión privada que han demostrado ser viables como fuente de financiamiento del sector. Actualmente se encuentran en proceso de construcción o ya firmados contratos con productores externos por más de 5000 megavatios adicionales. En todos los concursos se han recibido suficientes ofertas y se ha tenido un buen margen para seleccionar los precios más competitivos. No se requiere de una reforma adicional para atraer inversión privada.
Lo que quizás es conveniente, por el peso que están teniendo en la deuda del sector, los Proyectos de Infraestructura Productiva de Impacto Diferido en el Registro de Gasto Público (Pidiregas), es modificar la proporción y las condiciones en las que participa la inversión privada. La expansión del sistema debe reposar tanto en autofinanciamiento (tarifas) como en la inversión privada. Paralelamente, las empresas privadas deben aceptar mayores riesgos sin que ello signifique una menor rentabilidad.
En este sentido, es necesario revisar las tarifas para que la CFE pueda afrontar sus compromisos, así como cubrir con recursos propios una mayor proporción de los planes de inversión necesarios para garantizar el abasto de energía eléctrica que requiere el desarrollo del país. Esta revisión del sistema tarifario debe sustentarse en un principio básico, que es el de mantener los subsidios de manera clara a aquellos sectores necesitados y no como sucede actualmente, que se mantienen subsidios a grandes consumidores residenciales e industriales.
Este esquema requiere necesariamente de dotar de mayor autonomía a la empresa eléctrica, que le permita mayor eficiencia, posibilidad de ajuste con flexibilidad a las condiciones cambiantes de los mercados y promover una planeación integral de recursos de largo plazo, que incluya la promoción de fuentes renovables de energía y la administración de la demanda.
Este eje articulador de lo que podría ser una propuesta de fortalecimiento de las empresas eléctricas públicas, tiene toda la posibilidad de garantizar el crecimiento del sector eléctrico sin necesidad de quitar recursos públicos a la educación, la salud o a otro tipo de infraestructura necesaria para el crecimiento y desarrollo nacional.
Por lo demás, las experiencias de privatización y desintegración de la industria eléctrica en otros países han demostrado ser, en la mayoría de los casos, un fracaso, tanto en la calidad del servicio como en la posibilidad de establecer una competencia real en la producción y distribución de la energía eléctrica.
Otros elementos de las opciones y riesgos de la empresa eléctrica nacional los discutiré en un artículo posterior.
La construcción de una propuesta clara de articulación del futuro de la industria eléctrica pública es indispensable y los elementos de la misma han sido planteados por diversos actores. Esperemos que el futuro gobierno esté dispuesto a escucharlos y debatirlos. En este tema, como en otros (léase la penalización del aborto), el fast track no puede ser la forma de hacer política.