SABADO 12 DE AGOSTO DE 2000
Ť Informe de la Comisión Internacional de Juristas
La inmunidad castrense debilita a la autoridad judicial de México
Ť En el país, jueces y abogados son víctimas de acoso y violencia, dice
Kyra Núñez, corresponsal, Ginebra, 11 de agosto Ť México fue citado hoy en el informe de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) como un país donde "la autoridad judicial ha sido severamente minada por la inmunidad procesal concedida a los oficiales del Estado, particularmente a los militares".
Al hacer público el informe, la CIJ consideró como un paso adelante en el camino correcto el anuncio de la visita a México, en septiembre, del relator de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados.
La misma situación registrada en el país para 1999 fue encontrada por la CIJ en Guatemala, aunque la nación considerada caso grave continúa siendo Colombia, donde, al igual que en 1998, el año pasado hubo las agresiones más numerosas contra jueces y abogados: ocho asesinados, 10 secuestrados y 14 amenazados y asaltados, según las estadísticas proporcionadas hoy en Ginebra, sede de la CIJ.
México, Colombia, Guatemala, Perú, Ecuador y Venezuela se encuentran entre los 49 países donde jueces y abogados son víctimas directas de asesinatos, ataques, amenazas y acoso violento, según el informe del Centro para la Independencia de Jueces y Abogados de la CIJ; reportó 412 víctimas de la violencia contra los juristas en el mundo, de enero de 1999 a febrero del 2000, en el informe Ataques a la Justicia. El acoso y persecución de jueces y abogados, en el cual se enfatiza las deficiencias sistemáticas en las operaciones judiciales de varios países, y concluye que "no hay ninguna evidencia que sugiriera un decline en el acoso y persecución de jueces y abogados, por lo que la situación se mantiene sombría".
Reportan en ese periodo 16 asesinatos, 12 desapariciones, 79 persecuciones, arrestos, detenciones e incluso tortura, ocho asaltos físicos, 35 amenazas verbales y 262 casos donde la judicatura fue objeto de obstrucciones o sanciones profesionales.
Aparte de los países latinoamericanos mencionados en el informe, se citó a Sri Lanka, Irlanda del Norte, Bielorrusia, Egipto, Túñez, Sudán, Azerbaiján, Irán, Pakistán, Malasia y Rusia. El informe consigna, asimismo, que la Corte Europea de Derechos Humanos sentenció contra Gran Bretaña, Francia, Italia, Liechtenstein y Turquía en casos relacionados con la administración de justicia.