VIERNES 11 DE AGOSTO DE 2000

Familias completas de jornaleros son explotadas en el valle agrícola

San Quintín, la eterna miseria

Jorge Alberto Cornejo, corresponsal /I, San Quintín, BC Ť Para los 60 mil jornaleros agrícolas, el día de trabajo en este valle de San Quintín empieza con el alba, a las cinco de la mañana, y concluye al caer la tarde, 11 horas después. Hombres, mujeres y niños, en su mayoría originarios de Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Sinaloa, son trasladados desde sus campamentos y colonias a los huertos en camiones que el sistema de transporte escolar de Estados Unidos desechó desde hace ya más de 15 años.

Del total, aproximadamente 2 mil son menores de ocho a 14 años, hijos de jornaleros que contribuyen a la precaria economía familiar realizando labores de adultos.

Ubicado al sur de la entidad, en el municipio de Ensenada, durante los meses de marzo y julio de cada año llegan a este valle miles de jornaleros a laborar en los extensos plantíos propiedad de 39 familias que producen hortalizas para la exportación. A cada jornalero se le pagan de 55 a 72 pesos al día, incluida la parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional.

Los jornaleros trabajan de lunes a sábado y se les deja la opción de trabajar los domingos. Al valle lo cruza la carretera transpeninsular y a ambos lados se encuentran las extensiones de cultivo.

Hace un año, en julio de 1999, quedó constatada de manera trágica la inseguridad que representan para los campesinos y sus familias los vehículos en que son transportados: un camión en mal estado y con sobrecu po -como ocurre de manera cotidiana con hasta 80 pasajeros; las unidades están diseñadas para transportar 46 personas- se salió del camino y volcó incendiándose; entonces 11 jornaleros murieron calcinados.

Cientos de familias de jornaleros migrantes continúan viviendo en galeras bajo condiciones insalubres dentro de los campamentos. Allí habitan hasta seis miembros de una familia en pequeños cuartos de tres por tres metros, construidos con láminas acanaladas, techo de lámina y piso de tierra, sin puertas ni ventanas.

El trato, sin embargo, no es equitativo para todos los jornaleros empleados en los campamentos agrícolas de la región. Migrantes procedentes de Veracruz y Sinaloa realizan labores menos pesadas, como la selección de calidad de las hortalizas y su empaque, mientras los originarios de Guerrero y Oaxaca son asignados a tareas exclusivas en los huertos.

Asimismo los programas de vivienda impulsados por el gobierno del estado, en coordinación con autoridades federales, han beneficiado a los trabajadores sinaloenses y veracruzanos, mientras los procedentes de Oaxaca y Guerrero continúan en las galeras de los campamentos, alejados de las zonas urbanas.

Debido a la gran distancia entre las galeras y los núcleos urbanos, para abastecerse de alimentos los campesinos se ven obligados además a recurrir a las tiendas (de Diconsa, algunas de ellas) ubicadas en los mismos campamentos. Allí adquieren líneas de crédito que liquidan al final de la temporada y que representan hasta 60 por ciento de sus ingresos, lo que según Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos, representa la versión moderna de las tiendas de raya del porfiriato.

Al final del ciclo, los campesinos, además de liquidar los créditos a las tiendas de alimentos, que en la mayoría de los casos son propiedad de los mismos empleadores, están obligados a pagar a los patrones entre 600 y 900 pesos para sufragar el gasto que representó traerlos desde sus entidades de origen.

Frente a ello, y a manera de respuesta por los casi inexistentes programas de desarrollo social del gobierno de estado en esta zona, la esposa del gobernador de la entidad, Rosalba Magallón de González, aseguró recientemente a representantes de organismos de derechos humanos que los jornaleros y sus familias están mejor que en sus lugares de origen o de otra manera no viajarían hasta Baja California. A su vez, el DIF en San Quintín se ha limitado a equipar una estancia infantil y a repartir juguetes en los campamentos, según activistas.

Más prudente, Alberto Sarmiento, portavoz del gobierno de Alejandro González Alcocer, dijo a La Jornada que se han realizado importantes inversiones en aquella zona, pero los avances son casi imperceptibles dado el grado de atraso. "Antes las cosas estaban aún peor", señaló.

Las injusticias sociales que enfrentan los indígenas migrantes que laboran en los campos agrícolas del valle de San Quintín son producto de la negligencia de las autoridades en la aplicación de la ley, consideró por su parte el delegado en el estado del Instituto Nacional Indigenista (INI), Luis Arturo Valdés Otañes.

"Los problemas de San Quintín se resolverán solamente aplicando la ley. Lo que se requiere es que la Dirección del Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social y todas las dependencias que tenemos responsabilidad en esa zona apliquemos rigurosamente la ley", dijo, tras considerar que el problema es sumamente grave.

El funcionario indicó que el grave rezago que se registra en el valle de San Quintín, donde habitan casi 60 mil jornaleros migrantes, es producto de la falta de atención oficial de los gobiernos federal, estatal y municipal durante muchos años. Por ello, indicó que actualmente las autoridades concentran su atención en el lugar con programas extraordinarios para evitar así que el problema continúe creciendo.

De esta manera, en febrero de 1999 el valle agrícola fue considerado como la única zona prioritaria en la entidad por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. En ese entonces, la dependencia ofreció destinar 14 millones de pesos en programas de empleo, educación, así como en otros para llevar agua y electricidad a las comunidades jornaleras. Adicionalmente, y con una inversión en el orden de los 20 millones de pesos, se anunció el inicio de un programa de atención a menores en circunstancias difíciles, hijos de jornaleros agrícolas migrantes.

Cuando en 1999 el presidente Ernesto Zedillo visitó el valle agrícola de San Quintín aseguró que el trabajo infantil en las tareas del campo era inaceptable y que correspondían a los adultos.

El presidente municipal de Ensenada, el priísta Daniel Quintero Peña, informó que el programa enfocado a los menores es posible gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que aporta un millón 920 mil dólares para combatir el enorme rezago que en educación básica y guarderías infantiles se dan en esta zona del estado.

El proyecto pretende rehabilitar ocho estancias infantiles, crear cuatro nuevas, construir y mantener siete casas de cuidado diario a menores, y edificar ocho aulas de educación preescolar y apoyar su mantenimiento.

En total, con este programa se beneficiará a campesinos y sus familias en once de los 39 campamentos distribuidos por el valle de San Quintín. El proyecto, sin embargo, tardará por lo menos 60 meses en quedar completamente desarrollado.

Junto a estos programas, recientemente la Secretaría de Trabajo y Previsión Social dio a conocer que aplicó sanciones a 17 patrones en la región agrícola de San Quintín, en donde inspectores detectaron serias irregularidades.

Entre las anomalías, destaca la utilización de menores para labores de cosecha de hortalizas y la fumigación de los campos, sin que a los jornaleros les sean dados equipo especial para evitar su contacto con sustancias tóxicas.

No obstante, pese a las sanciones persisten las irregularidades, y de acuerdo con el subdelegado de la Secretaría de Fomento Agropecuario del gobierno del estado, Salvador Lomelí Ulloa, en San Quintín el trabajo infantil es consecuencia directa de la presión de los mismos jornaleros hacia los patrones. "Amenazan al agricultor con no laborar a menos de que también se contrate a sus familias", aseguró.

Sin embargo, Manuel Llamada, coordinador del Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas de la Sedeso, asegura que esa justificación es inaceptable, toda vez que si los patrones ofrecieran mejores salarios y proveyeran de estancias infantiles y escuelas para los menores, éstos no tendrían que salir de madrugada de sus casas para trabajar en las labores del campo, al igual que los adultos, por un sueldo de entre 55 y 72 pesos diarios por persona, incluidos parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional.