VIERNES 11 DE AGOSTO DE 2000

COMUNICADO No. 37


La investigación educativa en el sexenio

Ť El gobierno saliente, sin cumplir sus propósitos

Ť Inexplicable abandono; silencio ante las propuestas

Ť Fortalecimiento por iniciativa propia,

no por aliento de las autoridades

Al comenzar el siglo XXI pocas personas ponen en duda la importancia del conocimiento y de la ciencia para el desarrollo de las sociedades modernas. En el campo de la educación también debiera expresarse esta relevancia. Los sistemas educativos no pueden basarse en los buenos deseos de las autoridades ni en la sola experiencia de los maestros (indispensable, por cierto), sino que tienen que aprovechar los conocimientos más avanzados y consistentes generados por la investigación educativa (IE) para conducir su marcha. Por considerar que es un asunto trascendente para la política educativa, en este comunicado analizamos qué se ha planteado al respecto, cuál ha sido la relación con los investigadores y qué retos se enfrentan.

Diálogo trunco

En materia de IE, los planteamientos del Programa de desarrollo educativo 1995-2000, aunque correctos, fueron tímidos y superficiales. En un párrafo se destacó que se alentaría la IE --tanto dentro como fuera del ámbito gubernamental-- para fundamentar la toma de decisiones y guiar las políticas públicas, y que el gobierno federal intensificaría el diálogo constructivo con los investigadores de la educación, apoyaría a los grupos y proyectos regionales y procuraría el fortalecimiento de sus tareas (p. 40).

En cuanto se publicó el programa, al inicio de la presente administración, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie) expresó su satisfacción y apuntó que era necesario buscar un equilibrio en la capacidad de investigación educativa (y de retroalimentación de la toma de decisiones en materia de política educativa) entre los diversos estados de la República, a fin de fortalecer el proceso de federalización. El consejo envió al secretario de Educación detallados comentarios al programa, con numerosos señalamientos y propuestas, dando así una respuesta inmediata a la sugerencia de la SEP de intensificar "el diálogo constructivo con los investigadores de la educación". Estos comentarios, sin embargo, no merecieron respuesta por parte de las autoridades educativas, ni se convocó al Comie a reunión alguna para discutirlos.

Hubo otro momento en que se intentó establecer el diálogo: en el tercer año del sexenio, la Subsecretaría de Planeación y Coordinación invitó a veinte investigadores a discutir los temas de financiamiento de la educación. La discusión no fluyó (nunca se dio a conocer a los asistentes una relatoría de lo discutido); se prometió a los participantes que esa subsecretaría organizaría un "seminario amplio" sobre dichos temas, lo que nunca se llegó a realizar.

Otros indicios, como la reticencia con que se incluyó a un representante del Comie en el Consejo Nacional de Participación Social, el detalle protocolario menor, pero significativo, de la ausencia de cualquier funcionario de primer nivel en la inauguración del Congreso Nacional de Investigación Educativa del año pasado (como había ocurrido en congresos anteriores), o la nula respuesta dada por la SEP a los comunicados quincenales difundidos por el Observatorio Ciudadano de la Educación desde enero de 1999 (en cuya elaboración participan varios investigadores), muestran que el propósito de "intensificar el diálogo constructivo" no se cumplió. Tardiamente, con ocasión de las críticas que algunos investigadores hicieran a un informe presentado por el gobierno a la Conferencia Mundial de Educación para Todos en Dakar, se convocó al Comie a un seminario de análisis sobre la educación básica (11.07.00).

El último informe de labores de la SEP (98-99) no hace mención alguna de la IE. Por el contrario, en el documento Perfil de la educación en México (SEP, 1999) se dedica a la investigación educativa un apartado. Se señala que el gobierno federal ha impulsado la IE, y se destaca "las investigaciones que se realizan en instituciones públicas, como es el caso del Cinvestav del IPN, la UPN, la UNAM y otras instituciones de educación superior". Añade que el Conacyt "destina un volumen importante de recursos a financiar proyectos del sector educativo" y que "en universidades de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Sinaloa y Veracruz se han creado o fortalecido centros específicos para la investigación educativa". Agrega que la SEP también promueve y realiza diversos estudios, y presenta en particular tres proyectos, sobre gestión escolar en primaria, niños con discapacidad y los nuevos planes de licenciatura en educación primaria. (pp. 55-57).

La mayoría de los investigadores educativos tenemos, seguramente, una apreciación diferente. El quinto Congreso de Investigación Educativa, celebrado en Aguascalientes en 1999, permite afirmar que esta actividad ha mantenido el modesto ritmo iniciado en la década de los años sesenta. Sin embargo, la consolidación que se ha podido alcanzar en los últimos años, en número de investigadores, centros y posgrados, no parece deberse a un especial apoyo de la SEP durante este sexenio. Por el contrario, hay elementos para opinar que se distinguió por su escasez.

Diferenciar e impulsar

Para reflexionar sobre el papel que debería tener la SEP en el desarrollo de la IE, y sobre la manera en que lo cumplió durante el sexenio que termina, es conveniente distinguir cuatro tipos de investigación:

--En primer lugar, la que consiste en actividades que, en sentido estricto, tal vez no deban considerarse de investigación, pero que son la base de los tipos siguientes; el acopio de información sistemática sobre los sistemas educativos. A partir de tal información, este tipo incluiría la construcción de nuevos indicadores, como los que pide la OCDE a sus miembros, así como trabajos descriptivos elementales sobre las características y el funcionamiento de escuelas y subsistemas. Estas actividades deben realizarse, en parte, en algunas instancias centrales del sistema educativo nacional, pero también en cada entidad federativa y, en cierta medida, en cada municipio, zona escolar y plantel.

En este primer tipo de investigación, y pese al proceso de federalización iniciado en 1992, en este sexenio no parecieron darse avances importantes: siguieron utilizándose los viejos formatos (formas 911), con ligeras modificaciones, y sus resultados continuaron procesándose centralmente, difundiéndose en forma insuficiente y tardía por el gobierno federal. Los esfuerzos de algunas entidades por contar con sistemas propios de información fueron el fruto de iniciativas locales y no contaron con apoyo especial de la Federación. Críticas y propuestas de investigadores independientes orientadas a mejorar los sistemas y la calidad de la información fueron sistemáticamente ignoradas por las autoridades.

--En segundo lugar, la investigación básica o aplicada, disciplinaria e interdisciplinaria, que trata de explicar las causas de los fenómenos que los trabajos del primer tipo describen, de entender en profundidad el funcionamiento de escuelas y sistemas, y de indagar sobre el lugar que ocupan ciertos procesos en la vida de los individuos y el sentido que tienen para ellos. Este tipo de trabajos encuentra su ambiente natural en centros de investigación independientes y unidades especializadas de universidades y otras IES.

Si bien es cierto que Conacyt apoya algunas investigaciones de este segundo grupo, es simplemente falso afirmar que destina considerables recursos a ello. Por el contrario, y pese a planteamientos precisos por parte del Comie y el PIIES (Martínez R; Muñoz I.; y E, Weiss. REMIE. Vol. I, No. 2, 1996), Conacyt no aceptó adecuar sus políticas. Hasta principios de los noventa, la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC) llenaba ese hueco en cierta medida para algunas áreas, incluyendo la educativa, por medio de los Programas Interinstitucionales de Investigación, uno de los cuales fue el de Investigaciones sobre Educación Superior (PIIES). La suspensión de estas actividades por parte de SESIC trajo consigo la desaparición del PIIES, sin que se hubiera buscado otra alternativa.

El fortalecimiento de grupos de investigación en varias entidades federativas debe atribuirse a circunstancias particulares y combinaciones diversas de apoyos locales, institucionales e internacionales, pero no a un soporte especial por parte de la SEP.

--En tercer lugar, la investigación aplicada de tipo pedagógico, orientada a la introducción y evaluación de innovaciones en el aula, en especial en lo relativo a las metodologías didácticas de las diversas áreas del currículum. Este tipo de investigación debería cultivarse, de manera natural, en las IES formadoras de maestros, escuelas normales y unidades de la UPN.

Al inicio del sexenio, la Subsecretaría de Educación Básica y Normal (SEBN) promovió la investigación de tipo pedagógica entre los docentes de ese nivel. Sin embargo, la estrategia utilizada (concursos abiertos) presentaba claras limitaciones, lo que probablemente influyó en la interrupción de esas actividades, que no fueron sustituidas por otras. Si tenemos en cuenta que la reforma de las normales es uno de los asuntos pendientes del sector, se concluirá que el sexenio no se distinguió por el impulso dado a la IE en las normales, como tampoco sucedió en la UPN, en cuya sede central se llevó a cabo un detallado diagnóstico en 1997 de las actividades de investigación, que puso en evidencia las graves limitaciones de la institución en este campo, y no se ha visto seguido hasta ahora por medidas correctivas precisas. No hay fundamento, en suma, para apreciar o esperar un impulso a la IE en escuelas normales y unidades de la UPN.

--Finalmente, el tipo de investigación aplicada orientada directamente a apoyar la toma de decisiones y las políticas públicas. En el campo de la IE se trata típicamente de estudios de evaluación y de planeación. Su lugar lógico serían las oficinas especializadas de las instancias responsables del manejo de los sistemas educativos federal y estatales, o sea la SEP y las secretarías estatales de Educación o similares. También corresponde realizarla, con criterio independiente, a las instituciones de IE externas al gobierno que evalúan las políticas públicas.

En lo concerniente a la investigación para apoyar las políticas públicas, la SEP ha desarrollado importantes actividades de evaluación, como las relativas al establecimiento de estándares nacionales en las áreas de matemáticas y lengua, y ha realizado directamente proyectos importantes, como los que cita la obra Perfil de la educación en México. Sin embargo, esos trabajos constituyen solamente una pequeña fracción de la IE y la manera de desarrollarlos, con muy poca relación con grupos distintos al directamente responsable, no contribuye al desarrollo de la actividad en el país. La forma en que la SEP ha manejado lo relativo a evaluación, sin dar a conocer los resultados a los investigadores y a la sociedad en general, contra el compromiso contenido en el programa, no fortalece la capacidad local en ese terreno. Además, aunque al inicio del sexenio la SEBN inició un proyecto con miras a desarrollar la capacidad de IE en las secretarías estatales de Educación, lo abandonó pronto, sin explicación alguna.

Al final del sexenio 1995-2000, este análisis más que una interpelación a la autoridad saliente, constituye una reflexión de cara al futuro, que se espera pueda ayudar al siguiente Ejecutivo federal, pero también al Congreso de la Unión, a replantear en un horizonte más ambicioso la relación entre conocimiento y políticas educativas y, en consecuencia, a otorgar a la investigación educativa la importancia que se merece.


LOGO EDU

Observatorio Ciudadano de la Educación

Nuestros comunicados aparecen el segundo y el cuarto viernes de cada mes en este espacio periodístico; se pueden reproducir en cualquier medio, indicando su procedencia. Todos los ciudadanos están cordialmente invitados a sumarse a nuestra iniciativa. Favor de enviar sus nombres, con sus datos de localización e identificación, a La Jornada, Observatorio Ciudadano de la Educación, apartado postal 20-423, San Angel, México, DF, CP 01001. Fax: 5554 8655. Correo electrónico: [email protected]

Visítenos en http://www.observatorio.org

Grupo de redacción (en orden alfabético): Alberto Aziz Nassif, Alejandro Canales, Pedro Flores Crespo, María de Ibarrola, Pablo Latapí Sarre, Felipe Martínez Rizo, Javier Mendoza, Humberto Muñoz García, Carlos Muñoz Izquierdo, Roberto Rodríguez y Lorenza Villa Lever.

Otros integrantes: 487 firmas de 31 entidades federativas. Véanse en la página de Observatorio en Internet.

Próximo tema:

Los cambios educativos en Guanajuato