Ť Oficio a la Procuraduría 

Pide el ombudsman evitar acoso hacia jefes de la SSP

Laura Gómez Flores Ť La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal solicitó a la Procuraduría capitalina tomar las medidas precautorias para no acosar injustificadamente a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, como sucedió esta semana en torno a la investigación por desvío de fondos públicos cometido por comandantes y personal directivo de la Policía Auxiliar.

La solicitud se realizó mediante un oficio enviado al subprocurador jurídico y de Derechos Humanos de la PGJDF, Gastón Villegas Serralta, luego de que el pasado 7 de agosto, el director jurídico de la SSP, Juan Ramón López, presentó una queja ante la CDHDF, por el trato recibido.

En su escrito destacó que el 17 de noviembre de 1999 presentó una denuncia contra quien resultara responsable por el desvío de fondos públicos en agravio del Gobierno del DF y el 7 de agosto fue citado a declarar con apercibimiento de hacer uso de la fuerza pública en caso de incumplimiento.

Mencionó que durante cinco horas fue interrogado con el propósito de hacerlo caer en alguna contradicción y le negaron copia de su comparecencia y del interrogatorio, lo cual calificó como "acoso y persecución por parte de servidores públicos de la Procuraduría".

Queja de taxistas ante la CDHDF

Por otra parte, la CDHDF informó que en 48 horas calificará la presunta violación de las garantías individuales de integrantes del Movimiento Unificador de Taxistas de Terminales, que se manifestaban el pasado martes en el edificio del antiguo ayuntamiento.

La queja D3907 destaca el abuso de autoridad del director de Atención Ciudadana, Gabriel Mendoza Manzo, y del secretario de Gobierno, Leonel Godoy Rangel, con base en notas periodísticas, fotos, un video y los resultados de un análisis de legista entregado a la abogada de la primera visitaduría, Mónica Morales, que será la encargada de analizar las pruebas.

Además, en una carta dirigida al ombudsman capitalino, Luis de la Barreda Solórzano, los taxistas, que desde junio se pronuncian por el restablecimiento de las tarifas cobradas en los primeros cinco meses del año y el desplazamiento de las unidades piratas, explicaron que la agresión en su contra, por un grupo de granaderos, no tenía sustento, pues no se obstruía la vía pública ni se alteraba el orden.

Las supuestas faltas administrativas por las que fueron detenidos los taxistas Fernando Sanabria, Arturo Téllez y Mario Sosa fueron desechadas por el juez quinto de lo cívico, y acudieron a la sexta agencia del Ministerio Público para levantar una denuncia por el delito de lesiones, bajo el número 06/412/2000-08, precisaron.

Ante ello, solicitaron en el documento la intervención de la CDHDF, para que emita una recomendación al Gobierno capitalino, y presentarán un extrañamiento en el pleno del consejo local del Partido de la Revolución Democrática, que se realizará mañana.

Mientras, seguirán las movilizaciones en busca de mejorar la prestación del servicio en las terminales camioneras y analizan la viabilidad de solicitar un aumento de tarifas de emergencia, con base en un estudio detallado, como planteó la Dirección General de Regulación al Transporte a los dirigentes.