VIERNES 11 DE AGOSTO DE 2000
Ť Grupo checheno pro ruso cree que los autores no fueron separatistas
Recompensa, para esclarecer el atentado en Moscú
Juan Pablo Duch, corresponsal, Moscú, 10 de agosto Ť Una recompensa de 100 mil dólares en efectivo a quien aporte información que permita esclarecer el reciente atentado en pleno centro de Moscú ofreció hoy el presidente del llamado Consejo de Estado checheno, Malik Saidullaiev.
El organismo que encabeza este controvertido empresario, dueño de Russkoye Loto, la lotería privada más grande de este país, es una de las instituciones más influyentes de los grupos chechenos pro rusos afincados en esta capital.
Saidullaiev está convencido de que sus enemigos, los combatientes islámicos chechenos, no tuvieron nada que ver con la explosión de la bomba en el paso subterráneo de la plaza Pushkin, que el pasado martes causó la muerte de ocho personas y cerca de cien heridos.
Sostiene, al igual que lo hizo el presidente checheno, Aslan Masjadov, que un atentado no favorecería en nada a los separatistas chechenos, sobre todo ante la ola de repudio que han generado ataques con bomba como éste.
Pero la opinión generalizada aquí apunta a responsabilizar a los chechenos, sin importar si son leales a Rusia o partidarios de la secesión. Sólo en Moscú radican más de 100 mil chechenos, que empiezan a sufrir el desprecio de sus vecinos y una abierta persecución judicial.
Los dos individuos detenidos horas después del estallido de la bomba --un checheno y un daguestaní, ambos vendedores de pescado en un mercado moscovita--, no guardan relación alguna con el atentado y su delito fue poseer literatura acerca de la corriente islámica radical wahabita y algo de droga, según la policía.
Aunque el presidente Vladimir Putin exhortó ayer a no inculpar a todo el pueblo checheno, no excluyó la posibilidad de que los rebeldes separatistas hayan estado detrás de la explosión.
En ambientes cercanos al Kremlin se comenta que atribuir el atentado a los chechenos --cualquier otra causa del estallido no tendría el mismo efecto-- favorece la idea de anticipar el relevo del primer ministro Mijail Kasianov por el general Serguei Ivanov, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia.
Kasianov está presuntamente enredado en un caso de corrupción ligado al dinero del Fondo Monetario Internacional, y fue acusado hace unos días de ofrecer un soborno de medio millón de dólares al diputado que investiga el caso de desvío de la ayuda de ese organismo.
El atentado en Moscú de alguna manera adelantó los tiempos de la posibilidad de la remoción de Kasianov, quien podría ser sustituido por Ivanov, un hombre de toda la confianza del presidente Putin.
A la vez, la imposición de Kasianov como primer ministro, candidateado por la llamada Familia, el entorno político de Boris Yeltsin, puso de relieve fuertes intereses económicos y compromisos políticos.
Tarde o temprano, si quiere consolidar su liderazgo personal, Putin tendrá que romper las ataduras con el pasado, y por lo pronto culpar del bombazo a los chechenos beneficia a quienes pretenden reforzar el papel de los servicios de seguridad en el quehacer político interno ruso.
El general Valeri Manilov, subjefe del estado mayor del ejército ruso, se encargó de concretar la acusación contra los independentistas: "Es un hecho que los hilos de la explosión conducen a los terroristas que por ahora tienen su base en Chechenia".
Agregó que el atentado "es un desesperado intento de los bandidos, que no pueden ya oponer resistencia a nuestra operación antiterrorista, para obligar a la dirigencia rusa a comenzar negociaciones".
La psicosis antichechena es impulsada, con otras motivaciones, desde los niveles más altos de la política rusa no vinculados con el Kremlin. Más bien: enfrentados al Kremlin, como el alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov, el primero en hablar de una "huella chechena" en el atentado.
Luzhkov, acorralado por el entorno de Putin que no le perdona haber osado disputarle la presidencia, y quiere quitarle su ramificado imperio económico en la capital, utiliza la tragedia como argumento para mantener el estatus especial que tiene Moscú en materia de registro obligatorio de sus residentes y visitantes ante los órganos del Ministerio del Interior.
Esta disposición exclusiva de la capital, y violatoria de la Constitución al restringir la libre circulación de personas, es una fuente inagotable de ingresos para funcionarios corruptos de la alcaldía, que venden el permiso de residencia por enormes sumas.
Hasta ahora, Luzhkov se ha resistido a abrogar el registro, aunque ello sería motivo para empezar el respectivo procedimiento de destitución, conforme con la nueva legislación federal.
Después de la explosión que mató a ocho personas, la opinión de los habitantes de Moscú favorece la posición defendida por Luzhkov, y quizás por ello el Kremlin desempolvó 30 expedientes de corrupción de altos funcionarios de la alcaldía, al tiempo que el Ministerio de Finanzas se desentendió de su promesa de conceder a la capital un régimen fiscal privilegiado.