VIERNES 11 DE AGOSTO DE 2000
Ť José Steinsleger Ť
ƑPena de muerte o pena de vida?
La pena de muerte es su fracaso post mortem. En democracias que se suponen "avanzadas", como Estados Unidos y en particular el estado de Texas (gobernado por George W. Bush, flamante candidato presidencial), su aplicación sólo ha demostrado que no consigue reducir el coeficiente de criminalidad ni compensa el dolor que los asesinos causan a la sociedad ni hace mejores a los hombres.
De origen tribal y bíblico ("ojo por ojo..."), la pena de muerte suele igualar al reo con sus verdugos. Pero si el reo es inocente, la pena de muerte representa simple y llanamente una monstruosidad legal. Del vicepresidente Al Gore y candidato del Partido Demócrata: "Para ser honestos, en este debate hay que reconocer que siempre va a haber un pequeño número de errores...".
El caso de Gary Graham, condenado sin prueba material alguna, pudo haber sido uno de esos errores. En la prisión de Huntsville (Texas), Graham dijo hasta el final: "Esto es un linchamiento. šYo no maté a Bobby Lambert!".
Afuera de la prisión, un grupo del Ku-Klux-Klan alentaba la ejecución y otro protestaba en contra quemando banderas estadunidenses y gritando: "Bush asesino". Y adentro de la prisión, el reverendo Jesse Jackson, acompañado de Bianca Jagger (ex esposa de Mick Jagger), calificaba la medida de "asesinato organizado por el estado".
Dos hechos recientes han reactivado el debate sobre la justicia, moralidad y utilidad de la pena de muerte. En el estado de Illinois, pruebas de ADN y de otro tipo demostraron que 13 personas condenadas a muerte eran inocentes y un informe de la Universidad de Columbia mostró que dos de cada tres condenas en primera instancia son anuladas por tribunales superiores, dados sus tremendos fallos.
Polémica compleja, desconcertante y cruel porque en Estados Unidos 60 por ciento de los ciudadanos está a favor de este castigo que se pretende "ejemplar". Sin embargo, la entrada en capilla del reo, a más de representar un violento atentado a los derechos de la humanidad, se agrava con la agonía leguleya de la espera que, en promedio, dura más de once años.
John Brewer (Arizona, 1993) apoyó su propia ejecución con peticiones públicas y actuaciones jurídicas. Brewer ganó la batalla legal a los abogados de su madre, que trataban de salvarle la vida. Inclusive obtuvo el derecho a defenderse a sí mismo para exigir una rápida ejecución. "Para mí, es automático: la ejecución debe seguir al asesinato. No puedo concebir una sociedad justa y decente que no lo haga así".
Horas después, el indio James Allen (red dog, perro rojo) fue ejecutado en la silla eléctrica. Durante el proceso, insistió en ser juzgado lo antes posible. Su familia estaba de acuerdo: apelar a la sentencia de muerte habría ido contra su código ético de guerrero sioux.
El caso más famoso es el de Gary Gilmore. En enero de 1977, logró que se lo fusilara en el estado de Utah, dominado por la Iglesia mormona, donde en cada ejecución suele haber cola de voluntarios para el pelotón de fusilamiento.
En La canción del verdugo, Norman Mailer escribió sobre la historia de Gilmore y sobre los presos que se niegan a apelar las sentencias de muerte.
Una de las últimas ejecuciones data de junio pasado en la prisión de Starke, estado de Florida. Los verdugos no le encontraban las venas a Bennie Demps y durante media hora le hicieron incisiones en las ingles y en el brazo derecho, de las que se estuvo lamentando de dolor. Las últimas palabras de Demps fueron: "esto no es ejecución, es un asesinato". Jeb Bush, gobernador del estado y hermano de George, se limitó a anunciar que la próxima ejecución sería el 20 de junio.
El juez Lewis Powell, padre jurídico de la reinstauración de la pena de muerte en 1976, escribió tras abandonar el Tribunal Supremo: "este método desacredita al conjunto del sistema norteamericano de justicia". De la votación que tuvo lugar en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuando en 1996 se propuso frenar este castigo, hubo 27 votos a favor, 11 en contra y 14 abstenciones. Estados Unidos fue el único país que votó contra la moción.