VIERNES 11 DE AGOSTO DE 2000
Ť Debe dar hoy respuesta oficial
Aún no acepta la Sedena queja de la CNDH por torturas
Ť Pide el general Cardoso constancias de las presuntas violaciones
Jesús Aranda Ť La Secretaría de la Defensa Nacional no ha aceptado aún la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la queja en la que se denuncia que efectivos militares torturaron a los campesinos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, detenidos ilegalmente en Pizotla, Guerrero, el 2 de mayo de 1999.
De acuerdo con fuentes de la propia comisión, será hasta hoy cuando la Sedena informe oficialmente sobre la aceptación o no de la recomendación en la que se señala como culpables de tortura y violación al capitán segundo José Pedro Arciniega Gómez, al sargento segundo Calixto Rodríguez Salmerón y al cabo José C. Calderón Flaviano.
Los informantes calificaron como "ambigua" la comunicación que dio a conocer ayer la propia CNDH, al hacer público el oficio 53914 emitido por la Sedena, en cuyo primer párrafo afirma que recibió la respuesta de esta dependencia a la recomendación 008/00 relativa al caso de los señores Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, por los hechos ocurridos el dos de mayo de 1999 en las inmediaciones de la comunidad de Pizotla, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, en donde ambos campesinos fueron torturados por militares.
En el mismo documento, dos párrafos más adelante se precisa que en respuesta a la queja de los dos campesinos, el subjefe de documentación militar del Estado Mayor de la Defensa, general de brigada Fernando Cardoso Partida, precisa que "de contar con los elementos suficientes que acrediten la posible comisión de algún delito penal" por parte de integrantes del Ejército, entonces la institución "procederá conforme a derecho", para lo cual solicitó a la CNDH el envío de las constancias de las "presuntas violaciones" a los derechos humanos, para que Procuraduría Militar investigue los hechos.
De acuerdo con los informantes, el comunicado que dio a conocer la comisión el pasado miércoles, tiene el único propósito de convalidar la prórroga solicitada por las autoridades militares para responder a la queja presentada.
Pero, enfatizaron, no significa que la institución haya aceptado que el 2 de mayo de 1999, elementos del 40 Batallón de Infantería hayan detenido de manera ilegal a los ecologistas Montiel Flores y Cabrera García, acusados de pertenecer a una "gavilla armada", y tampoco que hayan torturado a los campesinos para obligarlos a confesar que portaban armas de fuego de alto calibre y que se dedicaban a la siembra de mariguana, "olvidándose de la gavilla armada".
En ninguna parte del comunicado de la comisión, la Defensa Nacional acepta que sus elementos hayan violado los derechos humanos de los querellantes, como tampoco habla de una posible indemnización a los mismos -que aún se encuentran presos en Guerrero, acusados de delitos que no cometieron-, señalaron los informantes, quienes precisaron que es una práctica común de la Defensa Nacional el llegar a un acuerdo con la parte demandante en víspera de que se termine el plazo de 15 días que otorga la comisión para que se cumpla su recomendación.
Esto con la intención de que el asunto se archive, para que el expediente de denuncias en contra de efectivos militares quede sin mancha.
Por cierto, en abril pasado, la Fundación Internacional Goldman de Estados Unidos le concedió el galardón anual de ecología a Rodolfo Montiel en reconocimiento a su labor ambiental. El reconocimiento lo recibió en la prisión de Iguala en donde espera le sea dictada sentencia.
El texto de la comisión avala en realidad una prórroga a favor de la Sedena -que se cumple hoy-, para que la dependencia señale oficialmente si acepta o no la recomendación, explicaron.
Y es que en el oficio firmado por el general de brigada Fernando Cardoso Partida, la dependencia señala que "de contar con los elementos suficientes que acrediten la posible comisión de algún delito penal" por parte de miembros del Ejército Mexicano, la institución procederá con apego a derecho, para lo cual solicitó a la comisión las constancias de las presuntas violaciones a los derechos humanos, para realizar las investigaciones.