VIERNES 11 DE AGOSTO DE 2000

Ť Busca evitar abortos en adolescentes: Pérez Palacios


Fortalecerá la Ssa programas de planificación familiar

Ť Pide Higuera Ramírez debatir pros y contras de legalizarlos

Angeles Cruz Ť El aborto es un grave problema de salud pública en México. Entre las mujeres es la cuarta causa de mortalidad y para prevenirlo la Secretaría de Salud (Ssa) fortalecerá los programas de planificación familiar, principalmente entre la población adolescente, afirmó Gregorio Pérez Palacios, director general de Salud Reproductiva.

Desde luego, apuntó, las acciones de salud se realizan con absoluto respeto a la dignidad de las personas, de las parejas, así como a su libre decisión. A su vez, y con relación a las reformas legales aprobadas en Guanajuato en materia de aborto, el director del Hospital General de México, Francisco Higuera Ramírez, señaló que una mujer violada tiene todo el derecho de interrumpir el embarazo, igual que cuando está en riesgo su salud o hay evidencia de malformación genética del producto.

Dijo que los legisladores tendrían que hacer un análisis jurídico profundo de las consecuencias de los embarazos no deseados -que repercuten seriamente en la salud de las mujeres-, así como de las consecuencias de legalizar el legrado. La lesión que puede ocasionar tanto la gestación como un legrado mal realizado, abundó, es definitiva y tiene grave repercusión social y financiera para las instituciones del país.

Pérez Palacios informó que en el país se registran alrededor de 220 mil egresos hospitalarios por abortos espontáneos e inducidos. Sobre estos últimos, detalló que las complicaciones de una mala práctica médica se relacionan con sepsis puerperal (infección en los genitales durante y después del parto), ruptura uterina y hemorragia obstétrica, que si no se manejan adecuadamente pueden conducir a la muerte de las mujeres.

Ambos funcionarios fueron entrevistados al término de la ceremonia en que Unicef entregó sendos reconocimientos al trabajo realizado por el Comité y el Centro Nacional de Lactancia Materna. Higuera destacó que al ser un acto ilegal, el aborto se realiza en la clandestinidad y por personas sin preparación que lesionan física y mentalmente a las mujeres y producen una alta tasa de mortalidad.

De ahí la importancia de convocar a todos los sectores involucrados a participar en la discusión sobre las repercusiones y ventajas que traería la legalización de los abortos en el país. Esto no significa, puntualizó Higuera, ir en contra de ninguna creencia; sin embargo, hay una realidad: los abortos mal practicados tienen un grave riesgo para la salud de las mujeres.

Higuera Ramírez comentó que por el contrario, sí tendría que haber un juicio y sanción para las clínicas donde por falta de preparación se ocasiona la discapacidad o muerte de las mujeres, porque quienes salvan la vida, generalmente tienen que ser sometidas a una operación quirúrgica para quitarles la matriz.

De entrada, habría que cerrar esos negocios, pero en un plan de fomento a la salud todas las clínicas deben estar reguladas y cumplir con las normas sanitarias indispensables para preservar la salud de los pacientes, indicó el galeno.

Convoca GIRE a debate público en Guanajuato

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) convocó al coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en Guanajuato, Ricardo Torres Origel, a un debate público sobre el aborto y empezar a discutir los puntos de acuerdo en este tema, informó Marta Lamas, coordinadora de la organización civil.

Dijo que la reforma al Código Penal de Guanajuato puede aprovecharse para iniciar la discusión ante la sociedad respecto a quién corresponde la decisión de continuar o no un embarazo, partiendo de la premisa del derecho a la vida. Las diferentes posturas (religiosas, jurídicas y sociales) tendrían que explicar sus razones para priorizar el derecho del embrión, el alma o la mujer.

Lamas hizo la invitación a Torres Origel durante una plática en un noticiero radiofónico e incluso planteó la posibilidad de que sea una sesión de trabajo cerrada. El objetivo es que se discuta el tema y de manera paulatina se abra paso a un debate razonado sobre a quién corresponde la decisión de continuar o no un embarazo, comentó.

Por otra parte, mujeres del Movimiento Urbano Popular y de la Corriente Feminista Autónoma calificaron de retrógrada, autoritaria y misógina la modificación al Código Penal de Guanajuato con la que se impide abortar a las mujeres violadas. La nueva sanción, señalan, es una "amenaza permanente" para las mujeres y forma parte de un proceso de "intimidación" que las obliga a estar en "alerta roja" y actuar para que no se retroceda en materia de los derechos femeninos. (Con información de Triple Jornada)