JUEVES 10 DE AGOSTO DE 2000
Ť Sienta precedente para privatizar la seguridad social, afirma Ruiz Moreno
Error histórico, que trabajadores de la UdeG sean excluidos del IMSS: jurista
Ť El académico renunció a la casa de estudios por haberse violentado los derechos laborales
Ť Fue una determinación interna y autónoma de la universidad tapatía, responde el instituto
Claudia Herrera Beltrán y Angeles Cruz Ť Luego de que la Universidad de Guadalajara (UdeG) cancelara la afiliación obligatoria al IMSS de sus 15 mil 500 académicos y trabajadores administrativos, uno de los juristas más prestigiados de la institución y experto en seguridad social, Angel Guillermo Ruiz Moreno, presentó su renuncia aduciendo que no podía seguir dando clases en una casa de estudios pública que "socava" los derechos de sus trabajadores y los principios de la seguridad social.
Con 25 años dedicado a la academia, el abogado decidió abandonar su alma mater al considerar que esta medida sienta un ''precedente terrible'', porque por un lado, promueve la privatización de los servicios de seguridad social, ya que en el futuro podrían intervenir instituciones privadas en la atención médica de los trabajadores universitarios, y por otro, violenta derechos laborales que la Constitución declara irrenunciables.
A una semana de haber dejado la UdeG, donde además presidía la Academia de Derecho de la Seguridad Social de la División de Estudios Jurídicos, el académico manifiesta en entrevista con este diario su desconcierto ante lo que considera un "error histórico" al que debe darse marcha atrás:
''No se debe permitir que desde las propias aulas se socaven los principios de la seguridad social y se abran las puertas para que otras universidades y luego las empresas hagan lo mismo''.
El autor de dos libros de referencia obligada en el tema, El Régimen Legal del Seguro Social en México, publicado por la UdeG, y Las Afore y los Delitos en Materia del Seguro Social (Editorial Porrúa), considera que en el fondo de esta determinación están los problemas económicos que enfrentan las universidades públicas mexicanas que se ven orilladas a disminuir sus gastos, aunque sea a costa de los derechos de sus trabajadores.
El conflicto en la segunda universidad pública más grande del país se originó a partir del 31 de julio cuando -a punto de salir de vacaciones- miles de académicos y administrativos se enteraron de que ya no estaban afiliados obligatoriamente al IMSS porque habían pasado al régimen obligatorio en un nuevo sistema de seguridad social.
De inmediato, un grupo de profesores y académicos manifestó su inconformidad no firmando la hoja de afiliación o presentando recursos de inconformidad, pues su nueva adscripción al Seguro Social si bien les permite seguir recibiendo servicios médicos, les quita el derecho a ser pensionados por parte del IMSS.
Al respecto Ruiz Moreno manifiesta en su carta de renuncia: ''Sé que no soy dueño de la verdad, pero en correspondencia a lo que mis maestros hicieran conmigo, a quienes son mis alumnos siempre les he sostenido lo mismo: el regimen obligatorio del Seguro Social no es susceptible de un convenio, de negociarse o de renunciarse, por eso es obligatorio. Y no puedo venir ahora a esta facultad a impartir clases con la conciencia tranquila y mi espíritu en paz, a decirles lo contrario a docentes y educandos...''
En charla telefónica, recuerda que la idea de cancelar la afiliación voluntaria comenzó a cocinarse desde 1997, cuando las autoridades universitarias plantearon que no contaban con recursos suficientes para cubrir los dos tipos de pensiones a las que los trabajadores tenían derecho, la cancelada del IMSS y la vigente llamada ''dinámica'', mediante la cual el beneficiario obtiene de por vida el mismo sueldo que un trabajador en activo.
Sin embargo, explica, en el caso de la UdeG se recurrió a una ''puerta falsa'' porque con el fin de preservar una de las dos pensiones -la llamada dinámica está prevista en la Ley Orgánica de la Universidad-, se privatiza la seguridad social y se echa mano de recursos que se pagaban al IMSS para crear un sistema de seguridad social especial.
Pero, señala, lo que las autoridades universitarias debieron hacer antes fue crear un fondo de pensiones para evitar que se encontraran en una contingencia como la actual de que no pueden cubrir los pagos y entonces echan mano de los recursos que los trabajadores aportan al Sistema de Ahorro para el Retiro.
Con esta determinación, sostiene, se viola el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, que considera nula la renuncia de derechos y establece diversos mecanismos para reclamar su cumplimiento.
Los problemas para los trabajadores
Además de que los trabajadores ya no podrán recibir una de las dos pensiones a las que tenían derecho, señaló que esta medida va a provocar problemas porque muchos académicos y administrativos que estaban por jubilarse lo van a hacer aunque no lo tenían previsto, con el fin de ser beneficiados con la pensión del IMSS.
En el caso de que los empleados universitarios quieran recibir la pensión del IMSS, explica, ahora deberán pagar por su cuenta una cuota especial en las ramas de invalidez y vida, así como en la de cesantía y vejez, que puede representar hasta 6.5 por ciento de su salario, sumado al 17 por ciento de su sueldo que están obligados a destinar para el sostenimiento del nuevo sistema de seguridad social implementado por la universidad.
La preocupación es mayor aún, indica, porque muchos trabajadores temen quedarse sin ninguna de las dos pensiones, porque una vez que perdieron la del Seguro Social, sólo les queda la ''dinámica'', pero esta puede no entregarse en caso de que la casa de estudios no disponga de fondos suficientes para atender este compromiso.
Ahorro de casi 140 millones de pesos al año
A su vez, el director regional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Ramón Navarro, afirmó que el instituto no está obligado a mantener dentro del régimen obligatorio de aseguramiento a las instituciones de la administración pública, por lo que la salida de los trabajadores de la UdeG fue una determinación interna y autónoma de esa institución educativa.
En entrevista, el funcionario confirmó que académicos y administrativos de la universidad no recibirán ya la pensión del Seguro Social por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; perderán lo que han aportado hasta ahora con sus cuotas, a menos que por su cuenta decidan continuar dentro del régimen de seguro voluntario.
Para la UdeG, el cambio del sistema de seguridad social que otorga a sus trabajadores significará una reducción sensible en sus gastos, pues de 204 millones 33 mil 888 pesos que se erogaron en 1999 para cumplir con el régimen obligatorio, se pasaría a una inversión -con el nuevo sistema- de 43 millones 715 mil 584 pesos para atención médica, más 20 millones 876 mil 582 pesos para riesgos de trabajo y guarderías. Al año se generaría una diferencia de 139 millones 441 mil 742 pesos, cantidad que según las autoridades de la universidad jalisciense, pasaría a formar parte de las reservas para salvaguardar la pensión universitaria de los trabajadores actualmente activos.
Diabéticos y seropositivos, sin apoyo
Navarro también comentó que de acuerdo con la ley del IMSS, los trabajadores que no se mantengan dentro del seguro voluntario conservarán su derecho a una pensión por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, por un periodo equivalente a la cuarta parte del tiempo que hayan cotizado al instituto.
Además, los trabajadores universitarios actuales conservarán sus derechos en cuanto a la atención médica, a excepción del personal de nuevo ingreso, a quienes se aplicará "restricciones para algunas enfermedades prexistentes". Es el caso de los padecimientos crónico degenerativos (diabetes, por ejemplo), VIH/sida y algunas otras conocidas como ''en tiempo de espera''.
En esta última posibilidad están, por ejemplo, las mujeres embarazadas que ingresen a laborar a la UdeG. El IMSS no tiene obligación de prestarles atención médica, pero ello no libera a la universidad de su responsabilidad con esas trabajadoras, explicó Navarro.
Más adelante, el director regional de Occidente puntualizó que la ley no obliga al IMSS a retener a los trabajadores de la UdeG dentro del régimen obligatorio y debido a que su ingreso a la institución se dio de manera voluntaria en 1974, de la misma forma es que se dio su salida.
La determinación respondió a una decisión autónoma de la universidad y su Consejo General Universitario, instancia que también solicitó la afiliación de sus trabajadores al seguro de salud para la familia o sistema voluntario, indicó Navarro.