JUEVES 10 DE AGOSTO DE 2000
El cambio prometido
* Magdalena Gómez *
En estos días de expectativas democráticas sobre un cambio que aún espera contenidos, la posibilidad de que se reanude el diálogo del gobierno federal con el EZLN muestra signos preocupantes. La oleada de declaraciones de Fox y su equipo en torno a su voluntad política no se acompaña de una estrategia que denote reflexión seria sobre el asunto del reconocimiento constitucional a los derechos de los pueblos indígenas. El senador Rodolfo Elizondo declaró que "a lo que se comprometió Vicente fue a recoger como propios los acuerdos de San Andrés y el documento de la Cocopa, para enviarlos al Congreso". Ni los acuerdos de San Andrés ni el documento de la Cocopa son iniciativas... (La Jornada, 27 de julio, 2000).
Habría que aclarar que a la propuesta de Cocopa le falta para ser iniciativa una exposición de motivos (que se redacta en un día) y que formalmente sea presentada al Congreso de la Unión. También habrá que recordar que el PRD no lo ha hecho, porque está consciente de que ésa es una carta del EZLN frente al Ejecutivo para avanzar en el diálogo. Es al Ejecutivo federal a quien corresponde dar muestras de voluntad política ante el Congreso de la Unión retirando la iniciativa de Zedillo y presentando la de Cocopa.
La manera en que se aborde y resuelva esta problemática será sin duda el termómetro de la transición que se abrió el pasado 2 de julio. Por ello conviene hacer un recuento político y jurídico constitucional en torno a dicha propuesta. Habría que recordar que con su elaboración se pretendió que el Ejecutivo cumpliera su palabra respecto a la firma de los mencionados acuerdos y la presentara al Congreso. Como sabemos, esto no sucedió y en su lugar se elaboró en Los Pinos otro texto que fue presentado al Senado el 15 de marzo de 1998 con evidentes modificaciones respecto al contenido de los acuerdos de San Andrés. Previamente, el PAN elaboró y presentó su propia iniciativa centrada en las cartas municipales. Más tarde, el Partido Verde Ecologista expuso en la Cámara de Diputados su iniciativa, que se aleja más que ninguna de los referidos acuerdos.
Los senadores priístas se abocaron a realizar un dictamen que nunca fue aprobado. En realidad no hubo voluntad política del Ejecutivo para hacer avanzar su iniciativa, lo que le importaba era decir que ya cumplió.
Lo cierto es que en el análisis senatorial priísta de la iniciativa zedillista se plantearon argumentos críticos por considerar que concede "excesivamente" a los pueblos indígenas, mientras que fuera de esos recintos argumentamos en su contra por la trivialización que hace de los acuerdos de San Andrés.
Dentro de las posibilidades de activación del diálogo se ha sugerido que el Ejecutivo federal retire su iniciativa y presente la de Cocopa; al respecto se responde que las iniciativas no se retiran. Aquí habría que señalar el hecho de que si antes no se retiraron, esto no significa que no pueda suceder. Pero, en todo caso, no es problema de técnica, pues si a eso nos atenemos el Senado podría dictaminar en sentido negativo las iniciativas del Ejecutivo y la del PAN, y recibir para su análisis y aprobación la de Cocopa.
Sin embargo, en este recuento no habría que olvidar que el problema con el actual titular del Ejecutivo fue que no aceptó el reconocimiento de autonomía a los pueblos indígenas y que distorsionó uno de los ejes centrales como es "garantizar el acceso al uso y disfrute de los recursos naturales que se encuentran en sus tierras y territorios, salvo aquéllos cuyo dominio corresponda a la nación".
Ya es un lugar común repetir la cantaleta de que se cumplirán los acuerdos de San Andrés; evidentemente no se trata de que el Ejecutivo los envíe por oficialía de partes. Ojalá no se equivoque el equipo de Fox al continuar con sus planes de proponer una reforma institucional y una mesa indígena, sin consenso, como vía paralela al contexto del diálogo con el EZLN.
Seamos claros: la reforma institucional que necesita la autonomía de los pueblos indígenas requiere base constitucional, porque ya no se trata de repartir fondos exiguos y discrecionales, sino que tengan las condiciones para promover directamente su desarrollo.
Como vemos, aún falta tejer muchos consensos para crear condiciones que reanuden el diálogo. La confianza del EZLN y la de los pueblos indígenas se logrará con decisiones de Estado y esto incluye, por supuesto, a los tres poderes de la Unión. Fox tendrá que mostrar si su lema del cambio es real y que no se reduce a un cambio de piel, "modernizado", del viejo régimen priísta. *