JUEVES 10 DE AGOSTO DE 2000
Pinochet: desafuero y democracia
* Adolfo Sánchez Rebolledo *
Paso a paso, el ex dictador Augusto Pinochet está cumpliendo con su destino. Con la última resolución del Tribunal Supremo se acabaron los pretextos esgrimidos con soberbia nacionalista por la derecha chilena y ahora el general retirado tendrá que responder por sus crímenes ante los jueces de su propio país. La derecha --no podía ser de otro modo-- ha criticado el fallo del tribunal aduciendo "que el gobierno quiere ahora hacer los exámenes médicos para terminar el proceso al general (r) Pinochet"
Sin embargo, aunque la histórica decisión confirmando el desafuero no es, ciertamente, el capítulo final de esta saga lamentable, sí constituye desde ahora un claro triunfo de la justicia sobre la impunidad, y una primera y necesaria reparación moral a los daños infligidos por la dictadura contra la sociedad chilena...
Cabe señalar el mérito que toca a la diligencia visionaria de quienes inicialmente promovieron esta acción, sobre todo los familiares de las víctimas y desaparecidos, a Joan Garcés y el juez Garzón, sin cuya voluntad este caso no se habría producido. A los magistrados chilenos que cumplieron con su deber y, sin duda, al presidente Ricardo Lagos que ha sabido sortear con prudencia ejemplar las más diversas presiones garantizando la acción de la justicia.
La detención de Pinochet en Londres y, ahora, la proximidad del proceso en Santiago representan dos momentos extraordinarios en la acción internacional para evitar que los crímenes de Estado queden impunes, cualesquiera que sean las circunstancias o el momento de su ejecución. Gracias a la justa intervención de los tribunales españoles, ingleses y chilenos se han superado los dos extremos indeseables que suelen acompañar estos casos: el deseo de venganza, legítimo pero extralegal, como la indebida protección de quienes cometen delitos desde el poder bajo el supuesto manto de la ley. De aquí en adelante resulta más cierto que no habrá lugar seguro para los dictadores ni ley que no se aplique contra la impunidad.
Resta ahora discutir seriamente acerca de los mecanismos jurídicos que hacen falta para garantizar la debida aplicación de las leyes que consagran los derechos humanos como valores universales. El juicio a Pinochet ante un tribunal chileno, si llegara a producirse, tampoco cancelaría la discusión sobre la conveniencia de crear un verdadero órgano jurisdiccional que sea capaz de velar por la aplicación del derecho en el ámbito internacional, de conformidad con los tratados y leyes suscritas por la mayoría de los Estados civilizados del mundo.
Desde el punto de vista nacional, el fallo del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la empantanada transición chilena al romper las ataduras que la vinculaban al régimen militar. Quebrando la intocabilidad de Pinochet, el tribunal abre las puertas a las reformas constitucionales que aún faltan para completar la consolidación democrática de las instituciones. Cierto que no será un camino fácil sobrellevar las ingentes presiones de los militares y la derecha, que ya se han pronunciado negativamente contra el tribunal y el gobierno aduciendo, según el diario El Mercurio, "que afectará el cierre de la transición, los acuerdos de la mesa de diálogo y la reconciliación del país".
Los dirigentes de la oposición derechista expresaron que "lo ocurrido tiene efectos imprevisibles porque perturba todas las fórmulas y mecanismos que se venían buscando para tratar de afianzar la paz social", retrotrayendo a los chilenos "a los temas del pasado con el inminente riesgo de polarizar y dividir al país".
Por lo pronto, el presidente Lagos ha pedido respeto al fallo del Tribunal Supremo, única fórmula capaz de garantizar el orden público y la democracia en la nación andina.
Saludable recomendación. *