JUEVES 10 DE AGOSTO DE 2000
* Góngora encomia el trabajo del Instituto Federal de Defensoría Pública
Critican ignorancia del equipo foxista en temas legales
Jesús Aranda * El Poder Judicial de la Federación tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia a quien sienta perjudicadas sus garantías fundamentales, dijo Genaro David Góngora Pimentel, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y destacó el trabajo que realiza el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) del Consejo de la Judicatura.
En tanto, el director del IFDP, magistrado César Esquinca Muñoz, señaló que la intención del equipo de Vicente Fox de pasar a los defensores públicos al ámbito del Ejecutivo federal responde a un desconocimiento del marco legal y a una visión equivocada.
En entrevista, Esquinca precisó que, de acuerdo con la ley vigente, el instituto es un órgano técnico jurídico que garantiza la autonomía de los defensores públicos; además, impide cualquier contaminación de índole política "para poder garantizar efectivamente la defensa y el acceso a la justicia de todos los mexicanos".
Existe, abundó, una "visión equivocada" sobre la problemática de los defensores públicos, pues a veces se confunde el hecho de que los haya en materias federal y local. Precisamente, el instituto se encuentra en el ámbito de competencia del Poder Judicial, al cual se ha otorgado la importancia que merece.
En caso de que los defensores públicos pasaran al ámbito del Poder Ejecutivo, agregó, estarían sujetos "a otro tipo de intereses, de lineamientos".
Resaltó: "Lo digo sin desdoro de la función administrativa, pero es un criterio político el que a veces prevalece sobre el estrictamente jurídico, que es lo que a nosotros nos interesa".
Lo que debe entenderse, insistió al ser entrevistado en la sede de la Suprema Corte, es que "somos parte del Poder Judicial, debemos ser parte del mismo, pero con esa autonomía".
Explicó que el IFDP cuenta con 600 abogados --entre defensores de oficio y asesores jurídicos--, que tienen sueldos "muy dignos", de unos 30 mil pesos mensuales libres, "lo que les permite vivir con toda dignidad".
Desafortunadamente, añadió, la situación de los defensores públicos federales es muy distinta a la de sus colegas del ámbito local --que en el mejor de los casos ganan unos 15 mil pesos mensuales--, lo cual se refleja en la actividad de quienes defienden a los más necesitados, acusados de cometer delitos del fuero común.
Estamos hablando de una enorme diferencia y, precisamente, "eso marca nuestra fortaleza, porque nosotros sí exigimos al defensor tiempo completo en el cumplimiento de su responsabilidad".
Sería deseable, expuso, que los defensores públicos del fuero común contaran con las mismas condiciones que tienen los del fuero federal.
El IFDP cuenta con asesores jurídicos que atienden asuntos administrativos, fiscales y civiles a favor de personas de escasos recursos, explicó. Incluso, en este renglón, el instituto apoyaría a personas inconformes con el pago del Renave, si lo solicitan y en caso de que se establezca que sí hay competencia para intervenir.
Góngora Pimentel habló durante la ceremonia en que se firmó un convenio de colaboración entre el IFDP y la Secretaría de Gobernación, para proteger jurídicamente a migrantes mexicanos, en el contexto del Programa Paisano.
Dejó en claro que dicho acuerdo tiene el propósito de otorgar un trato digno a los mexicanos en el exterior, velar por el respeto a sus derechos humanos y proteger la integridad familiar de los connacionales.
Precisamente, externó, el IFDP "resulta fundamental" en ese esfuerzo, pues al ser un órgano del Poder Judicial y prestar el servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, tiene la misión de garantizar el derecho a la defensa en la materia penal, desde la averiguación previa hasta la ejecución de las penas.
Ante Diódoro Carrasco, titular de Gobernación, Góngora manifestó en el acto, realizado en la sede de la Suprema Corte, que la firma del convenio constituye no sólo la oportunidad de apoyar a nuestros connacionales en la defensa de sus derechos humanos, sino también de garantizar el acceso a la justicia de toda aquella persona que considere afectadas sus garantías individuales.
Tal protección se realizará por medio del IFDP, el cual pretende que los migrantes, a su regreso de Estados Unidos y Canadá, tengan garantizado el acceso a la justicia, sobre todo si sufren abusos de distintas autoridades durante el trayecto a sus lugares de origen, situación que empeora, ya que la mayoría de mexicanos residentes en el extranjero ignora gran parte de la legislación vigente en el país, lo que es aprovechado por algunos funcionarios, quienes los extorsionan.