JUEVES 10 DE AGOSTO DE 2000
* Renuncia Jiménez Remus a coordinación política
Llama la Permanente a reconsiderar reformas penales en Guanajuato
* Sanción cero a violadas que interrumpan su embarazo: Federico Ling
Andrea Becerril, David Aponte y Raúl Llanos * Con el voto del PRI y del PRD a favor, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó ayer formular "un respetuoso llamado" a gobierno y Congreso de Guanajuato, para que reconsideren la expedición de las recientes reformas al Código Penal de esa entidad por las que se penaliza el aborto en los casos de embarazo producto de una violación.
Al margen del punto de acuerdo, la directiva panista analiza la posibilidad de dar una salida política al conflicto ocasionado por los diputados guanajuatenses. La propuesta sería una "sanción cero" en el Código Penal a las mujeres violadas que decidan abortar, "comparable a la tasa cero del IVA", dijeron.
El acuerdo de los grupos parlamentarios del PRI y el PRD provocó la inconformidad y el enojo de la bancada del PAN y la decisión de Gabriel Jiménez Remus de renunciar a la coordinación política de la Comisión Permanente.
"Este es un serio reclamo porque no se respetan los acuerdos de los coordinadores", gritó desde su escaño el senador del blanquiazul, molesto porque al final no se turnó a comisiones la propuesta, como habían decidido por la mañana, sino que se votó ayer mismo, por considerarla de urgente y obvia resolución.
El coordinador de los senadores del PAN se quejó de que el PRI impuso su mayoría de manera arbitraria, aunque en realidad fue el perredista Higinio Martínez Miranda el que propuso que se votara ayer mismo el punto de acuerdo, llevado a la tribuna por la diputada priísta María del Carmen Moreno.
La legisladora guanajuatense explicó las implicaciones de la decisión tomada por la mayoría panista en el Congreso estatal, al castigar a las mujeres que decidan suspender un embarazo producto de una violación.
Esa reforma constituye un grave retroceso jurídico y social y es una amenaza para la vigencia de libertades legítimas en todo el país, pero afortunadamente aún no ha entrado en vigor, por lo que hay tiempo de reconsiderarla, argumentó.
Agregó que la reforma fue enviada al gobernador Ramón Martín Huerta para que se publique y entre en vigor, pero éste no lo ha hecho, ya que prometió llevarla a consulta.
Doble castigo para las agredidas
La demanda de las mujeres priístas es que el mandatario estatal ejerza el veto para esas modificaciones legislativas, pues de entrar en vigor convertirían a Guanajuato en el único estado de la República en el que se castigaría doblemente a la mujer violada y embarazada.
Moreno mencionó luego cifras que aluden a más de 800 mil abortos inducidos al año en México y que sitúan a esa práctica como la tercera o la cuarta causa de mortalidad materna, lo cual la convierte en un problema problema de salud pública.
Presentó el punto de acuerdo en el que la Comisión Permanente hace un llamado respetuoso al Ejecutivo y Legislativo de Guanajuato para reconsiderar la expedición de las reformas. "Ello, con la finalidad de no castigar doblemente a la mujer que ha sido víctima de un delito tan bajo y degradante como es la violación".
Moreno pidió turnar el punto de acuerdo a comisiones, pero el secretario de la Comisión de Salud, el perredista Martínez Miranda, subió a tribuna a solidarizarse con la propuesta y a plantear que se discutiera en ese momento.
Primero, el panista Juan de Dios Castro y luego el mismo Jiménez Remus invocaron el acuerdo que un día antes tomaron los coordinadores políticos en la Permanente para turnar la propuesta a comisiones.
El perredista dijo en su réplica que el tema era motivo de la decisión de todos los legisladores y se puso entonces a votación si era de urgente y obvia resolución. Al aprobarse, con 24 votos a favor y ocho abstenciones ųde los panistasų, Jiménez Remus anunció su renuncia a la coordinación política.
En el PAN, el actual senador electo Federico Ling Altamirano dibujó una posible solución al conflicto: las mujeres que han sido violadas y deciden abortar deben tener una "sanción cero" en los códigos penales.
La sanción de tipo corporal, derivada de la modificación del Código Penal de Guanajuato, es la que ha generado la polémica. Entonces, hay que tomar en cuenta las atenuantes para evitar el castigo a la mujer que opta por el aborto en caso de violación, dijo.
"Así como en materia fiscal, por poner una analogía, hay IVA tasa cero, también en el Código Penal pudiera haber algo semejante, penalidad tasa cero, porque es evidente que en todo caso de embarazo por violación existen atenuantes, si es que la persona opta por el aborto".
En entrevista, el ex secretario general de AN consideró que los partidos y las organizaciones sociales deben hacer a un lado las cuestiones políticas y filosóficas para entrar a un debate de altura sobre la penalidad del aborto en caso de violación.
"El momento de la violación es igualmente dramático con embarazo o sin embarazo... Por eso digo que no hay que discutir lo que es de fondo con lo que es de tratamiento social y penal del caso.
"(Aquí) es evidente que una persona embarazada por violación no está en uso de su plena libertad ni está en la plena conciencia para decidir libremente, como si se tratara de un objeto fuera de su vida personal, por el amor de Dios. Entonces, es evidente que tiene atenuantes muy grandes, al grado que no debería haber penalidad", expuso.
El panista agregó que sólo los legisladores de Guanajuato tienen en sus manos la posibilidad de discutir y, en su caso, cambiar la sanción contra las mujeres violadas.
La directiva nacional del PRD afirmó que la reforma contraviene el esquema de garantías individuales de la Constitución y el contenido de los acuerdos internacionales, amén de que elimina la decisión de las mujeres. Por lo demás y en un Estado laico, los panistas no pueden imponer en la legislación un punto de vista doctrinario.
"Los compromisos de (Vicente) Fox con los jóvenes y las mujeres fueron otros. Hoy le corresponde a él cumplir y al PAN legislar en beneficio de ellos y ellas", agregó en un resolutivo.
La diputada perredista Ana Luisa Cárdenas afirmó que su fracción parlamentaria enviará un comunicado oficial al Congreso de Guanajuato para que rectifique la decisión adoptada. Además, los perredistas distribuirán volantes en el DF para denunciar la "embestida reaccionaria" del PAN.