JUEVES 10 DE AGOSTO DE 2000

* Considera que se desgastaría el capital político de Fox

Grave error, discutir al vapor la apertura eléctrica: Rossell

* Obstaculizaría asuntos prioritarios como el presupuesto, dice

Ciro Pérez Silva * Insistir en una reforma legislativa a corto plazo, o continuar la discusión, "al vapor", de la apertura del sector eléctrico al capital privado contribuiría a "enrarecer" el clima político y a "desgastar prematuramente la relación de los electores con el futuro presidente, Vicente Fox", advirtió el diputado priísta Mauricio Rossell.

Miembro del Grupo para la Reflexión, que en la presente Legislatura se distinguió por rechazar la línea de su bancada en temas relevantes como el Fobaproa, Rossell Abitia sostuvo que el debate para modificar los artículos 27 y 28 constitucionales y las respectivas leyes reglamentarias "polarizaría aún más la discusión alrededor de una posición irreductible, en la que la propiedad estatal o privada es de todo o nada, dejando de lado opciones intermedias, de consenso y oportunidad, que pueden ser las más recomendables para la modernización del sector".

Esta polarización, que se reflejaría entre las cámaras de Senadores y de Diputados y entre los propios partidos políticos, obstaculizaría la discusión y aprobación de acuerdos fundamentales como el Presupuesto de Egresos para el año 2001, las iniciativas sobre mejoras en la seguridad, los primeros pasos en la reforma fiscal o los cambios a la política social.

Una vez resueltos estos asuntos prioritarios, debe darse la discusión de fondo sobre las reformas al sector eléctrico, no sólo para establecer cómo financiar y quién invertirá en este proyecto, sino también cuánto cobrar por el servicio, a quiénes y desde cuándo empezar, aunque destacó que "la privatización per se no es la solución".

Menciona que si la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se privatizara y si no fuera posible distraer recursos fiscales en el futuro para cubrir algún déficit, la planta industrial eléctrica se vería en problemas. Asegura que en promedio, a precios actuales, las tarifas que se pagan deberían incrementarse en 3 centavos de dólar para cubrir gastos operativos, más 30 por ciento adicional para cubrir las legítimas utilidades que esperarían recibir los inversionistas que arriesguen su capital para ampliar y modernizar el sector.

"Esto es, un crecimiento de 4 centavos de dólar por kilovatio/hora, o expresado de otra manera, un crecimiento aproximado de 71 por ciento en relación con la tarifa vigente que todos pagamos", dijo.

Rossell Abitia reconoció, sin embargo, que esta consideración tiene un agravante, ya que una vez desglosadas las tarifas vigentes según tipos de usuario y niveles de consumo, se antoja difícil subirle a los grandes consumidores industriales y domésticos, quienes pagan ya altas tarifas, por lo que el incremento de precios promedio tendría que venir del consumo doméstico de las familias más pobres, de los usuarios rurales de riego por bombeo y de cobrar a quienes hoy no pagan por estar conectados ilegalmente, "es decir, el impacto por la apertura sería auténticamente cargado a la población de menores recursos".

El priísta recomienda ampliar la discusión de la reforma eléctrica, más allá de la aprobación o no de las reformas constitucionales, evaluar públicamente, con nuevos mecanismos y con todo detalle, las ventajas y desventajas de cada opción de política pública, valorando su impacto en eficacia y costos, pero con una amplia visión de sus repercusiones económicas y sociales para el país.

De manera detallada, insistió, debe precisarse un compromiso explícito de electrificación para el sector rural y para las nuevas colonias populares.

"El respeto a los derechos laborales de los trabajadores no debe limitarse a un compromiso explícito, sino a un programa detallado que contemple opciones para el manejo del pasivo laboral y las obligaciones de quien decida invertir. Un asunto que convendría explorar es si debieran establecerse incentivos diferenciados, a fin de evitar que también fuera necesario rescatar a esta industria, tal como sucedió con la banca", advirtió.

Rossell Abitia concluye que una rápida resolución de las iniciativas legislativas, basadas principalmente en el cambio de su entorno, sin antes valorar exhaustivamente los asuntos mencionados, sería un grave error estratégico, al dilapidar capital político de la nueva administración, que pudiera dar mejores frutos a corto plazo en otras áreas de la futura agenda presidencial.