MIERCOLES 9 DE AGOSTO DE 2000

* "Amplia agenda" para el próximo gobierno

Los casos Cabal Peniche y Trevi quedarán "pendientes": PGR

* Los Arellano Félix y el cártel de Juárez, otros temas sin resolver

José Galán, Georgina Saldierna y David Aponte * Los casos de Carlos Cabal Peniche y de Gloria Trevi, sujetos a procesos de extradición en Australia y Brasil, respectivamente, quedarán como "pendientes" para la administración que encabezará Vicente Fox, informó ayer el subprocurador de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Eduardo Ibarrola Nicolín.

Por su parte, el titular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) de la PGR, José Trinidad Larrieta Carrasco, confirmó que también quedará "pendiente" una amplia agenda de temas, incluyendo la detención de los hermanos Arellano Félix, el desmantelamiento del cártel de Juárez y el arresto del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Ernesto Villanueva Madrid.

Ambos funcionarios hablaron con la prensa en el contexto de la octava reunión del Grupo de Contacto de Alto Nivel, celebrada en la cancillería mexicana, en la que insistieron en cuanto a los logros alcanzados por las autoridades mexicanas en materia de lucha contra las drogas.

Ibarrola Nicolín dijo que los casos de extradición más relevantes, "por los tiempos de cada proceso y los recursos a que puedan acceder" los indiciados --por ejemplo Cabal Peniche y Gloria Trevi-- de acuerdo con las legislaciones de los países donde se encuentran sujetos a proceso, "retardarían su entrega a las autoridades mexicanas".

"Cada país tiene sus ritmos y tiempos procesales, que están fuera de la jurisdicción de las autoridades mexicanas", reconoció el funcionario de la PGR.

"En el caso de Cabal Peniche, quedan varias etapas procesales, y ya no depende de nosotros, sino de él".

A su vez, Larrieta Carrasco reconoció que la agenda que quedará pendiente "está apretada", y agregó a los mencionados casos relevantes las medidas adoptadas por la Procuraduría General de la República para combatir la práctica del secuestro, el lavado de dinero y el tráfico de armas.