MIERCOLES 9 DE AGOSTO DE 2000
* Caso de campesinos Montiel Flores y Cabrera García
Reconoce la CNDH violación de derechos por parte de militares
Triunfo Elizalde * Por vez primera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoce de manera oficial la violación de los derechos humanos de civiles por elementos del Ejército Mexicano. En el caso de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores ųéste premiado con el galardón Goldman, equivalente al Premio Nobel de Ecologíaų señala en su recomendación 08/2000 que fueron sometidos a tortura física hasta arrancarles una confesión sobre delitos que no habían cometido.
Luego de varios años de no hacerlo, la CNDH dirigió su recomendación 08/2000 al general Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa Nacional.
El ecologista Rodolfo Montiel Flores, premiado por la Fundación Goldman, de Estados Unidos, es para Amnistía Internacional "preso de conciencia" del gobierno de México.
La aprehensión de Cabrera García y Montiel Flores tuvo lugar en la comunidad de Pizotla, municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, en mayo de 1999, por parte de elementos del 40 Batallón de Infantería de la 35 Zona Militar. Como la detención fue ilegal, para justificar su acción, mediante tortura física tres militares arrancaron confesiones a los dos campesinos ecologistas sobre delitos de siembra de mariguana y portación de armas de alto poder, de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
A su vez, la CNDH señala violaciones cometidas por el citado batallón castrense en la comunidad de Pizotla, en perjuicio de los habitantes. En la misma fecha, los militares mantuvieron incomunicada la comunidad por varias horas, allanaron domicilios y se llevaron diversas pertenencias de los pobladores.
Lo anterior fue informado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pues la CNDH no ha hecho pública la recomendación, pese a que la dirigió al general Cervantes Aguirre desde el 14 de julio de este año, y de acuerdo con su ley, debió darla a conocer públicamente 15 días hábiles después de haberla dirigido a la autoridad señalada.
Según dicha ONG, si bien la CNDH detalla las violaciones cometidas por los militares, por lo que es de esperar que el juez de la causa ponga en libertad inmediata a los ecologistas presos, la recomendación "debió haberse dirigido a la Procuraduría General de la República y no a la Sedena, ya que los asuntos en los que están involucrados civiles tienen que ser juzgados en tribunales civiles, y no militares".
En la recomendación aludida, sobresale que la CNDH establezca: "este organismo no quiere dejar pasar por alto el reconocer la actividad que desarrolla el instituto armado en la campaña permanente contra el narcotráfico y en la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en el ámbito de su competencia; ello no implica en forma alguna que con la ejecución de tales programas se afecten los derechos fundamentales de terceros, ajenos a esas actividades ilícitas".
Los cuatro señalamientos que contiene la recomendación 08/2000, dirigida por vez primera por la actual presidencia de la CNDH al titular de la Sedena, dicen que Cervantes Aguirre debe ordenar a la Unidad de Inspección y Contraloría del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana iniciar una investigación administrativa en contra de los miembros del Ejército que autorizaron, supervisaron, implementaron y ejecutaron el operativo del 1o. al 4 de mayo de 1999, "quienes, a consideración de la CNDH, incurrieron en las acciones y omisiones precisadas" en los documentos respectivos.