MIERCOLES 9 DE AGOSTO DE 2000

Ť Al menos 200 familias resultarían afectadas de ocurrir un percance

Riesgo en la GAM por gasera clandestina

Josefina Quintero Ť En la colonia Gabriel Hernández, delegación Gustavo A. Madero, opera en la clandestinidad una distribuidora de gas natural, y al menos 200 familias enfrentan el riesgo constante de que ocurra algún siniestro.

Hasta ahora nada han hecho las autoridades para impedir la venta clandestina de gas carburante, para abastecer a microbuses de la Línea 18, principalmente. Los vecinos informaron que ya recurrieron a diversas instancias locales y federales, sin tener respuesta.

La distribuidora, que se localiza en la esquina de las calles Morelos y Cabo Fenesterri, comenzó a operar hace 15 días, poco después de que las autoridades de Gustavo A. Madero clausuraron temporalmente un módulo de la empresa Unigas que no contaba siquiera con el permiso de uso de suelo y mucho menos con las medidas de seguridad requeridas. Los vecinos sospechan que se trata de la misma empresa.

La deficiente planeación urbana del lugar se traduce en la falta de servicios, infraestructura y seguridad, no sólo en la Gabriel Hernández, sino en las colonias Martín Carrera, Díaz Mirón, Vasco de Quiroga, Unidad CTM, Juan González Ramos y Nueva Atzacoalco.

A 20 metros de la distribuidora de gas se prepara la apertura de una gasolinera, a pesar de que enfrente ya hay una, pese a que es zona habitacional.

"No tenemos secundarias ni preparatorias cerca de aquí, la inseguridad es constante y cuando queremos abrir un changarrito las autoridades nos ponen mil trabas", señala Salvador Martínez Lucero, quien encabeza las protestas contra la próxima reapertura de Unigas y la denuncia por el funcionamiento de la distribuidora clandestina.

Agrega que cuando fueron con las autoridades de la delegación para exponer sus carencias y el riesgo que implican dichas empresas, "un funcionario medio nos respondió que con la gasera nos llegaba el progreso".

El dirigente vecinal explicó que desde enero pasado, sin contar con los permisos que corresponde otorgar a Petróleos Mexicanos, se instaló la distribuidora de gas en el predio número 1890 de la avenida Centenario. Y hasta el momento las autoridades no han intervenido para certificar su legalidad.

Dice que al parecer las autoridades delegacionales contribuyeron en la instalación de la gasera, como lo muestran las fotografías con que cuenta, donde aparecen camiones oficiales en la zona en que ésta se construyó.

Mencionó que los vecinos piden la clausura de Unigas desde que el 27 de mayo hubo una fuga en un cilindro, que puso en riesgo a la población. "Los tanques que almacenan el gas tienen un capacidad de 5 mil kilos, por lo que una explosión afectaría de inmediato a las personas que viven en el predio de Ferronales, al jardín de niños Genoveva Cortés y la escuela para discapacitados, además de los comercios ubicados a unos cuantos pasos", advirtió Martínez Lucero.

Añadió que se oponen a la gasera "no por gusto sino porque no se puede lucrar con la vida de las personas. El suelo es de uso habitacional mixto, por ello es imposible su operación en esta zona".

Lo anterior se comprueba con el certificado de zonificación expedido por la Dirección General de Desarrollo Urbano, que tiene en su expediente Salvador Martínez.

Las autoridades no intervienen

Refiere que la distribuidora ilegal comenzó a operar en la calle Morelos al día siguiente de la clausura temporal de Unigas. Sin embargo, hasta el momento no han intervenido las autoridades correspondientes, a pesar de que notificaron que sería cerrada el pasado 4 de agosto.

La demora de las autoridades de Gustavo A. Madero para clausurar la planta clandestina obligó a los vecinos a solicitar la intervención de otras instancias, como las secretarías de Medio Ambiente local y federal, de Gobernación, y del Gobierno del Distrito Federal.

No obstante, la distribuidora clandestina sigue funcionando, y los habitantes temen que se abra nuevamente Unigas, que junto con la gasolinera ubicada a 20 pasos constituirá "una bomba de tiempo".

Por su parte, el subdelegado jurídico y de Gobierno de la delegación, Rubén Escamilla, manifestó que la clausura temporal hecha por las autoridades el pasado 15 de julio a la empresa de gas carburante, se debió a que no cuenta con certificado de uso de suelo ni de construcción.

El funcionario delegacional consideró que con ello se atendió la demanda ciudadana, y que la gasolinera cuenta con todos los requisitos para su apertura, por lo que no pueden intervenir. Al cuestionarlo por qué no se ha realizado la clausura de la distribuidora clandestina, Escamilla mencionó que los artículos 14 y 16 de la Constitución le impiden actuar.

Posteriormente reconoció la validez de la denuncia realizada por los vecinos, y dijo que el pasado lunes se llevaría a cabo el cierre definitivo de la planta clandestina, lo cual no ha ocurrido.