MIERCOLES 9 DE AGOSTO DE 2000
Ť "Por cortesía", Buenos Aires enviará datos a Garzón
De la Rúa se distancia de detención en Roma de represor argentino
Afp, Buenos Aires, 8 de agosto Ť El gobierno argentino buscaba hoy distanciarse de un potencial caso Pinochet luego de la detención en Roma, a pedido de la justicia francesa, de un militar retirado acusado de la desaparición de una joven de esa nacionalidad durante la última dictadura militar.
El secretario general de la presidencia, Jorge de la Rúa, se limitó a negar que exista malestar en las fuerzas armadas por la detención de Jorge Olivera.
Sin embargo, la esposa del detenido aseguró que el jefe del ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, brindó "todo su apoyo" al mayor retirado. Si es válido que la justicia francesa juzgue a su marido, "entonces nadie va a poder pisar ni siquiera Punta del Este (balneario uruguayo) porque va a ser arrestado porque acá robó gallinas", agregó la mujer en una insólita comparación.
Jorge de la Rúa, hermano del presidente Fernando de la Rúa, sostuvo que "la única situación fáctica que está planteada es un ciudadano argentino detenido por pedido de un Estado extranjero".
En este contexto, el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, anunció que remitirá al juez español Baltasar Garzón datos de identidad, residencia, fotografías y huellas dactilares de personas vinculadas a la causa que lleva por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de 1976-1983.
Pero aclaró que Argentina "ha aplicado sus leyes y su jurisdicción a todos estos gravísimos hechos" y que el envío de información a Garzón se da en el marco de "razones de cortesía" y cumplimiento de compromisos asumidos en materia de asistencia y cooperación con España.
Sobre el caso Olivera, Gil Lavedra recordó que tanto los jueces italianos como los franceses pueden juzgar los delitos cometidos en el exterior contra ciudadanos de sus países. Afirmó, como lo hizo anoche por comunicado la cancillería, que la única intervención del Estado argentino en el caso será prestarle al detenido la asistencia para que se pueda defender "y "brindarle un intérprete".
Sólo la ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide, afirmó que el tema de Olivera provocará "problemas políticos", pues "lo hemos visto a la distancia con el caso Pinochet", mientras el ex presidente Carlos Saúl Menem denunció que la justicia de países como España, Italia y Francia agravian "los derechos humanos de los ciudadanos de terceros países".
Olivera es requerido por tribunales franceses por el secuestro y desaparición en Argentina, en 1976, de Marie Anne Erize Tisseau, una joven modelo franco-argentina de 24 años que trabajaba también en villas miserias ayudando a sus habitantes.
El ex mayor del ejército y actual abogado --participó en la defensa del ex general Carlos Suárez Mason, detenido por robo de bebés nacidos en campos clandestinos de detención de la dictadura-- podría correr la misma suerte que el ex capitán de fragata Alfredo Astiz, condenado a cadena perpetua en 1990 por la justicia francesa por la desaparición de las monjas Alice Domon y Leonie Duquet, aunque en ese caso la pena fue dictada en ausencia.
Durante la dictadura, Olivera realizó actividades de inteligencia en la provincia de San Juan, donde desapareció Erize Tisseau, y participó en secuestros y sesiones de torturas en centros clandestinos de detención, según testimonio de ex prisioneros.
Otros testimonios sostienen que se jactaba de haber violado "a la francesa".