MIERCOLES 9 DE AGOSTO DE 2000

Ť "Fundadas sospechas" de su responsabilidad en la caravana de la muerte

Desaforó la justicia a Pinochet; enfrentará más de 150 querellas

Ť El presidente Ricardo Lagos llama a la calma Ť Manifestaciones de seguidores y detractores

Enrique Gutiérrez, corresponsal, y agencias, Santiago, 8 de agosto Ť Augusto Pinochet perdió este martes su inmunidad como senador vitalicio y será sujeto de juicio. El octogenario militar está ahora expuesto a más de 150 querellas por los 3 mil muertos y desaparecidos que dejó su régimen de 16 años y medio en Chile.

La Corte Suprema ratificó hoy el desafuero por 14 votos en favor de retirar la inmunidad y seis en contra, decisión que se produjo cinco meses después del regreso de Pinochet a Chile al cabo de 503 días de detención en Londres --a solicitud de la justicia española, que lo acusó de genocidio--, donde Gran Bretaña lo liberó el 2 de marzo por "razones humanitarias".

La Corte Suprema determinó que existen sospechas fundadas sobre la posible responsabilidad de Pinochet en la llamada "caravana de la muerte", una comitiva militar que fusiló a 74 presos políticos en un recorrido por varias ciudades, en octubre de 1973, un mes después del golpe que instaló a Pinochet en el poder.

De inmediato, sus detractores, que celebraron la victoria con aplausos, calificaron el fallo como un triunfo histórico.

Miles de manifestantes contrarios al desaforado senador se trasladaron de la sede de la Corte Suprema para congregarse ante el monumento del derrocado presidente socialista Salvador Allende, ubicado frente al palacio de gobierno de La Moneda.

"Tenemos un sentimiento de profunda reparación después de 27 años", dijo la abogada Carmen Hertz, quien junto con otros siete juristas pidió hace cinco meses el desafuero de quien gobernó bajo un régimen militar al país hasta 1990.

Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz, ésta es una lección para los asesinos de las miles de víctimas que hubo en el país durante el régimen militar que gobernó entre 1973 y 1990.

De su lado, los partidarios del militar retirado, reunidos en la fundación que lleva su nombre, quienes recibieron la noticia con ira, anunciaron un acto de desagravio para las próximas horas, pese a que el gobierno del presidente Ricardo Lagos pidió "moderación" y "respeto" a partidarios y detractores y a que acepten la decisión como una expresión de los tribunales de justicia a los que se debe acatamiento.

Por la noche, Pinochet salió al balcón de su residencia para saludar a cerca de mil simpatizantes, en su gran mayoría mujeres y adolescentes, que coreaban vivas por él.

Culpa la familia al gobierno

El abogado Ricardo Rivadeneira, uno de los defensores del ex dictador, dijo que los siguientes pasos legales serán decididos por su familia, aunque el hijo menor del ex general, Marco Antonio Pinochet, advirtió que su padre no vivirá para ver un desenlace judicial debido a su avanzada edad, 85 años, y a su deteriorado estado de salud.

"Responsabilizo de esto al gobierno y al Poder Judicial", dijo Pinochet hijo luego de reiterar que su padre no está en condiciones de enfrentar un juicio tan largo.

También el comandante el jefe del ejército, general Ricardo Izurieta, se solidarizó con el ex dictador y ex jefe de la rama castrense, a quien expresó su apoyo y solidaridad "en este momento tan ingrato para él", luego de visitarlo en su casa.

Poco después, el comandante en jefe de la armada, Jorge Arancibia, reiteró lo que ya han dicho otros militares: que el dictamen judicial repercutirá negativamente en la recopilación de informes sobre el destino de los desaparecidos.

Arancibia expresó que el desafuero de Pinochet "en nada favorece al establecimiento de una confianza tendiente a que la gente que tenga información la provea".

Otros generales activos del ejército saludaron al ex gobernante, mientras sus ex camaradas de la Asociación de Generales en Retiro, que lamentaron la decisión del máximo tribunal chileno, aseguraron que "el juicio de la historia se encargará de dar el veredicto final".

Tras el desafuero del ex dictador, la justicia chilena debe determinar si es culpable de las violaciones a los derechos humanos, precisó el juez José Benquis, integrante de la Corte Suprema de Justicia.

"La única finalidad que tiene esta gestión está dirigida a determinar si hubo hechos que revistieron caracteres de delito y si en esos hechos, al parlamentario imputado, le corresponde alguna participación como autor, cómplice o encubridor", enfatizó.

Aunque en la caravana de la muerte fueron asesinados 74 opositores, 19 de los cuales figuran en la lista de más de mil desaparecidos, son precisamente estos 19 los que sustentan el proceso en contra el ex gobernante de facto, ya que las muertes propiamente tales caen bajo la autoamnistía que se otorgaron los militares en 1978.

Las desapariciones, por el contrario, se estiman como delitos imprescriptibles.

El veredicto de los 20 magistrados del máximo tribunal --tres de los cuales fueron nombrados en sus cargos durante el régimen militar-- deja el camino expedito para que el juez Juan Guzmán Tapia encause a Pinochet si se le imputa responsabilidad en las 19 desapariciones.

El secretario de la máxima instancia, Carlos Meneses, aclaró que el fallo, que ratificó el dado por la Corte de Apelaciones de Santiago el 5 de junio, no hace referencia alguna a la posibilidad de practicar exámenes médicos a Augusto Pinochet, ni tampoco se da instrucciones de ningún tipo al magistrado Guzmán.

Para los detractores, resulta indispensable que la justicia juzgue y castigue a los responsables, y declararon que es un acto de justicia que Pinochet sea juzgado en Chile, al recordar que el ex dictador siempre decía que en este país no se movía una hoja sin que él lo ordenara, "y ahora las hojas lo han derrotado".

Aunque el desafuero de Pinochet tuvo su origen en los homicidios de la caravana de la muerte, cientos de denuncias acumuladas durante su régimen lo responsabilizan por más de 3 mil muertes y desapariciones.

Además de los 74 fusilamientos sin juicio que practicó la caravana, es acusado de planificar la desaparición de mil 189 presos políticos, cuyo paradero aún se desconoce.

Los primeros cuerpos de decenas de desaparecidos fueron descubiertos en sepulcros clandestinos a partir de 1990, cuando se restauró la democracia.

Pero antes de dejar el poder, la Constitución que dictó durante su mandato le permitió ocupar un cargo de senador vitalicio, el 11 de marzo de 1998, al día siguiente de entregar el mando del ejército.

Con su nueva investidura parlamentaria, viajó a Europa a finales de septiembre de ese año, pero el 16 de octubre fue detenido en la capital británica para enfrentar un juicio de extradición que solicitaba España para enjuiciarlo por los crímenes atribuidos a su dictadura.

Pinochet volvió a Chile 24 horas después de ser liberado por Londres, el 2 de marzo, humillado y sin antiguas posiciones de poder como presidente de la junta militar, presidente de la república, capitán general y comandante en jefe del ejército.