MIERCOLES 9 DE AGOSTO DE 2000
* Cámara de Diputados
Aceptan reglamento de la Contaduría Mayor de Hacienda
Ciro Pérez Silva * La Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el reglamento interior de este órgano de fiscalización de la Federación, facultándola para promover ante las autoridades competentes el fincamiento de responsabilidades que procedan por los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública federal.
Prevé también la aplicación de sanciones por infracciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, o a otros ordenamientos legales de carácter administrativo aplicables y el cobro de las cantidades no percibidas por la hacienda pública federal, entre otras.
En la exposición de motivos, la Comisión de Vigilancia destaca que una nueva cultura política implica, entre otros asuntos, el derecho de los ciudadanos a estar al tanto de cómo, cuándo y en qué ejerce el gobernante los recursos financieros del Estado y, en contraparte, la obligación del gobernante de rendir cuentas sobre esta aplicación.
La nueva estructura de la Contaduría Mayor de Hacienda contempla la incorporación de tres auditores especiales: de cumplimiento financiero, de desempeño y de planeación e información. Dos unidades: de asuntos jurídicos y de administración y finanzas, así como un contralor interno, además de unidades administrativas de apoyo.
Para realizar una de sus tareas principales, que es la revisión de la cuenta pública federal, se especifica que el análisis correspondiente a los ejercicios de 1998, 1999 y 2000 se efectuará en los términos de las disposiciones aplicables antes de la entrada en vigor del reglamento recién aprobado.
Sin embargo, los legisladores exhortan a la Contaduría Mayor de Hacienda a prepararse para ejercer sus nuevas atribuciones a partir de la cuenta pública del 2000.
Los diputados destacan que uno de los aspectos trascendentes para la aprobación del reglamento fue definir, con la mayor precisión, las facultades con que cuenta actualmente la entidad fiscalizadora, de tal forma que sus diversas áreas y unidades administrativas, responsables de ejercer las acciones de control, tengan menor número de dificultades legales y administrativas para cumplir las funciones que les han sido encomendadas.