"desde hace tres años el sector privado ya tenía 87.6 por ciento de los establecimientos de nivel superior. En el Distrito Federal, el actual gobierno no creó ninguna universidad", dice.
LUNES 7 DE AGOSTO DE 2000
* Suman ya 873; crecimiento anárquico y calidad heterogénea
En manos privadas, más de 50% de las escuelas de educación superior
* Hugo Aboites: la restricción de la instrucción pública fue pactada con EU y Canadá en el TLC
María Esther Ibarra /I * Calidad heterogénea y crecimiento anárquico caracterizan a la educación superior privada. De un lado, unas cuantas instituciones de "elite" ųvarias operadas por diversas órdenes religiosas; algunas, en los últimos años, cuna de la tecnocracia y líderes del poder económicoų; otras, menos exclusivas, interesadas en la educación pero más como negocio y, en el extremo, un grupo numeroso de "dudosa calidad" y simplemente con fines de lucro ųcuando no, fraudeų o creadas por "intereses políticos".
Es tal su crecimiento que superan a las públicas: de las mil 533 instituciones de enseñanza superior ųincluidas las unidades académicas o filiales estatalesų, 873 integran el subsistema particular y 660 el público.
De las exclusivas, cinco desplazaron ya a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante décadas semillero principal de funcionarios públicos, y comienzan a disputar a la máxima casa de estudios y a sus homólogas el campo de la investigación ųen algunos casos hasta recursosų, así como la asesoría y evaluación de proyectos gubernamentales.
Un factor más: la presencia de diversas congregaciones religiosas. Al menos, 38 centros educativos integran la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana (AMIESIC). Algunas de ellas están afiliadas a la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC) y también son promotoras, junto con el CELAM, de una asociación de Rectores de Universidades Católicas y/o de Inspiración Cristiana de México, Centroamérica y el Caribe
Expansión dinámica
El auge de la educación superior privada, se inició en la década de los setenta ųsobre todo en el nivel de licenciaturaų y ha continuado su expansión debido a la restricción de recursos del gobierno a la educación superior pública y a la política de limitar el ingreso de estudiantes a la UNAM, a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y al Instituto Politécnico Nacional (IPN), señalan Adrián de Garay y Dante Torres, especialistas en temas educativos.
Esas tres instituciones, al frenar su crecimiento en aras de la calidad, "han contribuido, sin buscarlo, a la generación de un mercado estudiantil que está siendo absorbido por la educación superior privada de todo tipo", considera De Garay, investigador de la UAM y autor de ƑPrivatización de la educación superior o distribución tácita de la demanda?
Las privadas, de atender en 1975 a 11.7 por ciento de la matrícula de licenciatura (excluida la educación normal), para 1999 su población ascendió a 27.6 por ciento; mientras que la del posgrado pasó de 20.3 (en 1985) a 35.6 por ciento, indican estadísticas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
Tan dinámica ha sido su expansión, que en dos años (1997 a 1999) la educación privada incrementó su población escolar 13.8 por ciento; (sumó 55 mil 700 alumnos más a los 402 mil 990 del ciclo anterior); mientras la pública aumentó 4.9 por ciento (59 mil 400 escolares) al millón 209 mil que tenía.
No hay estado del país sin escuelas del sector privado. En algunos están por encima de las públicas. Destacan el Distrito Federal con 144 particulares y 41; Puebla, 112 y 34; Guanajuato, 58 y 25; Veracruz, 61 y 35; Yucatán, 32 y 12; Tamaulipas, 43 y 19; estado de México, 45 y 29.
En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) es donde más han acentuado su expansión. De Garay señala que entre 1982 y 1997, el sistema de educación superior se caracterizó por un reducido crecimiento de nuevas instituciones o la ampliación de campus del sector público, en tanto que el privado duplicó el número de sus establecimientos en la región.
Ofrece datos: en 1982, de las 68 instituciones de educación superior, 55 eran particulares (81 por ciento) y 13 públicas (19 por ciento); en 1997, el gobierno sólo fundó tres tecnológicos y los particulares 58 centros educativos de todo tipo. Es decir,
"desde hace tres años el sector privado ya tenía 87.6 por ciento de los establecimientos de nivel superior. En el Distrito Federal, el actual gobierno no creó ninguna universidad", dice.
El subsistema superior público absorbe cerca de 73.5 por ciento de la demanda (un millón 268 mil 900), pero no "sería remoto que, de continuar las tendencias de crecimiento o proliferación de instituciones particulares, dentro diez o quince años, la mayoría de la población estudiantil de la ZMCM se encuentre en los establecimientos privados", previene De Garay.
Otros especialistas temen esta posibilidad, pues "el pensamiento neoliberal y sus promotores han hecho creer a los estudiantes que, quien paga, tiene mejor formación. Y, si aún están en una universidad pública, es simplemente porque no pueden pagar una privada", advierte Guillermo Almeyra, investigador de la UAM.
No obstante, De Garay y Torres Ríos ųeste último, investigador de la Universidad del Valle de Méxicoų niegan que haya privatización educativa. "Privatizar la educación significaría que el gobierno federal vendiera instituciones educativas públicas por considerarlas costosas, ineficientes o no prioritarias. De lo que hemos sido testigos es de una relativa y desigual retracción de las instituciones públicas, así como una apreciable presencia de instituciones privadas de diversas características, magnitudes y heterogéneo desarrollo regional".
Hugo Aboites, investigador de la UAM, disiente: "Desde 1990 viene aplicándose puntualmente un pacto entre el gobierno y los empresarios, donde se establecieron diversos compromisos para abrirles las puertas a la educación superior. El primer compromiso fue privatizar a fondo ese nivel educativo, a través de sustituir el crecimiento de las instituciones públicas por el de las privadas".
"De 1985 a 1995 ųdice Aboitesų, sólo hay un aumento de 3 mil lugares en la matrícula de todas las universidades públicas estatales y, en el mismo periodo, UNAM, UAM e IPN reducen su población de ingreso. Al mismo tiempo, el sector privado crece de manera importante, pues entre 1984 y 1994 se crean 67 nuevas particulares y sólo 36 públicas".
Además ųcontinúaų "el compromiso de reducir la educación pública a fin de impulsar el fortalecimiento de la privada, está pactado expresamente con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en la firma del TLC". Alerta: "Al disminuir o no aumentar el gasto en educación se busca incentivar la inversión y servicios privados educativos nacionales y extranjeros. Y no estamos hablando de pequeñas escuelas particulares o de monjitas, sino de verdaderas corporaciones de la educación ligadas a universidades de prestigio que encuentran en la globalización un campo propicio".
Según los particulares, no hay tal privatización. "Ni queremos competir ni que desaparezca la universidad pública, eso es falso. Por el contrario, somos partidarios de la laicidad y gratuidad educativa", asegura Enrique Carrillo Barrios-Gómez, presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (Fimpes).
Pero esa agrupación, integrante de la Comisión de Educación del Sector Empresarial, ha insistido en demandar que no haya distinción entre el sector público y privado de enseñanza. "Ambos, argumenta Carrillo, tenemos los mismos fines y compromisos, y lo único que nos distingue es que quien pueda pagar lo haga y quien no, se le otorga una beca. Esta situación es similar a como lo están planteando en la UNAM".
Aunque contrario a la tesis de la privatización, De Garay no niega que la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos estatales han apoyado la proliferación de todo tipo de planteles particulares ųunos de "muy dudosa calidad y que no deberían permitir que funcionaran"ų, al otorgarles el reconocimiento de validación oficial de estudios (RVOE). Los ejemplos abundan, pero destaca que en el estado de Puebla, durante el gobierno de Manuel Bartlett, 46 establecimientos privados obtuvieron ese registro.
Por decreto presidencial algunas han obtenido el RVOE, como los institutos Tecnológicos y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec) y Tecnológico Autónomo de México (ITAM); las universidades Anáhuac, La Salle, Iberoamericana, Autónoma de Guadalajara y Del Valle de México. Otras fueron creadas directamente por el Ejecutivo federal o estatal, como el Claustro Sor Juana Inés de la Cruz y el Centro de Estudios Universitarios Monterrey, entre otras.
Salvo ese tipo de registro, ninguna autoridad oficial evalúa su calidad y las que se someten a ese proceso lo hacen en universidades u organismos acreditadores del extranjero, pero porque les sirve para basar su prestigio y aumentar su matrícula, señala Rafael Campos, secretario académico del Seminario Interdisciplinario de Educación Superior de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
En un tiempo, la Fimpes "trató de hacer esa tarea pero se metió en problemas, porque pretendía ser un organismo acreditador o evaluador de la calidad educativa y a muchas instituciones no les convenía por su baja calidad, ni tampoco a la propia Fimpes porque perdía afiliadas", dice Campos.
Inducción por el mercado
Como "el sector educativo público, tenemos instituciones muy buenas y otras malas", argumenta el dirigente de Fimpes y asegura que han establecido un programa de fortalecimiento y desarrollo institucional con 166 indicadores mínimos para aceptar el ingreso y la permanencia de afiliadas, que van desde cuestiones académicas hasta instalaciones y normatividad.
La duda de la calidad queda cuando la Fimpes informa que, hasta marzo pasado, sólo tenía 42 acreditadas. La ANUIES, por su parte, no tiene entre sus funciones evaluar la calidad de sus afiliadas (113), entre ellas 15 privadas. Aunque también tiene mecanismos para determinar si acepta o no a las solicitantes.
De las escasas voces autocríticas, Rita Ferrini Ríos, vicerrectora de la Universidad del Tepeyac, advierte riesgos por la "pérdida del monopolio de la universidad pública" frente al aumento de las privadas, pues ųresaltaų "inducidas por el mercado, tienden a preocuparse menos por la calidad de sus programas y más por la eficiencia económica de la institución, minimizar costos y elevar la demanda vía publicidad".