Residuos

* León Bendesky *

Por más de una década, la política social, tal y como se expresa en el gasto público, en las formas de gestión y en las reformas que se han aplicado, ha operado como un residuo de la política económica que mediante el ajuste de las cuentas públicas busca esencialmente la estabilidad de los precios. Con ello, se han ido reduciendo los recursos que se necesitan para satisfacer los grandes atrasos que se han creado en ese terreno: la educación, la salud, la vivienda y el combate a la pobreza. El gasto programable dentro del presupuesto federal, es decir, el que puede asignarse de antemano en función de la previsión de los ingresos que se obtendrán (a diferencia del pago de los intereses de la deuda, que son no programables) es actualmente el más bajo como proporción del producto interno bruto de los últimos veinte años, y 60 por ciento del total se usa para atender a la pobreza.

Pero, aunque es un elemento básico, no se trata sólo de una cuestión del dinero requerido para satisfacer las necesidades de una sociedad que se ha ido empobreciendo de manera constante y que se ha hecho más desigual, sino de la forma misma en que se concibe eso que se llama la política social. Sin un replanteamiento serio y con legitimidad política de esa concepción, no serán nunca suficientes los recursos para remontar los atrasos, y con posibilidad de poner a grandes grupos de la población en mejores condiciones de bienestar y con oportunidad de empezar a remontar la pobreza de decenas de millones de personas.

El asunto no es únicamente el de asignar más fondos para gastar en programas sociales. Esto no se reduce a una disposición para asignar el gasto, sino que depende de la disponibilidad de recursos, con lo que la política fiscal se convierte en el vínculo necesario de la capacidad de acción del Estado en materia social. Hoy no sería exagerado decir que el centro de una reforma del Estado pasa por la superación de la pobreza del fisco, más allá de las bondades pregonadas de la contabilidad hacendaria resumida en las cifras del déficit fiscal. Todo acuerdo político que se centre sólo en las condiciones de la "gobernabilidad" será incompleto sin la reforma de la fiscalidad.

Pero existe también el plano de nuevas definiciones de lo que podríamos denominar como la cuestión social en México. Esa cuestión ocupa cada vez más un lugar central en el modo de crecimiento y de desarrollo del país, pues corresponde a una forma en que se expresa la iniquidad. La cuestión social abarca ese amplio campo de los derechos sociales que se han ido transformando, pero no necesariamente fortaleciendo en el largo periodo de lento crecimiento económico y de crisis recurrentes. Al avance (aún incompleto) de los derechos civiles de la población, como ha sido el del voto libre, no ha correspondido el de los derechos sociales, que son el sustento de una menor desigualdad.

En México la desigualdad es un hecho claramente visible y coexiste con una cada vez mayor exclusión de grupos de la población. Exclusión significa literalmente dejar fuera, y para los efectos de la política social se refiere a aquellos que no tienen lugar en los circuitos de la producción de la riqueza. Mientras los pobres pueden aún estar integrados marginalmente en los procesos económicos regulados por el mercado, los excluidos se convierten en verdaderos extraños. El proceso económico va reproduciendo las formas de exclusión, primero entre los que de manera crónica están fuera del mercado y, segundo, entre quienes se reducen los espacios de movilidad social que se fueron creando en otras etapas con los cambios sociales y, en especial, con el crecimiento del producto y que son mecanismos que han reducido su efectividad en el mejor de los casos y en algunos han desaparecido.

En el terreno del funcionamiento de la economía hay un circuito que no va a ser fácil de romper y que será un límite a cualquier planteamiento de un nuevo esquema de la política económica y la social. Ese circuito se refiere a las condiciones de la estabilidad macroeconómica que todas las fuerzas políticas y los empresarios quieren mantener, a las exigencias del mayor crecimiento del producto y a la necesidad de reducir los extremos de la desigualdad. Aumentar el producto en un entorno estable de precios (incluidos el tipo de cambio y las tasas de interés) y de abatimiento de las condiciones de desigualdad, es un compromiso que se está forjando de modo cada vez más claro en las propuestas del nuevo gobierno. No se pueden satisfacer todas estas condiciones al mismo tiempo, cuando menos en un periodo de transición como el que se requiere por razones financieras y estructurales que prevalecen en la economía. La cuestión social es un asunto que deberá plantearse de manera explícita y no residual en lo que puede ser un nuevo modo de gestión económica. *