DOMINGO 6 DE AGOSTO DE 2000

Ť José Antonio Rojas Nieto Ť

Los bienes y servicios públicos

ƑPor dónde comenzar? ƑQué hacer ante algunos de los grandes problemas y las estrategias que se han impulsado para enfrentarlos, en ocasiones regresivas en términos técnicos y políticos? Es necesario ir al fondo: revisar diagnósticos y soluciones; viejas pero también nuevas propuestas. El problema de la dotación de infraestructura para nuestro país es uno de los de mayor importancia; es preciso entenderlo bien y solucionarlo mejor. Resulta incuestionable que la provisión de infraestructura es una de las responsabilidades fundamentales del Estado; sin infraestructura no hay ni desarrollo ni justicia social. Los bienes y servicios públicos forman parte de esa infraestructura, aunque, sin duda, no la agotan, pero sin lo público nada se puede hacer. Por ello la dotación de bienes y servicios públicos es fundamental para el desarrollo y el crecimiento económico, pero también para una vida social justa. La concepción clásica del servicio público está indisolublemente ligada a su vocación social. Más aún, todo proyecto de nación comporta una definición al respecto: cuáles son las necesidades que deben ser atendidas por el Estado y cómo deben atenderse, aunque la definición misma del servicio público es una actividad sujeta a un debate político en el que se muestran, precisamente, los diferentes proyectos de nación.

Hay actividades absoluta o puramente públicas: procuración de justicia, seguridad pública, defensa nacional, por ejemplo, y se diferencian claramente de las absoluta o puramente privadas: manufactura de textiles, confección de ropa, fabricación de refrescos, por ejemplo. Entre estos dos extremos hay una gama de actividades en las que la determinación de su carácter público o privado resulta menos clara o, incluso, conflictiva. Y, sin embargo, la confusión o la conflictividad deben ser superadas, merced a una determinación explícita de la misma sociedad, so riesgo de generar dramáticos rezagos, fuertes desequilibrios, profundización de desigualdades e injusticias.

Por ello nuestra Constitución define áreas de actividad que corresponden esencialmente al Estado, en algunos casos exclusivas; e intenta diferenciar las estratégicas y las prioritarias para el desarrollo de la nación. Pero, según relatan muchos constitucionalistas, en México y en todo el mundo estas definiciones han resultado y siguen resultando conflictivas. Es el caso -como se muestra hoy- de los ataques recientes (a veces provenientes del mismo gobierno) a los artículos 25, 27 o 28, pero también artículos como el tercero constitucional, hoy más que nunca sujetos a intenso debate. Y en este contexto de rediscusión de estos principios, hemos asistido a violentos intentos por cambiar, sin el consenso debido, algunos de los principios constitucionales en los que se sustentan. Es el caso, sin duda, de la redefinición gubernamental de petroquímica básica, utilizada como mecanismo lateral de redefinición de un asunto que, sin duda, exige un debate frontal: la participación del Estado en la industria del petróleo y en su transformación química integral.

Actualmente el debate social es más ríspido; por las modas privatizadoras. ƑQué es lo esencial, lo estratégico, lo prioritario? Y se complica aún más cuando a estas definiciones se agrega la determinación del origen y el monto de los recursos para atender lo esencial, lo estratégico, lo prioritario, sin olvidar las características a que obliga la vocación social de los servicios públicos: continuidad, adaptabilidad, independencia, seguridad, desarrollo equilibrado, conservación de recursos, protección del ambiente, cohesión social, incluso soberanía. Y esto nos conduce -qué dudarlo- a la delicada problemática fiscal, hoy también abordada tergiversadamente, acaso como coartada para impulsar transformaciones en las que no hay consenso.

El ejemplo de lo eléctrico es nítido: no se puede financiar la expansión con recursos públicos que deben destinarse a educación, salud, seguridad social. No se informa bien sobre la capacidad de la industria eléctrica nacional para financiar su expansión con recursos propios, ni que el subsidio es a los consumidores que no a la empresa eléctrica y que ese -ese sí- debe financiarse con recursos fiscales, so riesgo de debilitar secularmente a la compañía eléctrica, en este caso a la CFE.

Ante esto, hoy como nunca resulta obligado exigir que se informe bien a la sociedad sobre sus problemas y sus opciones de solución. Y que ella decida. šQue jamás se repitan estas prácticas de modificación soterrada y clandestina de la Constitución! šSi algo merece la discusión abierta y el debate frontal son, precisamente, los principios constitucionales; el de la definición de las actividades de servicio público y la responsabilidad del Estado en ellas, es uno de la mayor importancia. Las definiciones y diferenciaciones que resultan de un debate social, fundan y refundan la nación. La fortalecen. Ningún gobierno puede evitarlo, ni eludirlo, mucho menos obstaculizarlo.