DOMINGO 6 DE AGOSTO DE 2000

Ť Se trata de más de 23 mil propiedades; la mayoría es malbaratada

Colusión en juzgados para rematar bienes embargados a deudores

Ť Desde la crisis posdevaluatoria de 1994 los demandados se mantienen en litigio con los acreedores

Humberto Ortiz Moreno Ť En la línea inmediata "de lo perdido lo que aparezca", entre 1999 y este año los bancos, particulares y empresas diversas han presionado en los juicios para recuperar parte de los recursos que prestaron, ahora por medio de los remates en juzgados civiles.

Son más de 23 mil propiedades de pequeños deudores que, en la mayoría de las ocasiones, ni se enteran que sus bienes son malbaratados a particulares o a la banca, porque de lo contrario tendrían el recurso del amparo a su favor. Casas, departamentos, automóviles y motocicletas salen al mejor postor en reducidas y a veces desiertas subastas, pues casi siempre están ya comprometidos.

No hay siquiera un registro cierto del estado y la situación en que se encuentran. Es más, los deudores incluso podrían estar tranquilamente en posesión de sus inmuebles o vehículos, y en cualquier momento un actuario, apoyado por golpeadores, pudiera estar a punto de lanzarlos o embargarlos.

Larga espera

Sin liquidez tras la crisis posdevaluatoria de 1994, los demandados se mantienen en litigio con sus acreedores, pero sin posibilidad de defender su patrimonio por lo oneroso y engorroso de los procedimientos, en aproximadamente 90 por ciento de los casos ya ni siquiera asisten a las diligencias, ya sea porque algunos jueces, cargados de trabajo, omiten la notificación o, de plano, funcionarios, regularmente secretarios de acuerdos, se coluden con mafias de casatenientes e inmobiliarias que los compran hasta en un tercio de su valor y finalmente las venden en los avisos de ocasión, con ganancias de alrededor de 200 por ciento de lo que en realidad les costó la propiedad.

O de plano los abogados de banqueros, por ley sin obligación de presentar garantías como concesionaria del crédito no pagado, los adquieren directamente.

Para dar una idea de este gran negocio, en la mayoría de las veces a espaldas de los deudores, un departamento ubicado en Chichén Itzá número 123, colonia Letrán Valle, entre Universidad y Angel Urraza, fue tasado por el juzgado 15 civil en 77 mil pesos. Consta de dos recámaras, estancia-comedor, baño, cocina y tiene no sólo todos los servicios, sino una ubicación de privilegio.

En el mercado inmobiliario este tipo de inmuebles cuesta no menos de 350 mil pesos, pero gracias a una interpretación parcial de las rígidas normas previstas en el Código de Procedimientos Civiles ha sido posible rematarlos para que determinados grupos hagan negocio y para que los banqueros recuperen parte de lo que prestaron.

Además, al rematarlos hasta en un tercio de su valor, los actores del proceso estarían violando una jurisprudencia de la Corte en el sentido de que ningún bien puede ser ofertado a un precio menor del que cotiza en el mercado.

Se calcula que en cada uno de los 62 juzgados civiles se ventila un promedio diario de 20 hasta 150 litigios en la materia y, en realidad, son pocos los deudores que se preocupan por recuperar lo que les arrebató el mal recordado "error de diciembre" del 94.

Después de las reformas al Código de Procedimientos Civiles, juicios que tardaban de cuatro a cinco años ahora se ventilan a lo mucho en cuatro o cinco meses.

De acuerdo con el testimonio de uno de los que podrían llamarse coyotes, que regularmente dependen de una cabeza de grupo -éste conocido simplemente como el ingeniero Germán, con quien este reportero se presentó como posible cliente-, el procedimiento para obtener una propiedad a precio muy bajo e inmejorable ubicación es muy sencillo:

De entrada, sus "contactos" en el juzgado le filtran la lista de bienes que serán subastados en una fecha determinada. Así, podrá palomear los que le interesan para "trabarlos", es decir, presentar una postura única y de ventaja sobre los demás participantes en la puja.

Ya con el listado en la mano, el coyote se pone en contacto con los clientes potenciales y lo ofrece, a cada uno, con diferentes cotizaciones para aceptar la que mejor le convenga. Para empezar y amarrar el trato, solicita una cantidad que, dice, será entregada al juez o al secretario de acuerdos a fin de "mostrar el interés" en el bien.

Una vez "trabada" la propiedad, y de acuerdo con los artículos 582, 583 y 584 del Cód igo de Procedimientos Civiles, sigue el proceso normalmente para evitar filtraciones.

Además, los secretarios de acuerdos o los mismos jueces, aceptan fuentes del Poder Judicial, no expiden la notificación personal que por ley deben dirigir a los demandados para que en un plazo de cinco días manifiesten su decisión de pagar por el bien lo que ordena la sentencia condenatoria o, por el contrario, será embargado o hipotecado, conforme al artículo 114 del mismo código.

Un funcionario del Tribunal Superior de Justicia del DF ironiza: "Ya más que bancos o juzgados, parecemos inmobiliarias."

Si el demandado no paga, es declarado en rebeldía y se le apercibe de lo que ocurrirá con su propiedad. Enseguida, se exige un acta certificada de libertad de gravámenes y se designa un administrador del bien a remate.

En algunos casos, se presentan hasta dos acreedores para reclamar la propiedad, que pueden ser bancos o particulares, y nombran un evaluador. Entonces, el demandado tiene tres días para designar a su propio perito para que tase el valor de la propiedad. Si los dictámenes resultan con una disparidad de 30 por ciento, entonces se designa uno "en rebeldía".

En la mayoría de los casos prevalecen los bancos y los "en rebeldía", para que unos u otros fijen la cotización a modo de sus clientes. A efecto de no perjudiciar al deudor, tendría que tomarse el avalúo más alto, pero no ocurre así.

A continuación deberían publicarse los avisos en los juzgados, colocar en tableros (antes estrados) los listados y difundir edictos en los periódicos de mayor circulación, pero la realidad es que son ordenados en diarios de escasa distribución y solamente unos cuantos, abogados y coyotes tienen acceso a la información.

"Los bancos piden publicar los edictos en El Universal, pero los deudores, sin liquidez, solicitan lo más barato", dicen jueces.

Las subastas

Los artículos 582, 583 y 584 del Código de Procedimientos Civiles disponen de tres almonedas (subastas) para rematar los bienes. Los participantes tienen media hora de tolerancia para presentarse y, como requisito insalvable, han de exhibir en el juzgado un billete de Nafin garantizando 10 por ciento del costo total de la propiedad.

En la primera, los bienes se ofrecen con 20 por ciento de rebaja sobre el precio de avalúo. Si nadie lo quiere, entonces viene una segunda almoneda en la que se tasa a dos tercios de su cotización. De no haber postores, entonces va a una tercera etapa de "sujeción a tipo", es decir, al mejor postor.

Todavía se emite un aviso al deudor para que durante los siguientes 20 días pague al acreedor, pero en realidad la decisión está tomada, porque saben que el demandado no tiene la liquidez de banqueros y coyotes, a quienes finalmente se les finca el remate a su favor y se les adjudican los bienes. Jueces civiles entrevistados reconocen que los ordenamientos en la materia son muy rígidos, pero por esto mismo sí propician que grupos entren a las almonedas para beneficiarse de los bienes a remate.

Una juez, que pidió el anonimato, lamenta que a las audiencias y subastas no acudan los deudores, pero critica que asistan sólo si es con El Barzón y para agredir a los juzgadores.

Alejandro Rivera Rodríguez, juez 15 de lo civil, no descarta la presencia de coyotes en los remates de propiedades, pero niega rotundamente que pudieran estar coludidos con funcionarios de su oficina.

Entrevistado en su despacho, prefiere dar fe de sus declaraciones ante el reportero y se hace acompañar de Hermelinda Morán Reséndiz, secretaria de acuerdos "A" de su juzgado.

Reconoce que generalmente un alto porcentaje de bienes es adjudicado a banqueros y particulares que concurren a los remates, porque no asisten los deudores.

Justifica: Si las propiedades son vendidas a bancos y particulares, es sólo porque los demandados no tienen liquidez. Así de simple.

Pero en el juzgado 15, el ingeniero Germán asegura tener todo controlado y ahora mantiene en lista de espera unas cinco propiedades cuyos dueños quizá nunca sepan qué pasó realmente con su patrimonio.