DOMINGO 6 DE AGOSTO DE 2000

Ť Rolando Cordera Campos Ť

Electricidad: presiones o soluciones

Los consensos no se obtienen por decreto y la buena voluntad se ha probado siempre insuficiente. Por otro lado, aparte de algunos convenios básicos indispensables, la democracia puede desplegarse mediante la regla de la mayoría siempre que esto es posible y necesario. Los costos de un ejercicio de este estilo los debe cubrir en algún momento el partido gobernante y, desde luego, el que está al frente de la gestión del gobierno.

Lo anterior viene a cuento por los compromisos iniciales anunciados por el presidente electo. Gobernar con base en el consenso es una oferta atractiva, después de tantos años de vivir la vida pública en torno a un verticalismo autoritario que poco espacio dejó para que la costumbre de la negociación abierta y continua se aclimatara entre nosotros. Sin embargo, las dificultades están ya a la vista.

Se haga o no el concilio de Chapultepec, anunciado hace unas semanas por el ahora presidente electo, lo cierto es que lo primero que brilla por su ausencia son los interlocutores indispensables, si es que el mencionado pacto se va a tejer y desarrollar conforme a criterios y métodos democráticos. Sin unos partidos en condiciones de dialogar, pero sobre todo de acordar con implicaciones vinculantes para sus militantes y sus diputados y senadores, no hay acuerdo que dure. Se deliberará hasta que los asistentes aguanten, pero no habrá convenio ni agenda futura que pueda concretarse en leyes y políticas. Estas dependerán de la voluntad presidencial y de las destrezas que su gente puedan poner en juego para ganar los votos.

La cita impostergable está anunciada. A más tardar el 15 de diciembre, el presidente Fox tendrá que presentar su proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación ante la Cámara de Diputados, así como la manera de financiarlo. De ahí hasta el último día del año, la disposición y la voluntad de acordar de modo racional se pondrá a prueba una vez más, después de tres experiencias lamentables en la materia.

Sin un acuerdo para avanzar en la gobernabilidad de la economía pública, resulta difícil, cuando no imposible, afianzar la estabilidad política mínima para que la democracia se afirme como forma de gobierno entre nosotros. Y nada de esto quedó asegurado con los resultados formidables del 2 de julio, contra los cuales sigue girando el gobierno en formación.

Sin duda, como todos sabemos, cada fin de año a partir de 1997 el gobierno y los grupos parlamentarios se las arreglaron para aprobar un presupuesto, unos impuestos y unos montos de endeudamiento. Pero eso no es argumento suficiente para decir que como está constituido, el gobierno dividido que hemos vivido y viviremos ha sido productivo, mucho menos eficiente.

El presupuesto quedó al garete por un buen tiempo y luego en gran medida sometido a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, delegada en unas cuantas personas atrincheradas en la Secretaría de Hacienda. El presidente gobernó la economía pública como si viviéramos en estado de emergencia y poco se pudo hacer desde dentro y desde fuera del Estado para superar el cerco férreo de las restricciones financieras y de operación adoptadas en los conciliábulos y los pasillos hacendarios. En reiterado homenaje a don José Alvarado, el caso de la Secretaría de Hacienda siguió siendo un caso misterioso, como el que describió nuestro inolvidable periodista allá por los años cincuenta. Con todo y el fantasma de Limantour.

Más allá de las primeras escaramuzas que traerá consigo el presupuesto de arranque, los partidos y el gobierno tienen frente a sí la gran tarea siempre pospuesta de definir y acometer la reforma del Estado. Sea cual sea el mirador que se adopte, es claro que la organización actual del Estado le queda chica al país real que ahora se quiere democrático. Claro es también que los votos no alcanzan para que desde la plataforma de legitimidad creada por ellos, se pueda realizar tal misión. Desde la aritmética electoral, a muy poco más se puede aspirar hoy en estas materias, salvo a arrastrar los pies en el Ejecutivo y a dedicarse a la compra de votos (con bonos de futuro) en el Congreso.

Estos y otros son los acuerdos en lo fundamental que le aguardan a la nueva administración del Estado. Sin interlocutores democráticos, que son obligadamente los partidos y sus expresiones parlamentarias, no hay vereda para el consenso, y sí anchos horizontes para las tentaciones plebiscitarias. Tiempo hay y puede inventarse un poco más, con cargo a los bonos de la democracia y la expectativa. Pero si algo es escaso en este giro es el tiempo y el reloj empieza a contar para atrás. Sabia virtud, dijo el poeta... lo malo que ésta se distribuye peor que la riqueza y el ingreso.