DOMINGO 6 DE AGOSTO DE 2000
Ť José Agustín Ortiz Pinchetti Ť
El enemigo de todos
Todo el mundo dice que el PRI perdió por el hartazgo de la población que soportó su corrupción impune prácticamente completa. El esclarecimiento de la caída del PRI va a tomar mucha tinta a los especialistas de la próxima década. Pero la corrupción no sólo hirió al PRI sino ha dañado a la nación y ésta no va a recuperarse sin atacar el mal y llevarlo a un nivel "aceptable" para cualquier nación "civilizada".
La corrupción sin castigo impediría nuestra recuperación financiera. La población no otorga la menor confianza al sistema bancario o a la gestión gubernamental encargada de vigilarlo. Ha actuado como un motor para la concentración del ingreso, para la formación de monopolios y oligopolios y ha acelerado las diferencias entre los mexicanos. Estimula la competencia desleal y hace imposible la creación de un mercado abierto.
Su peor efecto: un escepticismo cínico que se ha arraigado como valor en nuestra cultura cívica y política. Vemos al latrocinio gubernamental como algo natural. La incapacidad del Congreso para poner límite a estos fenómenos está afectando gravemente el proceso democrático. La gente no siente confianza en los partidos y le parece inútil y costosa su operación. Si no se ataca y se resuelve antes que ningún otro tema, esta forma de autodestrucción va a anular la noble esperanza que ha despertado la alternancia en el poder.
ƑPor qué vivimos en esta miseria pública? Las causas históricas de la corrupción son múltiples y por supuesto se remontan a la llegada de los ávidos conquistadores. Esta nación ha sido fundada en el saqueo. Cortés realizó a hora temprana el primer cochupo entregándole a uno de sus oficiales el municipio de Veracruz por haberle servido de "tapadera" en los amoríos con la políglota Malinche. La prepotencia con la que se ha ejercido el poder ha ido acompañada por sus "gajes". El autoritarismo necesitaba de la impunidad. El poder público se convirtió en la vía regia para los negocios.
La alternativa es el establecimiento de un sistema autónomo de transparencia, exigibilidad y rendición de cuentas. En esto México es el más rezagado de los países de América Latina. En todos ellos a partir de los años setenta se han establecido órganos autónomos para obligar a los funcionarios gubernamentales a responder por el manejo de los dineros públicos con buenos aunque módicos resultados.
Nosotros estamos muy atrás. Imagínese: todavía hoy está viva la inútil Contaduría Mayor de Hacienda. Aunque hoy está controlada por la oposición, carece de recursos para verse convertido en un ente fiscalizador en serio. ƑY la Contraloría de la Federación? Es el producto de la campaña de "renovación moral" de Miguel de la Madrid y sirve para generar el terror en los burócratas decentes (que son muchos), y también para justificar las venganzas de los presidentes contra sus enemigos internos. El titular es un secretario de Estado nombrado por el presidente que lo quita y lo pone cuando quiere, y al que le responde sin un pero.
Hace poco más de un año fue votada por unanimidad en el Congreso una reforma a la Constitución para establecer un órgano superior de fiscalización. La nueva institución tiene una contradicción insalvable, pretende otorgar a este ente de autonomía técnica y de gestión, y a la vez lo hace dependiente de la Cámara de Diputados. Su objetivo se reduce a la revisión "a posteriori" de los recursos y el cumplimiento de los programas federales. Su gestión no puede tener ningún efecto preventivo o rectificador.
Como sea es un gran paso pero todavía hoy no terminan las discusiones sobre el proyecto de ley orgánica a pesar de que el órgano superior de fiscalización debió de entrar en funciones el pasado 1o. de enero.
México se merece un órgano eficaz de Contraloría. Este será el instrumento central de lucha contra la corrupción. Debería ser un órgano de Estado autónomo que no dependa del Poder Legislativo y de sus pugnas partidistas. El IFE se ciudadanizó y adquirió plena autonomía con gran éxito: pudiera servir como ejemplo. Deberíamos de esperar que el control sobre la función gubernamental sea "prospectivo", es decir, que se pueda seguir el proceso de toma de decisiones y no atenerse a los resultados finales materialmente irreparables. Al pueblo no le interesa sólo que se castigue a los corruptos sino que el nivel de la administración pública se eleve.
Se requiere la absoluta transparencia de la función pública. Debe eliminarse el secreto en la toma de decisiones gubernamentales (salvo en temas de seguridad pública). Los actos de gobierno deben documentarse y ponerse al alcance del pueblo que finalmente es el que paga el servicio público.
Serían necesarias muchas otras medidas, por ejemplo, la organización de un servicio civil de carrera. La inestabilidad en la función administrativa provoca la destrucción de un enorme "capital" de experiencias y recursos humanos, y estimula la corrupción.
ƑPor qué no pensar en un acuerdo de conciliación nacional? Garantizaría el castigo a los grandes crímenes de Estado y otorgaría una amnistía general a los funcionarios públicos, a los grupos armados e incluso a las empresas por supuestas o reales irregularidades fiscales. Esto debe hacerse con prudencia, evitando la descapitalización del gobierno. La prueba de fuego de la nueva democracia está justamente en su capacidad para frenar la corrupción y simultáneamente abrirse generosamente a un tiempo nuevo. Renunciar a la venganza y poner las bases de un estado de derecho respetado por todos para beneficio de todos.