SABADO 5 DE AGOSTO DE 2000
Ť Procesados por motivos políticos, afirman
Familiares de militares presos solicitarán a Fox su liberación
Ť El abogado de Castellanos denuncia a tribunal castrense
José Galán Ť Los familiares del general José Francisco Gallardo Rodríguez y del coronel Pablo Castellanos García, sujetos a procesos penales bajo las leyes militares, buscan reunirse con el presidente electo Vicente Fox Quesada para solicitar de manera individual la liberación de ambos, porque han sido procesados "por cuestiones políticas"; Gallardo Rodríguez durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y Castellanos en la administración de Ernesto Zedillo.
En el caso del coronel Castellanos García, su abogado Cuauhtémoc Sotelo Rosas se presentó ayer ante la Fiscalía Especial de Delitos de Servidores Públicos de la PGR, para presentar una denuncia y exigir acción penal contra el tribunal militar y su presidente, el general brigadier Francisco René Pedraza Longi, por "retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de la justicia", establecido en la fracción octava del artículo 225 del Código Penal Federal. El abogado acusa al tribunal militar de emitir una resolución en contra de su defendido más de 63 días después de lo que marcan los plazos legales.
La esposa del coronel Castellanos García, María Concepción López, confirmó vía telefónica a La Jornada su intención de recurrir al presidente electo en busca de "una justicia que no ha existido en este gobierno. Quisiera que analizara su caso y que, como es inocente, lo dejara en libertad". La señora insistió en que su esposo está preso desde 1997 en el penal militar de La Mojonera, en Zapopan, Jalisco, "por motivos políticos por encima de sus propias responsabilidades".
Incluso, reveló que envió el currículum de su marido, coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, a las oficinas de Vicente Fox Quesada, "porque es un hombre bueno, de gran valor y un gran militar, y no es justo que las actuales autoridades civiles y militares busquen mantenerlo bajo proceso".
Castellanos García fue arrestado y enjuiciado en 1997, acusado de sustraer documentos de la secretaría particular del titular de la Sedena, Enrique Cervantes Aguirre, que involucrarían al hermano del funcionario, Pedro Cervantes Aguirre, en probables vínculos con el narcotráfico, y que posteriormente aparecieron publicados en la revista Proceso con firma de Carlos Marín.
Respecto al general Gallardo Rodríguez, su hijo Alejandro confirmó a este diario la intención familiar de buscar un acercamiento con Fox Quesada, "a la luz de la transparencia democrática que en estos momentos vive México. Son otros tiempos, será otro gobierno, y mi padre tendrá mayores posibilidades de salir en libertad, puesto que es inocente".
El general Gallardo Rodríguez se encuentra preso desde 1993, tras solicitar al alto mando la creación de un ombudsman del Ejército que cuidara los derechos humanos de los militares. Bajo la acusación de utilizar a elementos de tropa para fines personales, fue encarcelado primero en el campo militar 1-A, en esta ciudad, y actualmente está recluido en el penal de Neza-Bordo.
Por otra parte, el abogado de Castellanos García afirmó a las puertas de la PGR, poco después de interponer la denuncia contra el tribunal militar, que "los magistrados entorpecieron dolosamente la marcha de la justicia". Recordó que se interpuso un recurso de apelación el 31 de mayo de 1999 en contra de la sentencia impuesta a su defendido por el juez militar adscrito a la quinta Región Militar, y que llevó a una audiencia de vista el 18 de agosto de ese año para la formulación de un proyecto de sentencia. Sin embargo, dicha sentencia definitiva en contra fue resuelta "hasta el 9 de noviembre de 1999, es decir, más de 63 días después de que venciera el plazo legal".