SABADO 5 DE AGOSTO DE 2000

Ť Existen "serias" dudas jurídicas y técnicas sobre su legalidad, argumenta

Rechaza Robles convenio con Secofi para imponer el Renave

Ť Ya han manifestado su oposición seis estados Ť Necesaria, una base de datos vehicular, reconoce

Elia Baltazar Ť El Gobierno del Distrito Federal se negó a suscribir con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial un convenio mediante el cual la autoridad federal pretendía condicionar la prestación de servicios locales a automovilistas capitalinos, a partir de su inscripción en el Registro Nacional de Vehículos (Renave).

La decisión de las autoridades capitalinas se debe a "las dudas jurídicas y técnicas" que despiertan la creación y funcionamiento de este registro, así como el proceso de licitación y sobre la empresa que la obtuvo. Así, ya se analiza incluso la posibilidad de solicitar un amparo frente a actos del gobierno federal.

Así expresó la jefa de Gobierno del DF, Rosario Robles, su rechazo al Renave, si bien reconoció la necesidad de crear un registro nacional de vehículos, a partir de la homologación de las bases de datos de las procuradurías de Justicia de los estados, para combatir el tráfico de automóviles robados, como se propuso y se acordó en su momento, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad.

"Lo importante es que se discuta, que se tome en cuenta la opinión de las autoridades locales y que se aproveche la infraestructura con que ya contamos para que la gente no tenga que pagar", explicó.

De la decisión de las autoridades locales ya tiene conocimiento el titular de la Secofi, Herminio Blanco, con quien se reunieron Robles y el procurador capitalino, Samuel del Villar, y a quien dirigieron un oficio que precisa los puntos del Renave que despiertan "la incertidumbre jurídica" y las "serias dudas" sobre su fundamento legal.

En el documento Robles expone que: "establecer obligaciones como la del registro de vehículos genera una justificada irritación en los ciudadanos cuando no se consulta ni se explica previamente su existencia"

Así ha sucedido en otras entidades que ya manifestaron su oposición, como Jalisco, Chihuahua, Aguascalientes, Nuevo León, Querétaro y Sinaloa, a las cuales hoy se suma de manera categórica el Distrito Federal.

Sería un acto inconstitucional

Para la jefa de Gobierno, existe incluso la posibilidad de que el Congreso incurriera en un acto inconstitucional con la creación del Renave y criticó que "hoy se convoque a los gobiernos a suscribir un convenio para aplicar un procedimiento en el que no tuvimos absolutamente nada que ver. Y por eso hemos expresado que no firmaremos este convenio hasta que se discutan todos los puntos pendientes y nos convenzamos unos a otros de cuál es el mejor procedimiento para contar con un registro de vehículos", dijo Robles.

De este modo, desde el pasado jueves se instaló un grupo de trabajo entre los gobiernos local y federal, que analizarán todos los fundamentos jurídicos. Pero "nuestra propuesta más importante es que la información de un registro de vehículos esté en manos del poder público y no de una empresa privada, y que se acuerde en el marco del Consejo Nacional de Seguridad, sin cargo a los ciudadanos".

El convenio propuesto por la Secofi pretendía que las autoridades capitalinas condicionaran la prestación de servicios como el pago de tenencias, la verificación vehicular, la obtención de placas y trámites de altas y bajas de automóviles, a la inscripción en el Renave.

Robles, además, rechazó la solicitud de entregar los registros del Ministerio Público local sobre los vehículos robados, pues en este punto, agregó, también hay una relación dispareja.

Explicó Robles: "Los gobiernos estamos obligados a darle toda la información al registro, pero ellos no tienen la misma obligación para con los gobiernos. Y así no ganan ni éstos ni los ciudadanos".

Acompañada del secretario y subsecretario de Gobierno, Leonel Godoy y Javier González Garza, así como del coordinador de asesores, Enrique Flota, Robles advirtió que la inscripción al Renave es una decisión personal, pero no habrá presiones por parte de su administración.

Flota, por su parte, informó que las dudas también se extienden a los mecanismos para cobrar las multas previstas por la normatividad: "Porque el registro lo opera un particular, pero la multa queda a cargo de la Secretaría de Comercio. Sin embargo, ésta aplica las multas por conducto de la única dependencia capacitada para recibir esos pagos, que es la Secretaría de Hacienda".

El funcionario también cuestionó la efectividad del Renave para combatir el robo de vehículos, porque la ley establece que el particular que acude y registra un vehículo tiene a su favor la presunción legal de ser propietario de unidad, lo sea o no. "Es decir, implica dar carta de naturalización a los vehículos robados".

Dijo Robles: "Si la gente está o no inscrita en el Renave no es nuestro problema. En todo caso, que ellos (el gobierno federal) lo aplique, tienen mecanismo y pueden poner sus módulos, con mucho gusto les prestamos la vía pública". Lo cierto, agregó, es que aquí "la única que gana es la empresa concesionaria".

Argumentos legales del GDF

--Es una concesión otorgada a particulares, que genera incertidumbre y estado de indefensión a la ciudadanía

--Con la concesión del registro se podría incurrir en una acción inconstitucional, bajo los argmentos de los artículos 73 y 124 de la Carta Magna, que no facultan al Congreso de la Unión para el registro de vehículos. Asimismo, el otorgamiento del título de concesión se realizó antes de emitir el reglamento correspondiente, lo que supone su ilegalidad.

--Existe un estado de indefensión del ciudadano, ya que se le ha impuesto una doble tributación: el pago de tenencia y derecho de uso de vehículo y otro por concepto del Renave, con sanción pecunaria en caso de no cumplir.

--Se ha obligado a la población, también, a entregar información personal a un particular (el concesionario) con autoridad para revisar el vehículo y con la facultad para verificar las características físicas del mismo, lo que violenta el artículo 16 de la Constitución.

--El registro no garantiza la confidencialidad en el manejo de la información, ya que no es el Estado el que supervisa, controla y restringe la utilización de la base de datos.

--No es posible la suscripción de un convenio con el GDF cuando ni éste ni otras entidades del país forman parte del comité consultivo.