SABADO 5 DE AGOSTO DE 2000
Ť El texto del gabinete español permite la expulsión de indocumentados
Presenta Madrid reforma contra extranjeros
Ť Huelga de hambre de 46 argelinos a punto de ser devueltos; descubren cadáver de un marroquí
Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 4 de agosto Ť El gabinete español aprobó hoy un texto de reforma a la llamada "ley de extranjería" que entró en vigor en febrero pasado. Esta iniciativa, que limita los derechos de los inmigrantes y abre la puerta a la expulsión de miles de extranjeros ilegales, se da en el "día cien" de la primera relección del jefe de gobierno, el conservador José María Aznar.
Aunque aún debe ser sometida a votación en el Parlamento en septiembre próximo y pese al rechazo de los sindicatos, además de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales, la aprobación legislativa de esta ley se da por descontada, ya que el oficialista Partido Popular tiene mayoría absoluta de escaños.
La modificación de la ley de extranjería coincide con el hallazgo del cadáver de un marroquí y la realización de una huelga de hambre de 46 argelinos a punto de ser expulsados, quienes prefieren "morir de hambre en España que asesinados por los militares o los integristas de su país".
Más de 250 norafricanos han muerto en lo que va del año en el estrecho de Gibraltar en su intento por entrar a España.
El ministro del Interior español, Jaime Mayor Oreja, el más firme opositor a la ley de extranjería en su versión de febrero último, declaró que "basta ya de buenos sentimientos nunca seguidos de hechos, y más realismo", sin embargo reconoció que España necesitará mano de obra por su baja tasa de natalidad, pero, sostuvo, "no de cualquier manera".
El país requiere de 300 mil trabajadores extranjeros al año, quienes normalmente sufren marginación salarial, persecución policial y en algunos casos explotación.
El Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial revisaron el documento y coincidieron en señalar la "inconstitucionalidad" de algunas de las reformas propuestas por el Ministerio del Interior, como la limitación de los inmigrantes al derecho "fundamental" de libre circulación y manifestación.
El gobierno modificó el texto en forma parcial y aceptó algunas de las sugerencias planteadas por esas instituciones.
Recientemente el Poder Judicial dio a conocer un informe especial en donde expresó su "preocupación por el regreso al sistema de la ley de 1985, que priva a los ex- tranjeros en situación irregular de los derechos de asociación, reunión y manifestación, libertad sindical y huelga, independientemente de que su regulación legal pueda incluir las restricciones que se consideren adecuadas a su ejercicio".
Homologación y garantías
El vicepresidente del gobierno, Mariano Rajoy, defendió las modificaciones porque, dijo, homologan la normativa española a la del resto de la Unión Europea, y tiene la intención de otorgar "garantías" a los inmigrantes que ya viven en España y elevar su nivel de vida.
Con la modificación se elimina la obligatoriedad de la educación y salud, la posibilidad de los inmigrantes de recurrir a una expulsión judicial, el derecho a la asistencia jurídica gratuita y de realizar asambleas y manifestaciones. También podrán ser expulsados unos 50 mil extranjeros que no lograron regularizar sus papeles este año.
Los detractores de la reforma alertaron a la opinión pública sobre la permanente imposición del Ejecutivo de "una óptica policial de la inmigración".
El Partido Socialista Obrero Español anunció que votará en contra, y la vocera en asuntos de inmigración, Delia Blanco, adelantó que presentará una enmienda a la totalidad del texto, ya que la actual "no tiene voluntad real de consenso".
Manuel Monereo, de Izquierda Unida, señaló que el fenómeno se resolvería "si el gobierno recupera el consenso en torno a la ley y deja de plantear la inmigración como un problema policial", mientras el sindicato comunista Comisiones Obreras anunció movilizaciones de protesta contra la medida para el próximo otoño.
Por su parte, la Unión General de Trabajadores cuestionó: "ƑQué trabajador sin permiso de residencia y de trabajo va a denunciar una situación de explotación si el mayor perjudicado va a ser él mismo?"
Mientras tanto, la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España aseguró que con las reformas se ve "un futuro muy oscuro" para los extranjeros en el país europeo, al promover la "marginación y la explotación laboral".
Por otra parte, el vicepresidente Rajoy afirmó que Madrid no cambiará su política antiterrorista frente a la ofensiva de ETA ni cederá "a las reivindicaciones de una banda criminal y mafiosa".
Una encuesta de opinión realizada por el gobierno del País Vasco, proclive a un entendimiento con los separatistas, reveló que 82 por ciento de la población está a favor de que el gobierno de Aznar dialogue con ETA para lograr una nueva tregua.