SABADO 5 DE AGOSTO DE 2000
Ť Preocupa a abogados acusadores la tardanza para dar el veredicto
Hasta el martes, el esperado fallo sobre Pinochet
Enrique Gutiérrez, corresponsal, y agencias, Santiago, 4 de agosto Ť En medio de las continuas versiones sobre el desafuero del ex dictador y hoy senador vitalicio Augusto Pinochet, el pleno de la Corte Suprema chilena se reunió hoy y señaló que adoptó ya una resolución sobre el caso, pero ratificó que recién será el próximo martes cuando la dé a conocer.
El presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, explicó que se encontraban en una etapa de redacción de la argumentación del voto de cada uno de los 20 jueces, texto que podría estar listo el próximo lunes para su firma definitiva.
En un pleno celebrado durante la mañana, otros tres magistrados dieron a conocer sus argumentos frente al caso. Uno de ellos, José Benquis, descartó que se haya producido un cambio en la votación original del martes reciente que, según trascendió, fue de 11 a nueve por el desafuero.
No obstante, entre los abogados de la acusación había preocupación luego de que el magistrado Alvarez afirmó que los jueces pueden cambiar a última hora su voto, pues la ley lo permite.
En ese marco, el abogado Eduardo Contreras manifestó su inconformidad por la tardanza ante el secretario del máximo tribunal, Carlos Meneses, a quien le señaló que esto no ayuda a la transparencia del proceso y defrauda a la opinión pública.
Con todo, medios de prensa señalaron que el veredicto adverso a Augusto Pinochet se mantiene en forma por demás holgado, pues sería ahora de 14 votos contra seis en favor del desafuero.
Hugo Jaque, general retirado del ejército, al hablar a nombre de sus pares señaló que el proceso de desafuero es "sólo un circo montado por los grupos de izquierda, pues lo que está en juego aquí es la dignidad de un hombre que sacó adelante al país".
Por su parte, el ex presidente Patricio Aylwin afirmó que hay argumentos contundentes para que la Corte Suprema desafuere a Pinochet, y agregó: "Hay sospechas más que suficientes de alguna participación de quien gobernaba el país en los hechos que son objeto de este juicio".
En tanto, el gobierno chileno ratificó su molestia ante las presiones militares frente a un eventual desafuero, y el mismo presidente Ricardo Lagos desvinculó esa cuestión del diálogo abierto con los generales en torno a la aclaración de los detenidos desaparecidos, según el acuerdo de la llamada Mesa de Diálogo.
A través de una declaración escrita, los abogados Jaime Castillo Velasco, Pamela Pereira, Héctor Salazar y Roberto Carretón manifestaron que "no es verdad que la confirmación de dicho desafuero, por la Corte Suprema, perjudicaría la tarea de conocer el destino de las personas que fueron objeto de detención y desaparecimiento, ya que ello depende en forma exclusiva del interés que se ponga en obtener los antecedentes requeridos".
Por su parte, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) solicitó al juez especial Juan Guzmán Tapia que investigue la denuncia hecha la víspera por la Iglesia evangélica capitalina, según la cual cuerpos de numerosos detenidos fueron mutilados, lanzados al mar y sus órganos vendidos en el extranjero durante la dictadura.
Se trata de un informe que fue entregado al gobierno en el palacio presidencial de La Moneda por el pastor evangélico Enrique Vilches sobre el supuesto destino final de unos 780 presos políticos durante el régimen militar (1973-1990), referente a la forma cómo los militares hicieron desaparecer a sus víctimas.
Ante lo anterior y el revuelo causado por dicho informe, la AFDD presentó su petición en la Corte de Apelaciones de Santiago por conducto de su presidenta Viviana Díaz y el abogado Hugo Gutiérrez.
En contraposición, el presidente socialdemócrata Ricardo Lagos restó importancia a la denuncia evangélica al apuntar que la información"no está a la altura de las expectativas que uno se podría haber formado. El documento es demasiado débil y no tiene nada concreto".