SABADO 5 DE AGOSTO DE 2000
Ť Propiciarán la práctica de abortos clandestinos, dicen
Retroceso, las reformas penales en Guanajuato, afirman ONG
Ť La gente votó por un cambio, no para sumirse en el oscurantismo
Mireya Cuéllar y Angeles Cruz Ť Como un retroceso en la lucha por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, además de "una mala lectura de los resultados de la elección del dos de julio, porque la ciudadanía votó por un cambio, no por un regreso al pasado, ni para sumirse en el oscurantismo", calificaron organizaciones sociales la reforma al Código Penal de Guanajuato que castiga el aborto de mujeres violadas.
Con el nuevo código -que entrará en vigor el próximo primero de octubre- Guanajuato se convertirá en el único estado del país donde no se permitirá el aborto en caso de violación, y quien tome la decisión de hacerlo irá a la cárcel. Al médico que realice la interrupción del embarazo se le cancelará la licencia profesional por el mismo periodo que dure su estancia en prisión, que irá de uno a tres años.
El aborto del producto de una violación era la única forma permitida legalmente en todo el país; en 28 entidades más tampoco hay penalización para el culposo o imprudencial y cuando corra peligro la vida de la madre; en 11 una mujer puede apelar al derecho de aborto ante un caso de malformación; en ocho cuando continuar la gestación implique un "grave daño" a la salud, y, en Yucatán, una madre que ya cuente con tres hijos y no tenga recursos económicos para atender uno más, puede legalmente recurrir a la interrupción del embarazo.
La práctica del aborto en México es, en general, ilegal, empero, hay siete circunstancias en que no se considera como un delito, que son las arriba mencionadas. Las reformas aprobadas en Guanajuato prohíben cualquier forma de aborto. Y establecen que en caso de darse, únicamente no será punible cuando "sea causado culposamente por la mujer embarazada", es decir, por accidente.
La decisión de los diputados locales panistas de Guanajuato provocó una reacción de rechazo entre distintos grupos sociales. Tanto Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) como el Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población de Oaxaca, señalaron que con esta acción se propiciará la realización de abortos clandestinos, con los riesgos que ello implica para la salud, e incluso la vida de las mujeres.
Además, resulta que ahora la población femenina de Guanajuato tiene menos derechos que en el resto de los estados del país, donde la ley no sanciona el aborto cuando es producto de una violación.
Eduardo del Castillo, vocero de GIRE, comentó que la interrupción del embarazo continuará siendo un derecho de la mujer aun cuando la ley lo considere un delito, pero "de seguir las cosas como hasta ahora, no pasará mucho tiempo antes de que la población empiece a extrañar al PRI", dijo.
Todo indica que los panistas de Guanajuato "hicieron una inadecuada lectura de las elecciones del 2 de julio porque la ciudadanía votó por un cambio pero no por un regreso al pasado, ni para sumirse en el oscurantismo".
Con este albazo legislativo -apuntó-, el PAN está provocando una confrontación con la sociedad, sobre todo porque la reforma se aprobó sin un debate previo. Ese tipo de procedimientos habla del poco respeto que los panistas tienen por la ciudadanía.
Del Castillo recordó que en los meses de julio y agosto de 1998, el entonces secretario de Salud, Juan Ramón de la Fuente, propuso la realización de un debate sobre la despenalización del aborto y Acción Nacional se pronunció por no abordar el tema debido a que había asuntos más importantes por resolver.
Beatriz Casas, integrante del Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población de Oaxaca, comentó que dicha reforma constituye una violación al derecho a la maternidad voluntaria, a la libre decisión y al Estado mexicano, que es laico.
Debe la mujer decidir sobre su cuerpo
No sólo se impide a la mujer decidir sobre su propio cuerpo, apuntó, sino que se afecta el derecho de todo ser humano a elegir su proyecto de vida. Parece "que la experiencia de la niña Paulina en Mexicali, Baja California, no nos dejó nada como conocimiento, como cercanía al dolor humano".
Es una situación "muy grave" porque impedirá a las guanajuatenses ejercer un derecho que ya tenían ganado. Es un retroceso, la legislación les daba la posibilidad de optar, no obligaba a las panistas ni a nadie a abortar, entonces Ƒpor qué imponerles a todas las mujeres violadas gestar al hijo de un violador?, se quejó Ana María Hernández, del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.
La integración de Carlos Alberto Astorga -secretario de Salud de Baja California, que solapó el hostigamiento a Paulina- al equipo de Fox y lo que acaba de ocurrir en Guanajuato, "nos alerta sobre la posibilidad de que se trate de una estrategia para tratar de imponer la doble moral" de algunos panistas a todo el país, pese a que el presidente electo se comprometió a ser escrupuloso en el respeto de los derechos de las mujeres, expresó.
"Todo huele a una estrategia nacional impulsada por la Iglesia, Provida y los sectores más conservadores del PAN. Nos preocupa mucho que mientras por un lado se habla de un gobierno incluyente, laico y de respeto a los derechos ganados, por el otro Acción Nacional permita lo de Guanajuato... están envalentonados con los resultados del dos de julio pero pronto tendrán que enterarse que están haciendo una mala lectura", agregó Ana María Hernández.
De Católicas por el Derecho a Decidir, Pilar Sánchez dijo que le parece un escándalo la falta de cordura de los legisladores, que de un plumazo pueden determinar la calidad de vida de las mujeres y su dignidad. "De pronto decidieron que las mujeres violadas merecían además cárcel por no querer gestar el producto de un hombre que odian... es una falta de sensibilidad".