VIERNES 4 DE AGOSTO DE 2000

Ť Le pide aclarar por qué removió a los jefes policiacos y ahora los exculpa

Contradictorio, el criterio de la Contraloría al destituir a comandantes de la PA: SSP

Ť Coadyuvará con la Procuraduría capitalina para establecer la verdad jurídica, dice la secretaría

Enmedio de la controversia desatada entre la Procuraduría capitalina, la Secretaría de Seguridad Pública y la Contraloría General del Distrito Federal sobre la existencia de elementos legales que permitan fincar responsabilidad penal a los 26 comandantes destituidos de la Policía Auxiliar (PA) por el desvío de recursos públicos, la Dirección Jurídica de la SSP calificó como "inconsistente", "incongruente" y "contradictorio" el criterio adoptado por la Contraloría, dado que hace 15 días removió de su cargo a esos mandos y ahora considera que no hay indicios de responsabilidad penal.

"Si la Contraloría General hace poco más de dos semanas destituyó e inhabilitó hasta por 20 años a los referidos servidores públicos y estableció el monto del desvío de recursos públicos por la cantidad de mil 152.8 millones de pesos, la SSP no puede entender por qué 17 días después, esa misma institución los exculpa", se establece en un comunicado difundido por la dependencia.

Por tal motivo, la secretaría presentó ayer ante la Procuraduría "una respetuosa petición" para que la Contraloría "aclare" por qué destituyó a los citados comandantes de la PA, junto con otros 15 funcionarios de la corporación, sin que se les finquen responsabilidades penales, al tiempo que expresa que continuará "coadyuvando activamente con la PGJDF para establecer, a la brevedad posible, la verdad y la seguridad jurídica que la institución, su personal y la comunidad merecen".

Hace un par de días, la Contraloría indicó no haber encontrado indicios constitutivos de responsabilidad penal contra el personal directivo y comandantes de la PA; y en particular León Alazraki, titular del organismo, declaró que se había concluido toda la investigación que pertenece al ámbito de su competencia en materia de aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades.

A su vez, la PGJDF informó el martes anterior que la investigación sobre las irregularidades registradas en la PA no había concluido, pero dijo que solicitó información a la Contraloría General para precisar algunos puntos de la auditoría 06-E/99/06 aplicada a este cuerpo de la policía complementaria del Distrito Federal.

Roberto Pérez, fiscal para Servidores Públicos de la PGJDF, declaró entonces que por las contradicciones que existen sobre la legislación e identidad jurídica que rige la existencia y operaciones tanto de la PA como de la Policía Bancaria e Industrial, hubo problemas para determinar el cuerpo del delito e integrar la averiguación previa B/HPSP/463/99-11, iniciada por la denuncia interpuesta en noviembre pasado por Juan Ramos López, director jurídico de la SSP.

De cualquier manera, para la Dirección Jurídica de la SSP, las dos decisiones tomadas por la Contraloría denotan cierta "inconsistencia que nos lleva a la hipótesis de que la sanción impuesta (la inhabilitación de los mandos) o no fue apegada a derecho o legítimamente se pueden desviar y privatizar recursos económicos públicos, o que el criterio posterior es incongruente y contradictorio con esa sanción, lo cual es indispensable que aclare".

Y para sustentar su argumentación, la SSP cita en su comunicado dos artículos del Código Penal referentes al desvío de fondos: en el 215 se asienta que "cometen delito de abuso de autoridad los servidores públicos que hagan que se les entreguen fondos que no se les hayan confiado y se los apropien o dispongan de ellos indebidamente", mientras que el 223 establece que "comete delito de peculado todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero perteneciente al erario público del Distrito Federal, si por razón de su cargo lo hubiera recibido en su administración, en depósito o por otra causa". (Susana González G.)