VIERNES 4 DE AGOSTO DE 2000
Ť Mi padre se defenderá en los tribunales, afirma
Admite un hijo de Pinochet que es casi seguro el desafuero
Ť Pide Ricardo Lagos que dejen trabajar en paz a los tribunales
Enrique Gutiérrez, corresponsal, y agencias, Santiago, 3 de agosto ŤEl hijo menor de Augusto Pinochet, Marco Antonio, afirmó hoy que su padre defenderá su inocencia en los tribunales, por lo que rechazará someterse a exámenes médicos que podrían impedir que fuera enjuiciado, si se le considera demasiado anciano y enfermo para ello. Medios de prensa juzgaron que estas declaraciones fueron una admisión implícita de un dictamen de desafuero de la Corte Suprema de Justicia, que aún no da a conocer oficialmente su decisión sobre retirar la inmunidad parlamentaria al ex dictador chileno.
Sin embargo, la organización de defensa a los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) manifestó hoy, desde su sede en Londres, su beneplácito ante informes de que la corte habría aprobado ya el desafuero de Pinochet, con 11 votos a favor y nueve en contra. Representantes de familiares de franceses desaparecidos en Chile durante la dictadura también reaccionaron con alegría ante las versiones del desafuero y sostuvieron que lo consideran un hecho. En una entrevista a un canal privado de televisión, Marco Antonio Pinochet reiteró que su padre no aceptará someterse a exámenes médicos para evitar ser enjuiciado, pues no quiere quedar como "culpable y demente". Pinochet hijo insistió que a su padre lo que le importa es demostrar su inocencia. Exámenes que comprobaban la supuesta fragilidad física y mental del ex dictador lo salvaron de ser procesado en España, tras estar detenido durante meses en Londres.
En cuanto al hermetismo en torno al dictamen de la Suprema Corte chilena, el ministro del Interior, José Miguel Insulza, manifestó que mientras "menos comentarios" se efectúen en torno a la situación judicial del ex dictador, "mejor será para el país". A su vez el presidente Ricardo Lagos pidió que dejen trabajar tranquilos a los tribunales.
Insulza reaccionó así ante las declaraciones formuladas hoy y el miércoles por el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, y de la Fuerza Aérea, Patricio Ríos, quienes advirtieron un posible retroceso en los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo sobre los detenidos desaparecidos, si se confirma el desafuero.
"No es bueno que se hagan comentarios de ningún tipo sobre las eventuales repercusiones que el fallo podría tener por autoridades del Estado, porque eso sin duda crea una sensación de condicionamiento que no debería producirse ante cualquier fallo", explicó Insulza, aunque reconoció que los dirigentes de la oposición "están en todo su derecho de emitir opiniones".
Izurieta advirtió hoy que el eventual desafuero de Pinochet podría afectar la recopilación de información sobre los detenidos desaparecidos. Sostuvo que "todas las cosas que no generan confianza y un ambiente adecuado para el compromiso que hemos adquirido, no solamente las Fuerzas Armadas, sino todo el país, desde el presidente de la República hacia abajo, creo que pueden ser no favorables".
En tanto, tres nuevas querellas fueron presentadas hoy contra Pinochet, por los delitos de secuestro, tortura y desaparición de tres militantes socialistas. Las causas fueron entregadas por el abogado Nelson Caucoto, quien llegó al palacio de Tribunales acompañado de los familiares de las víctimas. Con éstas, las querellas contra Pinochet llegan a 157.
En otro orden, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos dijo hoy que dos empresas de transportes, una terrestre y otra naviera, habrían tenido una vinculación directa con la desaparición de disidentes del gobierno militar. La vicepresidenta de la Agrupación, Mireya García, indicó que esa información está contenida en los documentos entregados el miércoles al gobierno por el pastor evangélico Enrique Vilches, en el contexto del acuerdo de la mesa de diálogo, donde supuestamente se daría a conocer información sobre el paradero de 780 desaparecidos.
Este expediente incluye una carta de cuatro páginas en la que constan declaraciones de un coronel retirado de la fuerza aérea, quien le dijo que los cuerpos de detenidos ejecutados eran inyectados con líquidos que propiciaban que los huesos se desintegraran y estimulaban a los peces a comer la carne. A los cadáveres, entonces, se les amarraban rieles o barras de plomo al abdomen para que se hundieran a la mayor profundidad posible. Según el militar, este procedimiento garantizaba que los cadáveres se desintegraran en menos de cinco días.
Según la información reunida por Vilches, la mayor parte de las ejecuciones ocurrió en los primeros meses de la dictadura de Pinochet, que comenzó en 1973, y cerca de 60 por ciento de las entre mil y 2 mil personas asesinadas en ese periodo fueron arrojadas al mar, por lo que sus restos son irrecuperables. El pastor, sin embargo, no aporta dato alguno que pudiera servir para identificar a esos desaparecidos.