VIERNES 4 DE AGOSTO DE 2000
Ť Luis Javier Garrido Ť
El cambio
El régimen priísta está irremediablemente muerto, y el gobierno encabezado por Vicente Fox tendrá que elegir entre la alternativa de sentar las bases para un régimen democrático o de aceptar que las fuerzas dominantes logren reconstituir otra forma de autoritarismo.
1. La transición política no implica por necesidad una transición "democrática", como se empeñan muchos en creer, por lo que la primera responsabilidad del nuevo gobierno implica algo muy sencillo, que no hicieron los gobiernos priístas: el cumplir la ley, actuando dentro de sus atribuciones y no violentando los derechos individuales y sociales de los mexicanos.
2. El otro desafío inmediato y obvio habrá de ser desde luego el de promover las reformas constitucionales necesarias para hacer más eficaz al gobierno al acotar el poder presidencial, crear un auténtico Poder Judicial y fortalecer el federalismo, así como la autonomía municipal, y para mejor garantizar los derechos individuales y sociales de los mexicanos, en especial los derechos a la salud, a la educación, a la tierra, a la vivienda y al trabajo y para garantizar los derechos de los trabajadores a un salario mínimo, a una jornada máxima de trabajo, a la libre sindicalización, a la huelga y a la contratación colectiva.
3. El país requiere también, desde luego, una nueva reforma electoral, que garantice procesos electorales democráticos, porque a pesar de todo lo que se ha dicho, el de 2000 no lo fue. La organización electoral aún está en buena parte en manos de los intereses del pasado y si no lograron imponer a Labastida fue por el voto masivo de la ciudadanía en su contra, pero nadie puede creer que el candidato priísta haya recibido realmente más de 13 millones de votos.
4. Las "reformas electorales" se hicieron siempre pensando en los partidos y no en los individuos, a los que se olvidó en las modificaciones legales de 1977, 1987, 1990 y 1996, por lo que resulta urgente e imprescindible reconocer a nivel constitucional los derechos políticos de los ciudadanos y establecer otros mecanismos de participación política, como las candidaturas ciudadanas, el plebiscito y el referéndum, la revocación del mandato, la rendición de cuentas y el derecho a la información ciudadana. De no hacerse esto, podría fortalecerse en México la partidocracia, que es el principal riesgo del anunciado pacto de Chapultepec, que podría culminar una transición para los partidos y no para la nación.
5. La transición política de un sistema de partido de Estado a uno pluripartidista implica por necesidad la interdicción del antiguo partido estatal y la recuperación para la nación de los bienes inmuebles malhabidos que detenta, haciéndose valer el estado de derecho, como aconteció con el PCUS soviético en 1992 o con la Falange española en 1978, pero aquí nada de esto se ha planteado siquiera. Y resultaría inadmisible ante este abandono que los intereses ocultos tras la fachada del PRI pudieran intentar un regreso al poder en el nuevo régimen usufructuando la infraestructura que detentan de manera ilegal: escenario que parece confirmarse con el anuncio de que Francisco Labastida crearía una "fundación" al retorno del viaje que hace en Europa con Luis Echeverría, institución desde la cual presumiblemente se financiaría al aparato del antiguo partido de Estado.
ƑPuede haber democracia cuando subsiste el control corporativo sobre los trabajadores?
6. El PRI se colapsó el 2 de julio, pero las instancias del "sistema" edificado en torno suyo, y que a lo largo de varios sexenios se consolidaron con recursos públicos, aún están ahí, de manera que luego del primero de diciembre se hallarán al servicio ya no de los gobernantes, sino de los intereses facciosos del salinismo, desde organizaciones sociales, periódicos y cadenas de televisión hasta redes de narcotráfico, todas las cuales tendrán que ser desmanteladas si se pretende establecer otro tipo de relaciones entre el poder y la sociedad. La mejor vía para desmantelar un "sistema" autoritario de facto es la de aplicar la ley, y de hacerse esto tendrían que terminarse estatutos de excepción y subsidios ilegales, que se distribuyeron durante décadas por debajo de la mesa a periódicos y sindicatos, a organizaciones empresariales y a todo tipo grupos, incluyendo a los paramilitares, a periodistas y a intelectuales: a toda esa gama de intereses que anuncian ya sus ambiciones atacando al próximo gobierno, en un intento por renegociar su posición.
Y aquí cabe una pregunta: Ƒentregarán los responsables de los aparatos de seguridad del Estado todos los expedientes al nuevo gobierno?
7. La transición política implicará por lo mismo aplicar la ley, que en los años de la tecnocracia priísta fue objeto de negociaciones y arreglos, y esto lleva a uno de los problemas centrales del México de hoy: no podrá haber credibilidad alguna en el nuevo gobierno si no toca a Carlos Salinas. La ilegalidad con la que de acuerdo con todas las evidencias actuó la camarilla salinista durante los tres últimos sexenios, tomando decisiones por encima de la ley, autoadjudicándose empresas y bienes estatales privatizados, disponiendo con criterio patrimonialista de los bienes y recursos públicos y cometiendo todo género de excesos, tendría que ser investigada a profundidad, y darse marcha atrás en todas las decisiones que fueron tomadas en contra de los intereses de la nación, revisándose en particular lo relativo a las privatizaciones, al Fobaproa y a las vinculaciones del gobierno con el narco, y aplicársele la ley a estos individuos, sin que deba abrirse la posibilidad de componenda alguna a este respecto.
8. El sistema mexicano se sustentó durante 71 años no en normas escritas, sino en prácticas y tradiciones políticas, y uno de los mayores desafíos del nuevo gobierno si quisiera impulsar la democratización de México tendría que ser precisamente el de desmantelar todas las redes de intereses creados y de negocios, desde las mafias financieras hasta los cárteles del narco, no para sustituirlas por otras sino para hacer entrar a la legalidad la vida institucional y democratizar la prestación de servicios.
9. La transición política no puede venir por último si no se atiende de inmediato el conflicto central de los años más recientes, que ha sido el del levantamiento armado de los pueblos indígenas de Chiapas. Vicente Fox deberá mostrar en este caso a la nación si tiene voluntad política y credibilidad, respetando su palabra empeñada y promoviendo el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, desde el primer día de su gobierno.
10. La transición política, en fin, implica que el nuevo gobierno logre asumirse, tal y como se ha definido, como un gobierno "de transición", es decir, que reconoce que su función es la de restablecer un régimen de legalidad y que no tiene mandato alguno para aplicar cualquier política, por lo que acepta que todas las grandes decisiones debe consultarlas no con los dirigentes de los partidos en conciliábulos secretos sino con los ciudadanos por la vía del referéndum.
Las lecciones del pasado reciente están a la vista, y si hubo un rechazo explícito de la ciudadanía el 2 de julio fue al régimen de los tecnócratas neoliberales, por lo que de no entenderlo los nuevos gobernantes escucharán muy pronto a una sociedad que está empezando a entender cuál es su fuerza.