VIERNES 4 DE AGOSTO DE 2000

Ť Debe incluir a sectores de la sociedad civil: Saucedo

El pacto foxista no puede ser sólo entre cúpulas partidarias y nuevo gobierno

Andrea Becerril y María Esther Ibarra Ť El pacto social propuesto por el presidente electo, Vicente Fox, no puede reducirse a un acuerdo entre las cúpulas partidarias y el nuevo gobierno: debe incluir a los demás sectores de la sociedad civil, a las ONG e incluso al Ejército Zapatista de Liberación Nacional ( EZLN), propuso el senador del PRD, Mario Saucedo.

El legislador consideró asimismo que un gesto de buena voluntad de Fox sería decretar una amnistía general de presos zapatistas y dar los pasos necesarios para la aprobación de la iniciativa de ley indígena que elaboró la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).

En conferencia de prensa en el Senado, Saucedo precisó que la posición del PRD ha sido clara: ir al diálogo con el nuevo gobierno foxista, pero sobre la base de que cualquier acuerdo, público o privado, sea consensado o ratificado por la sociedad. Ello evitaría, dijo, que se repitiera la experiencia de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, que al final no cumplió la administración de Zedillo.

Saucedo Pérez resaltó que antes de signar ese pacto hay cuestiones urgentes que deberán ser resueltas, entre ellas la nueva Ley de Derechos y Cultura Indígenas, a partir de la iniciativa de la Cocopa. Ello permitiría, dijo, avanzar en el restablecimiento del diálogo entre el grupo rebelde chiapaneco y el gobierno federal.

Por ello, dijo, se requiere que el pacto de Chapultepec, decisión central del nuevo régimen, sea producto de la participación de la sociedad y los partidos políticos y no solamente de estos últimos, para lo cual es importante instalar una mesa provisional.

Así, "el pacto de Chapultepec podrá concluir en la convocatoria de un congreso constituyente encargado de aprobar la nueva Constitución, que habrá de expresar precisamente el nuevo acuerdo social".

Inviable una nueva Constitución

En el país no existen condiciones políticas ni jurídicas para promulgar una nueva Carta Magna, y hacerlo significaría un "golpe" de Estado a la Constitución vigente, según juristas de la Universidad Panamericana (UP), Jaime del Arenal Fenochio y Salvador Cárdenas Gutiérrez, quienes consideraron más pertinente instaurar un tribunal constitucional para evitar que legisladores "sin oficio" aprueben leyes o iniciativas en la materia.

Tras subrayar que el artículo 135 constitucional no prevé cambiar la Carta Magna, desestimaron que sea viable convocar a un congreso constituyente porque resultaría un "listado de discursos sin sentido", señalaron ambos académicos ayer, al dictar la conferencia Hacia una nueva cultura jurídica para un nuevo país.

"No creo que se pudiera instaurar un constituyente, pues no hay madurez política en el país y lo vemos con resentimientos e inconformidades por la victoria de Fox", aseveró Del Arenal.

Cárdenas Gutiérrez agregó que por ser la Constitución instrumento para el diálogo político, en sus enmiendas o reformas no deben prevalecer posturas dominantes o ideologizantes, lo que temió difícil, pues la "transición ha implicado agravios profundos a cierta clase política", dijo aludiendo al triunfo electoral de Fox.