JUEVES 3 DE AGOSTO DE 2000

Ť Foro Por el derecho a la información y la consulta

Ante el megaproyecto del Istmo, megaestrategia de resistencia

Ť No debe oponerse a la vida de pueblos y comunidades: obispo Lona

Rosa Rojas, enviada, Tehuantepec, Oax, 2 de agosto Ť Frente a la amenaza que para la soberanía nacional, pueblos indios y sociedad en general que habita la región representa el megaproyecto del Istmo, se requiere armar una megaestrategia de defensa que incluya información y articulación de acciones concretas a muchos niveles, se planteó durante el foro Por el derecho a la información y la consulta, que se efectúa aquí en relación con dicho megaproyecto.

El foro, convocado por diversos organismos sociales y civiles como la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los derechos para todos, Red Oaxaqueña de Derechos Humanos y Centro de Derechos Humanos Tepeyac --dependiente de la diócesis del Istmo de Tehuantepec--, reúne a casi un centenar de representantes de comunidades indígenas, ONG, ecologistas e investigadores.

Michael Chamberlain, de la Red Todos los Derechos para Todos, subrayó la preocupación de que este megaproyecto afecte el derecho a la autodeterminación de los pueblos indios a decidir sobre su futuro, porque además hay otros proyectos de este tipo en otras partes del país, como el corredor turístico de la Tarahumara y el megaproyecto del narco, que crece entre los pueblos indios creando una cultura de violencia, enfrentando a las comunidades y afectando la salud de los jóvenes indígenas, algo que antes no se veía.

Al inaugurar los trabajos, el obispo Arturo Lona resumió la preocupación regional y nacional de que un proyecto de desarrollo como éste no debe oponerse al respeto y la vida de pueblos y comunidades, sino estar a favor de una región del país y el mundo, para lo cual se requiere información suficiente y oportuna y una consulta a quienes resultan directamente afectados por el mismo.

Informó que indígenas de la región están echando a andar un megaproyecto económico regional mediante cooperativas de café, transporte y salud con más de tres mil socios indígenas, con proyectos de ajonjolí y cacahuate y ésta es la forma en que vayan respondiendo concientemente los grupos más afectados "por este macro y diabólico proyecto, diabólico mientras no tomen en cuenta a los pueblos indios y su cultura".

Javier Balderas, del Centro Tepeyac, informó que pese a que el artículo 27 estipula la protección de las tierras comunales, unas 35 comunidades indias de la región han sido incorporadas al Procede con el afán de garantizar la incorporación al mercado de las tierras comunales, lo que rompe toda forma de organización indígena de tenencia de la tierra.

Relató que unas 35 comunidades chontales y zapotecas de la zona sur se juntaron para exigir información del trazo de la supercarretera a Huatulco, lo que permitió que se formara un frente, un inicio de resistencia para enfrentar a las autoridades que trataban de dividirlos y ver en qué los beneficiará o afectará.

Carlos Beas, de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) dijo que hay una estrategia deliberada del Estado mexicano de no regularizar la tenencia de la tierra --hay un millón 200 mil hectáreas irregulares en la región-- para que particulares se apropien de esos terrenos.

El involucramiento de los grupos de Hank y Salinas de Gortari

En su intervención, Salvador Zarco, ex trabajador de Ferrocarriles Nacionales de México despedido junto con otros 176 ferrocarrileros por oponerse a la privatización de la empresa, se refirió a la iniciativa de decreto enviada por el Presidente de la República al Senado, el pasado 9 de diciembre, para extinguir Ferronales, que ni siquiera fue dictaminada en comisiones pese a la presión oficial para su aprobación al vapor debido a la oposición de algunos legisladores, principalmente de PRD y PAN.

Subrayó que Ferronales no puede ni debe desaparecer porque aún hay más de 4 mil kilometros de vías sin concesionar; no está debidamente constituido el fideicomiso que debe garantizar las pensiones de 60 mil ferrocarrileros jubilados; está pendiente de definirse el destino de 70 millones de metros cuadrados propiedad de Ferronales y aún no se licita un 25 por ciento de acciones del Ferrocarril Terminal del Valle de México.

Además está pendiente la concesión de los talleres de Empalme, Sonora; Aguascalientes y Matías Romero, Oaxaca; hay casi 30 mil demandas laborales y no está atendida la recomendación del Congreso de la Unión en el caso del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que, como en la misma iniciativa se reconoce, deberá ser conservado por el Estado y para lo cual, dice el texto, se constituyó una paraestatal a la que se otorgará la concesión para administrarlo.

Sin embargo, dicha empresa se creó el 19 de octubre, pero sólo hasta el 2 de mayo de 2000 se publicó dicha asignación en el Diario Oficial de la Federación.

Zarco indicó también que Tribasa, a la que inicialmente se concesionó el Ferrocarril del Sureste, vendió en 1999 un paquete accionario de 33.7 por ciento a la Sociedad de Inversión de Capitales (Sinca), del Grupo Financiero Inbursa, y el 66.3 por ciento restante a Empresas Frisco, filial del Grupo Carso. Así, en menos de un año, Carlos Slim "por medio de esta burda maniobra se convirtió en dueño de 100 por ciento de las acciones de este importante ferrocarril sin haber participado en la licitación del mismo".

Zarco recordó el tratado McLane-Ocampo, que concedía a Estados Unidos a perpetuidad el derecho de tránsito por el Istmo de Tehuantepec, y que no entró en vigor porque no fue ratificado por el Congreso estadunidense, y advirtió que hay quienes creen que esas son cosas del pasado, pero lo cierto es que los poderosos grupos financieros estadunidenses siguen pensando igual y ambicionan no sólo esa codiciada cinturita del continente. "También apetecen 40 por ciento de la biodiversidad planetaria concentrada en la zona, la gran disponibilidad de agua, el 90 por ciento de la explotación petrolera nacional y su gran potencial pesquero, forestal, agrícola y pecuario".