JUEVES 3 DE AGOSTO DE 2000
Ť Aportaría pruebas de que se actuó con dolo en la compra de equipo
Pide la PGJDF coadyuvar en los casos IBM y Ericcson
Ť La Procuraduría capitalina mantiene sus acusaciones contra ex funcionarios: Jaime Gracia
Elia Baltazar Ť Luego de que la justicia federal determinara que la Procuraduría capitalina carecía de facultades para actuar en los casos IBM y Ericcson, la dependencia solicitó a la PGR coadyuvar en la investigación, para aportar las pruebas que demuestren que hubo dolo en la actuación de los funcionarios involucrados en la compra-venta irregular de equipos de telecomunicación, por un monto de 72 millones de dólares.
Así lo informó ayer el director general jurídico consultivo de la PGJDF, Jaime Gracia, al aclarar que estos casos no están cerrados y que la Procuraduría capitalina no se ha desistido de sus acusaciones contra los ex funcionarios de la dependencia involucrados, entre ellos dos ex oficiales mayores, a quienes acusa de uso indebido de atribuciones y facultades, y ejercicio indebido del servicio público.
Los casos IBM y Ericcson pasaron a manos de la justicia federal luego de que la Suprema Corte de Justicia del la Nación determinó que la Procuraduría del DF carecía de facultades para perseguir los delitos en que presuntamente incurrieron los ex funcionarios, pues los contratos respectivos se celebraron con base en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, que es de orden federal.
No obstante lo anterior, el funcionario advirtió: "Nosotros sostenemos que hay otras siete jurisprudencias en sentido contrario, las cuales establecen que cuando se afecta el patrimonio del Distrito Federal, como ocurrió en estos casos, debe ser el Ministerio Público del fuero común quien investigue y, en su caso, sean sus autoridades las que juzguen".
Los casos se turnaron al juzgado noveno de distrito en materia penal, que en marzo pasado remitió a su vez la averiguación previa correspondiente al Ministerio Público Federal, por considerar que no había pruebas suficientes para determinar una acción judicial en contra de los posibles responsables.
El funcionario capitalino explicó que los tribunales colegiados determinaron, sin embargo, que la carencia de pruebas no significaba que los ex servidores públicos no hubieran cometido el delito de que se les acusa, por lo que el Ministerio Público federal sería el encargado de integrar la indagatoria que se inició en 1998 en el fuero local, para continuar las investigaciones, en las que actuará como coadyuvante la PGJDF, y no sólo como denunciante.
Así, será a partir de las pruebas aportadas por la PGJDF y las que se obtengan de la nueva investigación que se devolverá la causa al juez noveno, quien deberá determinar si se emite una nueva orden de aprehensión contra los ex funcionarios.
El director general jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal adelantó que el único plazo para consignar los expedientes de los casos IBM y Ericcson es el que se establece para la prescripción del delito, que es de aproximadamente cinco años y medio, por lo que aún quedan tres años para poder concluir la investigación que, se espera, dijo, lleve al ejercicio de la acción penal en contra de quienes resulten responsables.
En un comunicado de prensa emitido por la dependencia capitalina se informa que las pruebas aportadas hasta el momento ante el MP federal demuestran la existencia de dolo en las conductas de los ex servidores públicos de la institución, quienes incurrieron en diversas irregularidades al autorizar que no se realizaran licitaciones públicas para la adquisición de equipos de telecomunicación, lo cual se hizo de manera directa, aunque esto significara una erogación por encima de los costos reales.
Cabe destacar que las empresas IBM y Ericcson firmaron con la PGJDF acuerdos mediante los cuales se comprometieron a resarcir los daños ocasionados, y han cumplido puntualmente, según informó Jaime Gracia.
Luego de los compromisos acordados con las empresas, la PGJDF retiró la querella en su contra, pero será responsabilidad de la justicia federal determinar si aún hay conductas delictivas que perseguir.
En el caso de los 16 ex funcionarios implicados, entre ellos los ex oficiales mayores Humberto Moheno Díez y José Socorro Velázquez, gozan de un amparo de la justicia federal, que les otorga la libertad bajo las reservas de ley, pero ello no implica su exoneración.
Las empresas aceptaron resarcir daños
La PGJDF y las firmas IBM y Ericcson firmaron acuerdos el 21 de julio de 1998 y el 20 de julio de 1999, respectivamente, para resarcir el daño ocasionado al erario público a causa de los contratos irregulares efectuados en 1995 y 1996.
En su caso, IBM se comprometió con las autoridades a recibir la devolución de los bienes y servicios pactados con la administración anterior y restituir, mediante una nota de crédito, la cantidad de 25 millones 950 mil 245.15 dólares, que había recibido como pago. Además de cumplir lo anterior, pagó a la dependencia capitalina 6 millones 696 mil dólares en efectivo, que ingresaron a la Tesorería del DF.
IBM otorgó, además, una nota de crédito por 4 millones 40 mil pesos y garantizó que en el ejercicio de las notas de crédito otorgaría a la PGJDF el precio más bajo que ofrece la empresa en México. Y para no afectar el funcionamiento de la institución, aceptó, sin costo para ésta, que la devolución de los bienes se realizara hasta que la Procuraduría recibiera los nuevos equipos.
Ericcson acordó con la PGJDF que aceptaría la devolución de los equipos de radio que funcionaban inadecuadamente y se comprometió a pagar 13 millones 500 mil dólares, de los cuales 7 millones 184 mil se entregarían a la dependencia en notas de crédito, y 6 millones 325 mil como compensación. (Elia Baltazar)