MIERCOLES 2 DE AGOSTO DE 2000
Ť Bernardo Bátiz Vázquez Ť
Hacia la institucionalidad
Los resultados electorales del 2 de julio, entre otros muchos efectos, hicieron que la maquinaria institucional, cuyas palancas, rodillos, engranes y poleas que están descritas en la Constitución y en sus leyes orgánicas y reglamentarias, empezara a destrabarse y a moverse según los diagramas y planos de los que la concibieron en 1917 y de quienes la han modificado innumerables veces de entonces a la fecha.
Las cosas serán distintas, esperamos, tanto en lo federal, como en las 32 entidades que integran al Estado nacional. Ya no serán, por tanto, las instituciones del régimen anterior: presidente todopoderoso, partido de Estado y clase política amalgamada por la corrupción, las que constituyan la verdadera naturaleza, la constitución real de nuestra sociedad, que durante incontables años se sobrepuso y anuló a la constitución legal.
De hoy en adelante, esperamos, van a funcionar las instituciones tal y como fueron pensadas, como mecanismos políticos y jurídicos para la participación del pueblo en la toma de decisiones a través de sus representantes y como fórmulas para evitar el abuso de alguno de los poderes o el desbordamiento de cualquiera de ellos por encima de sus límites constitucionales.
Al contrario de lo que pasaba antes, el Poder Legislativo, sin una mayoría partidaria de la mitad más uno en ninguna de las dos cámaras, tendrá que trabajar sin las amarras que tradicionalmente lo ataron al poder presidencial. Habrá una vida parlamentaria más intensa, las comisiones de la Cámara tendrán que pasar a ser centros auténticos de poder y también, por el mismo motivo, rendir buenos frutos tanto en la materia propiamente legislativa como en su función de control del presupuesto y el gasto públicos, requerirán las cámaras de que sus brazos y piernas, esto es, sus equipos técnicos y sus asesores, tanto de cada una de ellas como de los grupos parlamentarios, les presten un servicio más profesional, más oportuno y más eficaz; así mismo, tendrán los diputados y senadores que rendir más; ellos mismos y las comisiones que integran, deberán de estar a la altura, en información y equipamiento, de las secretarías de Estado que les sean paralelas.
Del mismo modo, el Ejecutivo se verá ante exigencias mayores; ya no serán sólo sus expertos y sus abogados especialistas en técnica legislativa quienes participarán en los procesos de renovación de las leyes; en la nueva etapa a la que estamos ingresando, el Ejecutivo se verá obligado a ser más convincente con los partidos, los grupos parlamentarios y también con la ciudadanía, que ya midió su poder en las urnas y que seguramente querrá hacerlo también en el seguimiento de los mandatos políticos que confirió con sus votos.
No será extraño, por tanto, que veamos a Fox en lo federal o a López Obrador en el Distrito Federal, litigando sus iniciativas ante los respectivos poderes legislativos o en caso extremo, usando el derecho de veto ante disposiciones que consideren inviables.
Y así las cosas, la Suprema Corte tendrá también que estar preparada para resolver las casi seguras controversias constitucionales que le plantearán los numerosos actores políticos, gobernadores inconformes con el centro, congresos contrarios al Ejecutivo y ejecutivos inconformes con resoluciones de las asambleas.
Lo importante será, en esta nueva etapa de la historia política de México, que todos, en los tres poderes y en los diversos niveles constitucionales, Federación, Distrito Federal, estados y municipios, se tomen las cosas con madurez, con gran sentido de responsabilidad y con patriotismo. Las instituciones deben probarse en la práctica de todos los días.