MARTES 1o. DE AGOSTO DE 2000

* Asegura que desmantelará a grupos paramilitares


Ofrece Salazar Mendiguchía retirar los retenes policiacos de Chiapas

Juan Balboa y Angeles Mariscal, corresponsales, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 31 de julio * El candidato de la Alianza por Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, se comprometió hoy a que de llegar a la gubernatura del estado cancelará todos los retenes de la Policía de Seguridad Pública del estado y liberará a los presos políticos que existen en la entidad.

Al realizar una gira proselitista por los municipios de Nicolás Ruiz y San Lucas, el aspirante afirmó que su gobierno combatirá a todos los grupos paramilitares que existen en Chiapas, desmantelará su infraestructura y castigará a quienes los apoyaron.

"Ya no queremos más gobiernos represivos ni interinos que usen a la policía para maltratar a los indefensos, por eso trabajamos en acabar a regímenes autoritarios", puntualizó ante cientos de indígenas de los municipios mencionados.

Salazar Mendiguchía reafirmó que su gobierno "será democrático y será un aliado de los pobres, que luche junto con la gente, contra la Comisión Federal de Electricidad para que cobre tarifas más justas en Chiapas".

El abanderado aliancista apuntó, con clara dedicatoria al grupo paramilitar Alianza Campesina: "Nicolás Ruiz es un pueblo completo en campaña, y el PRI es un partido asociado a grupos paramilitares, pero en el próximo gobierno no vamos a tolerar la impunidad, vamos a trabajar para desmantelar esas organizaciones".

En un mensaje que emitió el pasado domingo, a través de todas las radiodifusoras y estaciones de televisión locales, el Consejo Estatal Electoral (CEE) exigió a los tres poderes de Chiapas abstenerse de destinar recursos públicos a las campañas políticas de los partidos, y al Ejército Mexicano y al EZLN, que observen las condiciones mínimas para que la jornada electoral del próximo 20 de agosto transcurra con normalidad.

El órgano ciudadano exhortó a los gobiernos federal, estatal y municipal a participar junto con los institutos políticos que contienden por la gubernatura de la entidad, a participar en un "amplio acuerdo estatal", sin el cual sería difícil la convivencia, la paz positiva y una existencia armónica "más allá de la democracia puramente electoral", y sobre todo "la civilidad entre los chiapanecos antes y después de los comicios del 20 de agosto".

Entre otros puntos, en dicho acuerdo se le pide a los gobiernos federal, estatal y municipal "que se abstengan de destinar recursos públicos a las campañas políticas de partidos, coalición y candidatos, así como publicitar obras sociales, para que la ciudadanía pueda razonar su voto con mayor libertad posible".

A las fuerzas armadas se les solicita "observen las condiciones mínimas para que la jornada electoral transcurra en completa normalidad, y al EZLN hacer factible la instalación de casillas en las comunidades de su zona de influencia".

Este llamado se hizo luego que los partidos políticos que componen la Alianza por Chiapas, y organizaciones de observadores electorales, exigieron al órgano ciudadano estar alerta ante las múltiples denuncias sobre delitos electorales.