MARTES 1o.DE AGOSTO DE 2000

* Sugiere fincar cargos a funcionarios de la CNBV

Emite comisión investigadora del IPAB 27 recomendaciones

* Pide indagar recursos con los que el PRI financió campañas

Ciro Pérez * La Comisión Investigadora del Funcionamiento del IPAB emitió ayer 27 recomendaciones, entre las que destacan el fincamiento de responsabilidades a funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que modificaron ilegalmente los criterios para la aplicación del programa de capitalización y compra de cartera; además pidió investigar exhaustivamente los recursos obtenidos por el PRI para financiar las campañas de Roberto Madrazo y Ernesto Zedillo.

Luego de tres meses de discusiones, el informe final que será presentado a la Comisión Permanente y al Presidente de la República, contiene 27 recomendaciones, de las cuales ocho fueron aprobadas por consenso; diez, con el voto mayoritario del PRD y el PAN; seis avaladas exclusivamente por el PRD; dos por el PRI y una por el PRD y el PRI. Sin embargo, ninguna hace referencia a beneficiarios de créditos irregulares ni a montos de operaciones reportables.

Entre las recomendaciones aprobadas por consenso se sugiere a la 58 Legislatura que continúe con los trabajos de investigación del funcionamiento del IPAB e incluye en su agenda el análisis completo y detallado de las transacciones reportables y identificadas por el auditor Michael Mackey, mismas que no pudieron revisarse en la actual legislatura por diferencias entre las distintas bancadas y la oposición priísta.

Por lo que toca al nuevo programa de capitalización, el IPAB debe revisar minuciosamente los créditos que adquiera, con el objeto de evitar la compra de cartera incobrable que realizó en su momento el Fobaproa.

Recomiendan además exigir al auditor canadiense la entrega completa de la lista nominal de operaciones reportables y que el IPAB instrumente un programa integral de verificación de bienes muebles e inmuebles de la banca intervenida, que incluya su inspección física, su posesión, la acreditación de sus propiedad, su valor comercial y su aseguramiento, entregando a la Contaduría Mayor de Hacienda un informe trimestral sobre el avance de este programa.

El representante del IPAB en la reunión, Paulo Díez, reconoció que algunas de las recomendaciones de los diputados aprobadas por consenso "son atendibles", de acuerdo con la ley vigente del instituto y destacó dos de ellas: revisar el marco legal y administrativo, a fin de facilitar la liquidación y el cierre de las instituciones que se encuentran intervenidas por la CNBV y modificar el marco jurídico conforme el cual el IPAB realice la recuperación de los bienes de tal forma que se logre una mayor recuperación en el menor tiempo posible.

De las diez observaciones y recomendaciones que se aprobaron con el voto mayoritario de PRD y PAN, se destaca que con base en el informe Mackey el IPAB debe realizar de inmediato la revisión de las irregularidades, legalidad e ilegalidad de la operaciones de compra de cartera consideradas como reportables, al argumentar que es "inaceptable" asumir como legal el Acuerdo de Partes, que fue producto de las modificaciones de los criterios establecidos originalmente por el comité técnico del Fobaproa, además de evaluar los compromisos de capitalización asumidos por los bancos.

Recomiendan también que la Cámara de Diputados inicie una auditoría de desempeño a la CNBV, cuyo objeto sea esclarecer el papel de esta institución en el proceso de supervisión y vigilancia bancaria y su participación en la definición de las reglas para la compra de cartera y en la administración de la banca intervenida. "Respecto de la indiferencia mostrada por el CNBV a los requerimientos del IPAB, éste deberá ejercer las medidas legales conducentes a fin de que se finquen las responsabilidades administrativas o penales a los servidores públicos responsables de tal negligencia y se proceda a cumplimentar la solicitud de información".

PAN y PRD sugieren efectuar reformas a diversos artículos de la Ley de Instituciones de Crédito (secreto bancario y fiduciario) para limitar su aplicación a las operaciones de ahorro y efectuar a las operaciones crediticias, con el objetivo de actualizar esta legislación al nuevo régimen de secresía bancaria, toda vez que en el desarrollo de los trabajos de investigación y de auditoría al Fobaproa fue una limitante importante.

Panistas y perredistas consideraron que en el nuevo esquema de capitalización debe revisarse el rendimiento que otorgan los pagarés de compra de cartera a los que el IPAB les da servicio, para que estos dejen de ser un mecanismo de subsidio financiero encubierto al sistema bancario.

Sugieren incrementar el porcentaje de participación en pérdidas a 40 por ciento y reducir la tasa de interés que pagan a un nivel no mayor del costo promedio de captación. Ante la falta de estímulos para administrar y cobrar la cartera se recomienda imponer una pena convencional por falta de cumplimiento en el programa de cobranza de 40 por ciento sobre la cartera que no se recupere.

En el nuevo esquema de capitalización, los bancos deben compartir la pérdida de la cartera en un porcentaje de entre 5 y 15 por ciento superior al que se comprometieron originalmente que es de 25 por ciento.

Las dos propuestas del PRI consideran consolidar la deuda del IPAB con la deuda pública para lograr un mayor ahorro y un menor costo fiscal, además de introducir reformas y adiciones a la ley del IPAB que faculta al instituto para refinanciar sus pasivos.

A su vez, los perredistas proponen crear una subcomisión que dé seguimiento permanente a las operaciones financieras del instituto; concluir con las auditorías a las operaciones del Fobaproa y establecer medidas extraordinarias legales y de carácter fiscal para que "los multimillonarios que pueden pagar, y no lo hacen, liquiden sus adeudos".