MARTES 1o. DE AGOSTO DE 2000
* Anuncian propuestas del guanajuatense en los rubros de seguridad y justicia
Fox, por desmilitarizar los cuerpos policiacos, dicen Reyes y Molina
* Transformar la PGR en fiscalía general de la Federación, uno de los planteamientos
Jesús Aranda * El gobierno de Vicente Fox establecerá una estrategia gradual de "desmilitarización" de los cuerpos policiacos, anunciaron los coordinadores del área de Justicia y Seguridad del equipo de transición del futuro presidente; sin embargo, informaron que, "por lo pronto", el Ejército y la Armada continuarán sus labores contra el narcotráfico.
Se deben analizar los errores y aciertos de la actual política antidrogas, argumentaron. Y, pese a la insistencia, se negaron a aceptar que el narcotráfico sea un problema de seguridad nacional.
Al hablar ayer en conferencia de prensa, José Luis Reyes y Francisco Molina, encargados del área, adelantaron que la propuesta de Fox en los rubros citados se centra en la creación de la secretaría de seguridad y servicios a la justicia; la transformación de la PGR en fiscalía general de la Federación --de la cual dependerá una "nueva policía investigadora", que tendrá funciones similares a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estadunidense--, y la integración de las materias jurisdiccionales al Poder Judicial.
La agencia federal de investigación sustituiría a la Policía Judicial
Reyes explicó que la Policía Judicial Federal sería sustituida por la agencia federal de investigación, la cual operaría de manera similar a la FBI, con el propósito de fortalecer la indagación de los delitos y su prevención, además de contar con la capacitación, el profesionalismo y el equipamiento tecnológico que le permita enfrentar el delito y acabar con la impunidad.
En la presentación formal del proyecto foxista para justicia y seguridad, Reyes y Molina evitaron profundizar sobre la "desmilitarización gradual" de las corporaciones policiacas, toda vez que no se hizo referencia a los plazos en que los miembros del Ejército abandonarían las tareas de lucha contra el narcotráfico, entre otras funciones que ahora realizan; tampoco se refirieron al futuro de los casi 5 mil soldados que forman parte de la Policía Federal Preventiva.
Sobre la seguridad nacional, Reyes (ex delegado de la PGR en Guanajuato y ex asesor del procurador general de la República) y Molina (senador y ex comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas) señalaron que se restructurará el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y se establecerán dos áreas encargadas de estudiar la información de inteligencia en materias de seguridad pública y el análisis político.
Acompañados por Martha Sahagún, responsable de Comunicación Social del equipo de transición, los ex funcionarios de la PGR aprovecharon para desmentir las versiones periodísticas que circulan sobre la posible desaparición de esta dependencia.
"La propuesta es que la PGR se transforme en la fiscalía general de la Federación, por lo que los derechos laborales de sus trabajadores serán plenamente respetados."
Tampoco, aclararon, se pretende crear una secretaría de justicia "como la que existió en nuestro país el siglo pasado o como la que tiene Estados Unidos", sino una secretaría de seguridad y servicios a la justicia que "no intervendrá de manera alguna en las tareas jurisdiccionales ni en la administración o promoción de la carrera judicial".
En suma, no pretende intervenir en el Poder Judicial Federal, subrayaron en un escrito en el que delinearon las propuestas fundamentales que sobre justicia plantea la coordinación que encabezan.
Estas precisiones no se dieron cuando fueron cuestionados sobre sí, para el equipo foxista, el combate al narcotráfico es o no un asunto de seguridad nacional.
Sobre ese tema, de entrada Reyes explicó que el problema del narcotráfico "no tiene una misma génesis" en todos los países, ya que, por ejemplo, mientras para Colombia es un asunto de seguridad nacional (por la relación entre guerrilla y narcos), en Bolivia se trata un conflicto generado por la pobreza y en Estados Unidos es un problema de salud.
En tanto, en nuestro país tiene que ver con la violencia y la existencia de bandas criminales. "En México tenemos que fortalecer la credibilidad de los cuerpos policiacos y eliminar la corrupción", de ahí que se pretenda hacer eficiente la fiscalía especializada y establecer una policía profesional.
Acerca de la participación del Ejército y la Marina en la lucha antidrogas, reconocieron que será Fox quien diga la última palabra: "Por lo pronto quedarán las cosas como están". Antes, expusieron que el primero ha realizado un "espléndido papel" en la erradicación de cultivos ilícitos y en la detección de vuelos ilegales, mientras que la Armada ha tenido éxito en el hallazgo de nuevas rutas usadas por los narcotraficantes".
Pese a lo anterior, Molina insistió en que la tarea consiste en devolver esta fuerza (del Ejército y la Armada en su lucha contra el narco) a las autoridades civiles, pues son asuntos que "nunca debieron salir" del ámbito policiaco.
Reformas constitucionales
En relación con las tres propuestas centrales del equipo de Fox en materia de justicia y seguridad, Molina declaró que se necesitaría al menos de la reforma de cinco artículos constitucionales y 18 leyes y reglamentos, paquete legal que difícilmente podría conocer el Congreso durante el próximo periodo ordinario de sesiones, que se inicia el primero de septiembre.
De entrada, señalaron que la idea central del futuro mandatario es que el presidente de la República, "de una vez por todas, saque las manos de la procuración e impartición de justicia" y que la investigación de los delitos y las decisiones de los tribunales "no se contaminen por motivos políticos".
Así, el proyecto de creación de la secretaría de seguridad y servicios a la justicia plantea reubicar las funciones de la Secretaría de Gobernación en los rubros de prevención y readaptación social; menores infractores; Sistema Nacional de Seguridad Pública; Policía Federal Preventiva, y análisis político de información e inteligencia.
En el documento, plantean diversas actividades que realizaría el Poder Ejecutivo, entre ellas:
--Concentrar todos los cuerpos policiacos del ámbito federal destinados a prevenir el delito y apoyar a la fiscalía general de la Federación y al Poder Judicial federal.
--Coordinar a las autoridades estatales y municipales en materia de seguridad pública; desarrollar el servicio civil de carrera y profesionalizar los cuerpos policiacos; administrar los centros de readaptacion social, y supervisar la política hacia menores infractores.
--Administrar el sistema de defensoría pública de oficio
--Restructurar el Cicen a fin de que lleve a cabo análisis de información de inteligencia en materia de seguridad pública y para el análisis político.
--Crear la fiscalía general de la Federación, en lugar de la PGR, la cual gozaría de plena autonomía respecto al Ejecutivo, y cuyo titular sea propuesto por el mismo y ratificado por el Senado; este último también tendría injerencia en la posible remoción del funcionario.
--Asumir la responsabilidad de la función acusatoria del orden jurídico y tener bajo su control a una nueva policía investigadora, bajo el mando de una agencia federal de investigación (que según Reyes será similar a la FBI), la cual sustituirá a la Policía Judicial Federal.
--Reformar el Ministerio Público para que se concentre exclusivamente en ser la parte acusadora.
También se propone la creación del instituto autónomo nacional de servicios periciales. Resaltan que sería independiente.
Reyes aceptó que se estudia la posibilidad de que algún tipo de servicio deje de ser gratuito.
La fiscalía mantendría sus atribuciones en materia de extradición y asistencia jurídica mutua en materia internacional, así como las funciones que tiene la PGR relativas a las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y denuncias de contradicción de tesis, asuntos que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se propuso también el "fortalecimiento del orden republicano en el país", con la integración de todos los tribunales al Poder Judicial de la Federación que aún se encuentran en manos del Ejecutivo en materias agraria, laboral, de lo contencioso administrativo y menores infractores.
En la conferencia, Reyes y Molina pusieron énfasis en que estas propuestas "no son decisiones adoptadas" y que serán objeto de un intenso debate "para otorgarles una sólida base jurídica", a fin de que después sean turnadas para su aprobación por el Congreso de la Unión el año próximo.