LUNES 31 DE JULIO DE 2000
Residuos industriales y mentiras
* Iván Restrepo *
Uno de los problemas que hereda la actual administración es el de los residuos peligrosos que genera la industria. Según cálculos oficiales, suman cada año cerca de 4 millones de toneladas, de las cuales menos de 15 por ciento recibe tratamiento y manejo adecuado, pues se carece de la infraestructura necesaria para ello. La Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) encargó hace años la elaboración de un atlas nacional a fin de identificar con precisión los sitios idóneos para instalar Centros Integrales de Reciclado y Confinamiento de tales desechos, llamados Cimari. Sin embargo, es casi imposible consultar el contenido de dicho atlas, mientras crece el volumen de los desechos. Además, se ha querido hacer aparecer como Cimari lo que en realidad son confinamientos que no garantizan seguridad ni reducen a su mínima expresión los desechos, luego del proceso de selección y reciclaje.
Uno de ellos debía funcionar en el municipio General Cepeda, Coahuila. Para dar vida a ese confinamiento, las antiguas autoridades locales y estatales, así como las federales, cometieron diversas anomalías. A su construcción en terrenos ejidales expropiados por el gobierno estatal en beneficio de la empresa privada impulsora del proyecto, se opone la población, expertos en la materia y grupos ambientalistas.
El asunto llegó al Senado de la República, cuya comisión del medio ambiente cuestionó reiteradamente los procedimientos para instalar el falso Cimari y fue varias veces sorprendida con información falsa por el entonces presidente del Instituto Nacional de Ecología (INE). Se dice que su remoción se debió precisamente al desaseo con el que procedió en este caso.
Pero la historia del confinamiento en General Cepeda no termina: los ejidatarios y el ayuntamiento interpusieron recursos legales contra la empresa (Servicios Ambientales de Coahuila, uno de cuyos presuntos socios es el hermano del anterior gobernador, ahora director de Pemex) y la Semarnap, para dejar sin efecto el decreto expropiatorio y otras medidas aprobadas para echar a andar el confinamiento. Hace unos días, la justicia federal falló a favor de los campesinos y del gobierno municipal. No obstante, parece que el ejemplo del anterior presidente del INE hace escuela.
El 26 de julio pasado, en una reunión de la Comisión del Medio Ambiente del Senado con funcionarios de Semarnap, la señora Cristina Cortinas de Nava, directora general de Materiales, Residuos y Actividades Riesgosas, faltó a la verdad al abordar el caso del citado confinamiento.
Por principio, reafirmó la tesis oficial, así como de la empresa: lo que se pretende construir en General Cepeda es un Cimari, a pesar de que los legisladores saben bien que es un mero confinamiento. Luego omitió mencionar las irregularidades que rodean este proyecto (entre ellas las cometidas por el propio INE), responsabilizando en cambio a los grupos ecologistas y a los medios de comunicación de manipular a la opinión pública para frenar el proyecto. Y, finalmente, sostuvo que la empresa está disuelta y el proyecto cancelado desde hace año y medio pese a lo cual "todavía el día de hoy siguen saliendo noticias de que estamos tratando de envenenar a la población de General Cepeda con un basurero tóxico".
Tal parece que las autoridades ambientales se empeñan en poner en boca de los expertos una ciega oposición a una sana política de confinamiento. No es así. Lo que se exige en General Cepeda, y en cualquier otro sitio del país, es que las cosas se hagan con transparencia y apego a la ley; sin recurrir a mentiras para justificar negocios sospechosamente vinculados con la clase política.
En el caso que nos ocupa, con la de Coahuila, personificada en el anterior gobernador Rogelio Montemayor y su hermano incómodo, Jesús María, se crea, de paso, desconfianza entre la población que, a la menor noticia de que se va a instalar un centro para el manejo integral de desechos industriales, se opone a su construcción. *