SABADO 29 DE JULIO DE 2000
* Es un asunto de seguridad nacional: general Macedo
No basta el método policiaco para combatir el narcotráfico
* El procurador militar discrepa con el equipo de transición
Jesús Aranda * Sin querer polemizar con la opinión del equipo de Vicente Fox, el procurador de Justicia Militar, general Rafael Macedo de la Concha, aseveró ayer que el narcotráfico es un asunto de seguridad nacional que no puede atacarse exclusivamente con métodos policiacos.
Entrevistado en el marco del Ciclo nacional de conferencias para fortalecer en el personal militar el respeto a los derechos humanos, Macedo dijo que la propia estructura del Estado ha sido dotada para atender la lucha contra el tráfico de drogas, para que se actúe frontalmente y pueda combatirlo con total eficacia.
Previamente, en su conferencia magistral el procurador castrense había señalado que las fuerzas armadas participan como "coadyuvantes" de la Procuraduría General de la República en la lucha contra el tráfico de estupefacientes, y que si bien es de la idea de que la actuación de los militares es temporal, lo cierto es que dejarán esas tareas cuando se cuente con un cuerpo policiaco capacitado que no sea corrupto, para que asuma su papel de combatir al narcotráfico.
Ante la posibilidad de que el gobierno de Vicente Fox cambie su perspectiva sobre el tema y se incline porque el tráfico de drogas es un problema policiaco, el procurador militar precisó: "creo que se le encuadre donde se le encuadre, sigue siendo un problema del Estado mexicano el enfrentarlo, combatirlo y destruirlo".
Por otra parte, sin hacer alusión directa a la llegada de un gobierno de oposición, el procurador general de Justicia Militar advirtió que cualquier intención de revisar el marco jurídico de la estructura militar debe hacerse con toda cautela, porque "bajo ninguna circunstancia deben admitirse cambios que respondan únicamente a intereses políticos".
Pero aceptó que el hecho de que el gobierno mexicano haya signado acuerdos internacionales en materia de derechos humanos ųque por disposición de la Corte adquieren el margen de leyes constitucionalesų obliga necesariamente a una revisión de los códigos militares para adicionar delitos ųque por ejemplo reconoce la Corte Penal Internacionalų como el genocidio, de lesa humanidad, o agresión, para que también sean castigados conforme a la legislación nacional.
La firma de estos convenios "nos exige y obliga" a que las fuerzas armadas tengan conocimiento de dichos acuerdos, para que se haga la adecuación jurídica en cuestión.
Y subrayó: "cualquier reforma a cualquier orden jurídico debe responder al bien de la nación, y no a intereses de partido o personales".
En su ponencia, el militar rechazó tajante la posibilidad de que México permita que tribunales supranacionales intervengan en asuntos internos de nuestro país.
"Ojo, aquí hay que tener mucho cuidado, porque la tendencia actual es que los tratados internacionales queden por encima de las constituciones nacionales, lo cual es inaceptable".
Sobre el particular, Macedo de la Concha precisó que los tratados internacionales que firme nuestro país deben tener plena armonía con la Constitución, pero que en caso de que exista alguna contradicción con nuestra Carta Magna, prevalezca la legalidad.
En varias ocasiones, el general de brigada dejó en claro que la participación de las fuerzas armadas en contra del narcotráfico es como coadyuvante, y negó que sea la institución predominante en esa lucha; insistió en que esa labor la realizan con pleno respeto a los derechos humanos, lo que no implica que cuando se descubre una conducta irregular se castigue al infractor con todo el peso de la ley.
Añadió que las fuerzas armadas, por su parte, combaten al narcotráfico y al crimen organizado con estricto apego a derecho y con respeto pleno a las garantías individuales, aunque recalcó que cuando se detecta a un mal elemento que viola la ley es severamente castigado.
Acusa el Ejército a ONG y medios de comunicación de "manchar" su imagen
En el marco de las conferencias que sobre derechos humanos tuvieron lugar en las instalaciones de la Escuela Médico Militar, el representante legal de la Secretaría de la Defensa Nacional en diversos foros nacionales e internacionales, coronel Eduardo Enrique Gómez García, reconoció que la mayor participación del Ejército en el combate al tráfico de drogas y en labores de coadyuvancia con autoridades civiles (sobre todo en materia de seguridad pública), se tradujo en el incremento de denuncias en contra de militares por violar los derechos humanos de la población.
Explicó que el máximo histórico se alcanzó en 1997 ųy sus orígenes datan del alzamiento del EZLN en Chiapas, en 1994, y la aparición de EPR y ERPI en Guerreroų, cuando las ONG denunciaron, "sin pruebas que convalidaran sus acusaciones", que la presencia del Ejército afectaba a las comunidades.
Dijo que organizaciones civiles que se autodenominan "defensoras de los derechos humanos" han "manchado" la imagen del Ejército al pretender hacerle ver a la población que los militares violan sistemáticamente las garantías individuales.
Se quejó también del manejo informativo que se da a casos de soldados acusados de diversos delitos, como el general Jesús Gutiérrez Rebollo, el general Francisco Gallardo, el coronel Pablo Castellanos y el fallido dirigente del Comando Patriótico de Concientización del Pueblo, Hildegardo Bacilio.
Asimismo, reiteró la postura oficial de que es innecesaria la figura del ombudsman militar, al tiempo que destacó la labor que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la protección de las garantías de la sociedad civil y de militares que sienten que sus derechos son vulnerados.
Indicó que de las mil 496 denuncias que ha recibido la CNDH en contra de militares, en 10 años de existencia, sólo se han registrado 31 recomendaciones en contra de la Defensa Nacional, de las cuales 12 fueron por tortura, 4 por dilación en el procedimiento y 5 por otros motivos.
En consecuencia, 38 militares fueron consignados penalmente, 8 amonestados, 1 arrestado y 1 destituído. En breve entrevista, el coronel negó que los casos de tortura se hayan registrado en operativos mlitares.