VIERNES DE 28 DE JULIO DE 2000
* Miguel Angel de los Santos Cruz* *
Huelga de hambre de presos en Chiapas
Desde el pasado 3 de julio, un grupo de 23 personas injustamente presas llevan a cabo una huelga de hambre en el penal de Comitán. Algunos de ellos son bases de apoyo del EZLN, miembros del Consejo Autónomo en rebeldía, Tierra y Libertad. Todos se dicen inocentes y víctimas de la creación de evidencias por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado y de la ignorancia e ineficacia de los jueces.
No resulta difícil situarse del lado de los presos y darles la razón en sus planteamientos; sobre todo si consideramos que el sistema de justicia penal chiapaneco no se caracteriza por su eficacia e imparcialidad. A la procuración de justicia le distingue la aplicación de los métodos tradicionales para la obtención de confesiones, y a los jueces su complicidad con la aplicación de estos métodos al desarrollar procesos basados en sospechosas autoconfesiones.
La parcialidad con que funciona el sistema de justicia penal, al menos con los presos que pertenecen a organizaciones opositoras al gobierno, queda en evidencia tan sólo con mencionar que el procurador de Justicia ha sido el principal "desmantelador" de municipios autónomos en rebeldía; y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Chiapas ha sido (se supone que en su tiempo libre, porque la Constitución estatal le prohíbe ostentar dos cargos) el creador de los nuevos municipios oficiales desde la Comisión de Remunicipalización.
Bajo esas circunstancias, fueron detenidos tres campesinos del municipio autónomo Tierra y Libertad, acusados del delito de despojo. Como suele suceder, quien les acusa y sus testigos son militantes del PRI, y por ello el Ministerio Público fue expedito en la "investigación". Se disputan un pedazo de tierra. El que acusa posee un certificado de derechos agrarios que no le especifica la fracción de terreno que le corresponde, y los acusados (dos acusados por ser autores materiales y uno por ser el supuesto autor intelectual) poseen documentos que prueban que el terreno les corresponde en propiedad desde hace más de 20 años.
Sin mediar una real investigación previa, el agente del MP solicitó órdenes de aprehensión; el juez correspondió a la petición sin mediar análisis de la averiguación previa. Las detenciones se llevaron a cabo pocos días después de obtener las órdenes de aprehensión.
La "justicia" penal como remedio a los problemas políticos y sociales se hizo presente una vez más. Un problema que habría podido resolver la Procuraduría Agraria, fue retomado por las instancias de justicia penal. Los presos pueden ser condenados o absueltos, pero la disputa del terreno subsistirá.
Y ésta es tan sólo la muestra. Decenas de bases de apoyo del EZLN se encuentran presos bajo estas circunstancias en los penales de Cerro Hueco y Tapachula. En este último permanecen once trabajadores agrícolas de la finca Corozal; fueron acusados del delito de despojo para no reconocerles derechos laborales que exigían. Seguramente que la huelga de hambre que hoy desarrollan los presos de Comitán no va a resolver sus demandas. El gobierno del estado y las instancias de justicia son insensibles a las manifestaciones de inconformidad, aunque, como en este caso, se ofrece la vida a cambio de la libertad.
* Abogado