JUEVES 27 DE JULIO DE 2000

 


Ť Orlando Delgado Ť

ƑCrisis en el IPAB?

Luego del 2 de julio, el IPAB empezó a desplegar una actividad intensa para vender algunos de los activos que tiene bajo su control. Desde la formulación del presupuesto de egresos de la Federación para el año 2000, se planteó que para pagar los intereses reales generados por los pagarés Fobaproa, hoy convirtiéndose en pagarés IPAB, se requerían 35 mil millones de pesos de recursos presupuestales, más los ingresos derivados de las cuotas pagadas por los propios bancos al mismo IPAB (4.5 mil millones de pesos), junto con ventas de activos por 15 mil millones de pesos; de este modo, parecía que se esperaba el resultado electoral para cumplir con el compromiso adquirido: reunir 15 mil millones.

Así, el 10 de julio se vendió el viejo hotel Reforma en 47 millones de pesos y otros predios en el Centro Histórico; tres días después se publicó la convocatoria para vender 7.7 mil millones de pesos de cartera de Serfin; el 17 se subastan obras de arte y artículos decorativos; el 20 se anuncia la venta de otro inmueble por el que se obtienen casi 8 millones de pesos; además, se anuncia la subasta de mobiliario a través de portales electrónicos. En medio de estos procesos, en los que se informan los recursos obtenidos, pero se omite información esencial en relación con el monto de los créditos que garantizaban y su valor en libros, lo que haría del conocimiento público el monto de las pérdidas fiscales, repentinamente Vicente Corta presentó su renuncia al cargo de secretario ejecutivo del IPAB.

La renuncia ocurre tras la victoria de Fox, cuya importancia en la creación del IPAB fue decisiva, por lo que es esperable el apoyo del próximo presidente al instituto que sustituyó al Fobaproa; ocurre en momentos de euforia en los círculos bancarios, visitados por Fox al día siguiente de la elección, ocurre, además, luego de haberse hecho públicas las tristemente célebres listas de las operaciones reportables entregadas por el propio Corta escondidas en un expediente de operaciones evaluadas por el Fobaproa, en 1995 y 1996. No se trata, de ninguna manera, de una renuncia derivada de conflictos internos, aunque por supuesto existen y se esperaban dada la manera como se creó el IPAB: otorgando un predominio claro a la Junta de Gobierno sobre el secretario ejecutivo, pero haciendo que la responsabilidad política y administrativa recayera sobre Corta.
El hecho obliga a repasar el funcionamiento del IPAB desde su creación, pero acompañado de un análisis de las labores de la Comisión Nacional Bancaria en los tiempos del Fobaproa y en los meses que lleva funcionando el IPAB. Análisis que debe centrarse, como bien lo señala la revista Proceso, en los bancos intervenidos, tanto formal como informalmente; en el otorgamiento de concesiones especiales a ciertos inversionistas, como el Shangai Hong Kong Bank, que llevaron a la asunción de costos extraordinarios pagados por el Fobaproa; en compras de cartera que violaron flagrantemente las reglas establecidas por el Fobaproa, las que poco a poco se van conociendo y que, también gracias a la revista Proceso, involucran a uno de los bancos que se mantienen bajo el control exclusivo de mexicanos: Banamex.

Este banco, propiedad de Roberto Hernández y Alfredo Harp, vendió cartera crediticia al Fobaproa por 34 mil millones de pesos, monto que con los intereses devengados alcanza ya 59.2 mil millones de pesos, lo que genera anualmente 8 mil 72 millones de pesos, 45 por ciento de las utilidades reportadas al 30 de junio de este año. Por esto, Slim les dijo cínicos, cuando intentaron comprar Bancomer; por esto, como buen priísta, Hernández ha renovado públicamente sus relaciones amistosas con Fox. Al examen de este banco, debe agregarse la venta de Serfin en 14 mil 650 millones de pesos, lo que fue catalogado por el IPAB como exitoso, cuando ellos mismos habían aprobado utilizar 123 mil millones de pesos para "sanearlo y ponerlo en condiciones de venta".

La renuncia de Corta, en consecuencia, pone al descubierto que los problemas bancarios siguen presentes, que no se ha podido cerrar el penoso expediente del funcionamiento del Fobaproa, que los altos funcionarios "ineficientes y negligentes", señalados por el Ejecutivo federal en su informe de 1998, siguen en sus mismos puestos y esperan irse tranquilamente a su casa a la llegada del nuevo gobierno. Habrá que ver sí también en este tema el próximo gobierno mantiene las cosas en el mismo estado en el que las tuvo el gobierno priísta. šValiente cambio!