MARTES 25 DE JULIO DE 2000
* Se calcula que a los trabajadores nacionales se les adeudan 700 mdd
México y EU, demandados por desaparición del ahorro de braceros
* Ninguna dependencia ha dado información clara sobre los fondos captados entre 1942-1964
Mayela Delgadillo Bárcena * Braceros y viudas e hijos de trabajadores mexicanos interpondrán una demanda jurídica en una corte federal estadunidense (aún por definir) contra los gobiernos de Estados Unidos y de México, la War Food Administration, el Banco de México, Banca Unión y Banrural, entre otras instituciones, las cuales están implicadas en la ''desaparición'' de cerca de 70 por ciento de los recursos que captó el Programa Bracero entre 1942 y 1964.
En plena Segunda Guerra Mundial, y debido a la falta de mano de obra en Estados Unidos, México y el país vecino acordaron el envío de trabajadores para el tendido de vías de ferrocarril y para el campo, a los cuales se les descontaría de su salario el 10 por ciento (monto que iría a parar a dos fondos de ahorro diferenciados por la actividad del trabajador), a fin de garantizar su regreso al país o el sostenimiento de la familia en caso de no retorno.
A más de 58 años de haberse hecho el acuerdo e iniciado este gran fraude, se estima que la cifra de braceros que quedaron adscritos a este convenio fue superior a 2.5 millones; empero, las personas, instituciones, bancos y gobiernos responsables de la transferencia de los recursos y del pago de los mismos, no atinan a informar qué pasó con el dinero.
Ventura Gutiérrez, coordinador general de la Alianza Braceroproa, que representa a seis organizaciones en Estados Unidos y nueve en México, afirmó en un pequeño mitin-conferencia de prensa frente a las oficinas centrales del Banco de México, que es imposible determinar la cifra exacta del monto que aportaron los braceros a ambos fondos de ahorro, ya que los gobiernos nunca dieron información. Sin embargo, un estimado de la cifra adeudada a los trabajadores mexicanos (incluyendo un interés de 5 por ciento anual) podría ubicarse entre los 400 y 700 millones de dólares, aunque podría ser más alta.
La demanda será interpuesta en Estados Unidos por Jonathan A. Rothstein, del despacho Gessler, Hughes & Socal LTD, que para mayores referencias ganó la indemnización por parte de varios gobiernos para los judíos que padecieron el holocausto.
La razón por la que se demandará en el país vecino es que ''el sistema jurídico mexicano se ubica entre el derecho y la impunidad'', y ante la realidad de que ni Banrural, ni Banco de México, ni Gobernación, ni Relaciones Exteriores, ni la propia Condusef han mostrado en dos años voluntad para aclarar el asunto, los braceros demandantes, las viudas o los hijos sobrevivientes de los mismos esperan que así se les dé una atención ''más honesta''.
Sin información consistente, ya que ninguna dependencia ha proporcionado documentos que arrojen claridad sobre los recursos captados durante esos años, la información recopilada por el investigador norteño Jaime Vélez Storey, en su ponencia Los braceros y el Fondo de Ahorro Campesino 1942-1950, la cual fue presentada en el Coloquio Migración Internacional y Procesos de Socialización en un Mundo Globalizado en mayo del 2000, apuntó que en el otoño de 1944 México había logrado superar el déficit de su balanza comercial con Estados Unidos gracias a los ingresos de divisas producto de los ahorros braceros (fondos), e incluso se hablaba de un superávit, según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Para finales de este mismo año, los informes oficiales mexicanos estimaban que entre 1942 y 1943, tan sólo en giros de depósito, los braceros habían enviado al país un millón de dólares, equivalentes a 50 millones de pesos, mientras por concepto de fondo de ahorro se hablaba de 30 millones de dólares.
En 1945, de nuevo el investigador logra rescatar algunos números que indicaban que en Estados Unidos a los braceros y trabajadores del campo se les habían descontado para los fondos de ahorro cerca de 30 millones de dólares, lo que significaba que los pagos en sueldos alcanzaron un global de 300 millones de dólares.
Entre los elementos que permitieron que nunca se tuvieran ni entregaran cuentas claras sobre la captación de los fondos de ahorro fue que en primera instancia, el acuerdo entre los gobiernos, otorgó a los patrones la obligación de descontar a cada trabajador el 10 por ciento de los salarios para el fondo de ahorro, suma que podían guardar hasta la terminación de los contratos y remitirlas a México en un plazo no mayor de 10 días después de finiquitada la relación laboral.